2 MARZO 2018 /
El reglamento que rige el funcionamiento de los cuerpos de Policía Local, que data de 2003, “ha quedado obsoleto” desde el punto de vista del Gobierno de Cantabria y de ahí que se haya planteado el actualizarlo.
La fecha prevista para tratar de que entre en vigor es el primer trimestre de 2019 estando ahora en un proceso de contactos, reuniones y negociaciones entre el Ejecutivo regional, representantes de los ayuntamientos y sindicatos.
Como ha explicado en Castro Punto Radio el director general de Justicia del Gobierno de Cantabria, Pablo Ortiz, el marco normativo que regula a las policías locales está integrado en la Ley Orgánica que regula a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. A partir de ahí, en cada Comunidad Autónoma existe una ley que, en el caso de Cantabria, ha sufrido diversas modificaciones desde su entrada en vigor en el año 2000. En el desarrollo de esa ley regional, se dictó a su vez el reglamento que regula el régimen general de las policías locales.
“Como consecuencia de cambios en la legislación a nivel nacional, de las modificaciones en la Ley de coordinación de policías locales de Cantabria y viendo que en necesaria una modernización y actualización al contexto del 2018, hemos iniciado un proceso de revisión y desarrollo de unas nuevas normas marco, al igual que se está haciendo en otras comunidades”, ha señalado Ortiz.
Esas normas marco que se aplican a la Policía Local contienen el régimen jurídico básico de la organización y funcionamiento de este cuerpo. “Por lo tanto, tienen que abordar el régimen de funcionamiento, de acceso, las competencias a desarrollar, criterios básicos retributivos, reglas de promoción interna y movilidad, marcar el amparo de la futura uniformidad y medios materiales para el desempeño del trabajo”.
Las claves de la actualización abordan cuestiones “que no venían previstas en la ley del año 2000, además de las nuevas modificaciones. “Abarca, por tanto, la adaptación de la nueva nomenclatura de las categorías y escalas de los cuerpos de Policía Local, desarrolla el concepto de la movilidad como un criterio de provisión de puestos de trabajo que permite la fluctuación de agentes de un municipio a otro y establece criterios más genéricos sobre cuestiones de retribuciones, horarios y jornada”. A partir de ahí, hay que tener en cuenta que “todos estos ámbitos de regulación son generales para la Comunidad Autónoma pero, después, debe ser concretada en determinados ámbitos por los propios ayuntamientos que también tienen competencias en cuanto a sus policías locales”.
En relación a la necesidad en Castro de personal de policía y preguntado al respecto de si la modificación de este reglamento afecta de algún modo a esta situación, Ortiz ha explicado que “las normas marco establecen unos criterios de los mínimos que se pueden considerar adecuados para garantizar la seguridad, pero la provisión real de plazas es competencia municipal”. En este punto, ha destacado también que, “dada la situación en la que estamos, los municipios, a su vez, también vienen constreñidos por sus restricciones presupuestarias a la hora de ampliar plantillas. Con lo cual, venimos de una época en la que ha sido complicado poder hacer una reposición integral de las plantillas, aun cuando fuese materialmente necesario”.
Ortiz entiende que “ahora puede ser un momento en el que hay ciertos datos de mejora que puedan favorecer esa ampliación de plantilla”, aunque ha dejado claro que “es una cuestión que debe proveerse por los ayuntamientos, siempre y cuando económicamente y dentro del marco de la restricción presupuestaria, tengan la posibilidad de hacerlo”.
En cuanto a salarios de los agentes, ha trasladado que “en las normas marco no podemos fijar estrictamente el sueldo. Lo que se hace es establecer determinados criterios sobre cómo pueden ser las titulaciones de las diferentes categorías profesionales, buscando una homogeneización. Luego, siempre que se muevan en el marco de esos criterios, las negociaciones de lo que exceda del sueldo base correspondiente a ese grado y nivel o los complementos específicos, son cuestiones de negociación de la administración titular del cuerpo de Policía Local”.
El pasado miércoles se presentó a las partes implicadas el borrador de ese nuevo reglamento y, según Ortiz, “fue bastante bien acogido por todos los colectivos, sin perjuicio de enfocar su visión al grupo de trabajo y al trámite de información pública para que todas aquella personas que quieran presentar alegaciones o aportaciones lo puedan hacer”.
Es consciente de que “habrá cuestiones en las que habrá visiones distintas, pero intentaremos buscar el máximo consenso porque creo que todos tenemos que poner de nuestra parte para conseguir un buen texto”.
