11 OCTUBRE 2017 / El concejal del PRC, Lucio Miguel Díaz, ha lamentado en Castro Punto Radio que, de las declaraciones del alcalde ayer al respecto del futuro del Hotel Miramar, «se desprende que lo ve negro y que no ve visos de que se pueda salvar». En relación a la defensa que hizo Ángel DíaZ-Munío de las gestiones llevadas a cabo por CastroVerde para salvar el edificio, alegando que«el Ayuntamiento ha hecho todo lo que ha podido», Díaz espera que así haya sido. «No tengo por qué dudar de sus palabras pero tampoco puedo confirmar ese extremo porque no nos han informado de esos pasos dados».

11 OCTUBRE 2017 / El alcalde de Castro, Ángel Díaz-Munío, se ha puesto en contacto hoy con el constructor Jon Loroño después de que éste publicará ayer una carta abierta en la que se muestra dispuesto a ofrecer parte de su patrimonio económico para salvar el Hotel Miramar del derribo. Como el propio Loroño ha explicado en Castro Punto Radio, «el alcalde me ha llamado esta mañana y nos hemos emplazado a un reunión la semana que viene para ahondar en el asunto». Según el constructor, Díaz-Munío «quiere salvar el edificio y dice que todo lo que pueda depender de él, lo hará». Loroño ha añadido que pretende «dar todos los pasos codo con codo con el Ayuntamiento porque el alcalde está por la labor de salvar el Miramar, al igual que yo».

10 OCTUBRE 2017 / El constructor Jon Loroño, gerente de Inmobiliaria Izarra – Promociones Paraíso, ha publicado esta tarde una «carta abierta» en la que ofrece su patrimonio económico para «salvar el Hotel Miramar», sobre el que pesa una orden de derribo decretada por el Consejo de Ministros. La misiva se titula: «Los desastres del destino y los caprichos del Urbanismo», y dice textualmente lo siguiente: «El conocido hotel Miramar de Castro Urdiales se muere…… nadie lo puede ni quiere salvar de su mal. Como si fuera un descomunal cuerpo de una ballena del Cantábrico varada en la playa de Brazomar , agoniza sin que nadie se acerque a curarla, esperando su defunción , ya con los días contados. Pero yo me pregunto, al margen de las leyes urbanísticas, de contenciosos y de sentencias firmes y dictámenes de juiciosos arquitectos, si realmente era necesaria y beneficiosa para el bien común su desconcertarte desaparición. Como en el capricho 40 de los grabados de Goya, el cuerpo yaciente agoniza a la intemperie mientras un asno lo cuida, y mientras tenebrosas sombras lo envuelven y la razón parece que no rige en el cerebro de ese animal que lo custodia atónito. Los ciudadanos de Castro asistimos atónitos a este ‘funeral’ de un edificio, que independientemente de su estética, de su ubicación y de su mejor o peor arquitectura, pertenece a la memoria histórica de la Ciudad de Castro Urdiales y nos trae gratos recuerdos a todos. Solo por este hecho, hubiera merecido salvarse de la picota. Yo, que por caprichos del destino vivo aquí desde hace muchos años, me considero un castreño más y amo profundamente a Castro. El otro día paseando por la playa me pareció ver, como en el grabado de Goya, que el enfermo entreabría la boca e intentaba respirar en uno de sus últimos estertores ………………… y me pregunté si todavía podía hacerse algo por salvarle. Y yo que soy de sobra conocido por mi empresa de promociones y que siempre me he dedicado a construir, no a destruir, voy a lanzar desde aquí una propuesta económica generosa a quien corresponda y tenga el poder y la competencia todavía de poderle salvar a ese edificio de un incomprensible derribo. Como no me gusta permanecer en el anonimato, soy y me llamo Jon Loroño Trabudua, y quiero salvar esa «ballena» de hormigón, a la que se le puede dar muchos usos para disfrute público, por ejemplo culturales y como salas de exposiciones, de las que no estamos precisamente sobrados en nuestro pueblo . Si releemos aquel documento previo y de información que se redactó en su día, para un «avance» de la futura revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que tanta falta hace redactar, sabemos que la ciudad de Castro, que tanto ha crecido estos últimos años, está a falta de equipamientos y servicios públicos urbanos. Mi compromiso con el patrimonio edificado de los muchos «Paraísos» construidos y con el bienestar de todos los castreños es inequívoco, y desde estas líneas, humildemente propongo a los distintos poderes públicos de Cantabria y a las autoridades competentes en el asunto, establecer de común acuerdo un plan económico de «salvamento» de esa «ballena» agonizante, porque sencillamente creo que vale la pena para todos. Atentamente. JON LOROÑO TRABUDUA»

10 OCTUBRE 2017 / «El futuro parece fácil de predecir y esto, de alguna forma, precipita el final del Miramar». Así se ha pronunciado el alcalde de Castro, Ángel Díaz-Munío, después de que Costas publicara ayer en el Boletín Oficial del Estado el anuncio referente a la convocatoria para el levantamiento de las actas previas de ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa para la ejecución de la demolición del inmueble. En palabras del alcalde, «si se lleva a cabo el acto de ocupación y se procede al derribo, todo lo que hemos trabajado, estudiado y discutido a lo largo de mucho tiempo, habrá tenido el final que ninguno quería, pero que ha sido inevitable». En este punto, Díaz-Munío ha repasado las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento, desde que CastroVerde está en el Gobierno, en el sentido de tratar de salvar el edificio. Ha recordado cómo en julio de 2015, el PRC presentó una moción al Pleno, que fue aprobada, y en la que se instaba al Consistorio a realizar una modificación del Plan General para que la zona en la que se ubica el edificio tuviera un uso público y de utilidad pública. Para ello, «se tenía que saber qué usos tenía la zona previstos en el Plan General y a cuáles se iba a cambiar». Entendiendo que es Costas quien marca esos usos, «les hicimos una consulta al respecto a la que respondieron que ellos no tenían un catálogo de usos y que propusiéramos nosotros uno para que después ellos dijeran si era compatible o no». Finalmente, se consiguió que desde Costas ofrecieran una respuesta más concreta y «nos aclararon que la zona únicamente podía tener una ocupación para actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no pudieran tener otra ubicación». Es decir, «compatibles con el hecho de que esté al lado de la playa y nunca con fines hoteleros u habitacionales». Marcados esos límites, «empezamos a pensar posibles usos compatibles». Tomando como referencia la situación del balneario de La Concha, en San Sebastián, «miramos esa posibilidad, contactando con los responsables de ese balneario, que nos dieron pistas que nos hicieron pensar que podía tener viabilidad económica». En ese punto, «empezamos a pensar qué haría falta y estaríamos hablando de compensar a la familia propietario del Miramar, rehabilitar el edificio, habilitarlo como balneario y sacarlo a concurso para que una empresa se encargara de su gestión». Con todo, «estaríamos hablando de 1,5 o dos millones de euros que el Ayuntamiento, por sí sólo, no iba a poder afrontar». Entonces se estudiaron otras posibilidades. «Surgió una propuesta del PSOE de destinarlo a centro de Formación Profesional en hostelería». Como ha dicho el alcalde, «nosotros entendíamos que no era compatible, pero dimos la opción de que el Gobierno de Cantabria estudiara esa posibilidad y a ver si ellos eran capaces de convencer a Costas de que ése era un uso compatible. Dijeron que lo llevarían a un Consejo de Gobierno y no hemos recibido respuesta alguna, con lo que entendemos que no lo consiguieron». Además, «dado que el PRC había presentado la moción, entendíamos que tenían interés en mantener el edificio, pero no se ha plasmado en ninguna oferta concreta». Con todo, «el Ayuntamiento por sí solo no puede afrontar el gasto de mantenerlo en pie. No es un camino viable». Así lo ha dicho el alcalde, que también ha recordado, cómo en su momento, «cuando estudiábamos el dinero que podríamos invertir, propusimos a Costas que, si se ahorraban los costes del derribo, nos podían compensar de alguna forma. Dijeron que no, que ellos no contemplan otros usos y que se planteaban el derribo para recuperar la playa». Díaz-Munío ha defendido que «el Ayuntamiento ha hecho todo lo que podía hacer para evitar la demolición». Entiende que «es una pena que se derribe, pero las limitaciones de Costas hacen que el Consistorio solo no lo pueda afrontar. No se pueden gastar esas sumas de dinero para algo que no sabemos si va a tener rentabilidad». Sobre el momento en el que el edificio pueda estar derribado, el acalde ha asegurado que no conoce los plazos del proceso pero «su recorrido puede ser uno u otro en función de los procesos que se podrían abrir en caso de que los propietarios del edificio no estuvieran de acuerdo con la indemnización que ofrece Costas». Antes de finalizar, Díaz-Munío ha informado de que, ante el deterioro del Miramar y los riesgos de caída de cascotes, “antes del verano requerimos a Costas que hiciera algo para proteger la playa y no contestaron. El Ayuntamiento tomó medidas en este sentido y hasta ahí quedó el tema”.

10 OCTUBRE 2017 / El Partido Popular cree que el tema del Miramar «da para mucha demagogia y populismo y para que todo el mundo tenga ideas, pero luego nos topamos con la Ley y con la intención política». En declaraciones a Castro Punto Radio, la portavoz del Grupo Municipal Popular, Ana Urrestarazu, ha criticado que en su comparecencia de hoy, «el alcalde se haya dedicado a hacer una cronología de lo que ya todos sabemos: que Costas tenía muy claro desde el minuto uno que había que derribar el edificio». Ha destacado que, al margen de esto, «está la decisión política que hay que tomar cuando se está gobernando y que tiene que ver con si queremos que se derribe o luchar porque no se haga. Hay que tener claro qué se decide». En este sentido, el alcalde siempre ha dicho que no quería que se tirara y, «si es así, tienes que actuar proponiendo ideas que respeten la Ley de Costas, que limita mucho pero siempre hay una posibilidad». Urrestarazu ha recordado cómo «se barajó la posibilidad, que vio el PSOE cuando gobernaban juntos, de escuela de hostelería, pero que no se contempla en la Ley». A partir de ahí, se planteó la idea de un balneario y «resulta que es compatible». El siguiente paso «es el dinero, pero no está en la política de CastroVerde gastar esa cifra». Por tanto, «tienes muy pocas posibilidades y para las que tienes no quieres gastar dinero. ¿Qué pretende CV, que venga el Gobierno regional a solucionarte a tu casa tus problemas? Eso sería vivir en un mundo idílico pero no es la realidad». Por tanto, «ahí se ha muerto todo y, si no estás dispuesto a gastar, estás aceptando el derribo». Al PP le hubiera gustado «que alcalde hubiera dicho hoy qué va a pasar, qué asume y qué va a hacer porque ayer el responsable de Costas dio de plazo hasta el 13 de noviembre para plantear ideas y Ángel Díaz-Munío no ha planteado ninguna». Por tanto, «lo que tenía que haber dicho el alcalde es que no entra dentro de las prioridades de CV gastar un millón de euros en el Miramar y la consecuencia es el derribo. No ha dado ninguna opción ni tiene intención». Por último, ha criticado que, sobre este asunto, «no se hayan convocado mesas de ideas ni diálogo para tratar de luchar entre todos. Cuando uno quiere puede, pero siempre que no se centre sólo en el dinero, sino en el servicio que se puede dar a los ciudadanos». Sobre este asunto, ha dado su opinión también la concejala del PSOE, Susana Herrán. Acoge “con tristeza” las declaraciones de hoy del alcalde “porque parece que todo está dicho ya en cuanto al Miramar y que ha tirado totalmente la toalla”. Cree que por parte de CastroVerde “no se ha hecho todo lo posible sino que se ha intentado estirar el tema y dejarlo apartado. Al final ha llegado el susto y si el Ayuntamiento no respira antes del 13 de noviembre se derribará”. Desde el punto de vista de los socialistas, “desde el momento que surge el tema de la modificación del Plan General para cambiar los usos de la zona, por parte del alcalde se tendría que haber puesto de acuerdo a todos los grupos municipales para dar una solución al tema y definir el uso que se quería dar al Miramar”. Por el contrario, “ha habido inacción, esperando al último momento y sin liderazgo por parte de Ángel Díaz-Munío. Hay que salir del despacho, reunirse con el Gobierno de Cantabria, llamar a muchas puertas y llevar algo claro y conciso sobre lo que se quiere hacer”. Entiende Herrán que indemnizar al propietario y proceder a la rehabilitación del edificio “sería un esfuerzo grande para el Ayuntamiento, pero ése es trabajo del alcalde: buscar los recursos y llamar a todas las puertas posibles. Eso no se ha hecho”. La rueda de prensa del alcalde hoy “ha sido derrotista y nos veremos avocados, si no ponen remedio, a la demolición, con lo que ello conlleva”. El PSOE ha tendido su mano a CastroVerde “para todo lo que sea necesario y daremos toda la colaboración porque lo último que queremos es que el Miramar se tire”. Para terminar, Herrán ha asegurado que “el único contacto del que tenemos constancia con el Gobierno regional es una carta a la Consejería de Educación, en junio de 2016, preguntando qué le parece a la Consejería el uso de escuela de hostelería. Nada más”. De hecho, “no nos consta que haya habido reunión alguna ni que esa propuesta se haya trasladado a Costas”.

10 OCTUBRE 2017 / Uno de los colectivos que más se ha significado en los últimos años en la defensa de la permanencia del edificio que alberga el Hotel Miramar ha sido el Colegio de Arquitectos de Cantabria. En un momento en el que los trámites hacia la demolición del inmueble avanzan, hemos hablado en Castro Punto Radio con dos castreños: el decano de este Colegio, Ignacio Villamor y el arquitecto José Orruela, una persona que también ha defendido activamente el mantenimiento del edificio. Para Villamor el asunto, a día de hoy, «está complicado porque parece que esta maldición va cumpliendo sus etapas». Ha recordado cómo en enero de 2011 remitieron un documento a la Delegación del Gobierno en el que ya defendían la necesidad de mantener un edificio que «entendemos tiene unas virtudes y un valor arquitectónico que le hacen merecedor de seguir donde está». Una afirmación que comparte Orruela, al tiempo que también cree que «éste es un tema que parece maldito». En este sentido ha explicado cómo «en otros países europeos sería un pecado que una administración pública tirase un edificio de estas características, con el valor que tiene. Cuando se supone que Costas debe velar por los derechos de los ciudadanos, acomete la demolición». Ha calificado de «penoso» que, habiendo pasado tantos partidos políticos por el Ayuntamiento, «el Miramar no tenga una sencilla figura de protección». Pese a la situación actual, tanto Villamor como Orruela han coincidido en que no dan el asunto por perdido y seguirán manteniendo encuentros con las administraciones competentes para tratar de evitar el derribo, «que es ahora lo más importante». Han recordado cómo «se han tocado muchas puertas antes», sin resultado, no saben si «por desidia, por problemas económicos o porque entienden que no merece la pena gastar esfuerzos en defender este edificio». Mantener la reivindicaciones «es lo único que creo que podemos hacer», ha señalado Villamor, lamentando que «entiendo que no podemos llegar más allá», ya que «lo demás compete a las administraciones». El Colegio de Arquitectos no ha planteado alternativas de uso del edificio acordes a la Ley de Costas porque «eso es algo que deben decidir las administraciones». No obstante, Villamor entiende que «no sería complicado darle un uso distinto al de hotel para que se adapte a la normativa. Merece la pena reformar el inmueble y sus características le harían adaptable a cualquier uso público». En esta línea, Orruela ha recordado cómo «Castro no está sobrado de equipamientos públicos». Tanto Villamor como Orruela defienden que el edificio «dignifica el entorno en el que se ubica» y que la zona «está mejor con él». Y es que «este edificio caracteriza el espacio en el que está y la playa será, probablemente, un espacio peor sin él». El decano del Colegio de Arquitectos, «no entiende lo de demoler por demoler. Habrá que derribar aquello que moleste pero, en este caso, puede ser reutilizado y creemos que el espacio está mejor con el edificio». Para terminar, Orruela ha hecho hincapié también en el hecho de que «si se evita la demolición, la administración se ahorrará unos 200.000 euros (coste del derribo) y es una cosa a considerar».

9 OCTUBRE 2017 / Las posibilidades de salvar el Hotel Miramar de la demolición siguen vivas, aunque se agota el tiempo para buscar alternativas en este sentido. Como ha señalado en Castro Punto Radio el responsable de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, este organismo «sigue abierto a escuchar y estudiar propuestas de uso para el edificio que sean compatibles con la Ley aunque, de momento, no hemos recibido ninguna». Mientras tanto, la cuenta atrás sigue en marcha y los trámites administrativos para proceder al derribo avanzan.