26 SEPTIEMBRE 2017 / El Pleno ha aprobado esta tarde, por unanimidad de todos los grupos políticos, la modificación de crédito extraordinario que permitirá al Ayuntamiento realizar inversiones por valor de 1.300.000 euros que, como ha explicado el concejal de Hacienda, Eduardo Amor, «se financiarían mediante un préstamo que deberá ser gestionado después de aprobada definitivamente la modificación». El edil ha destacado la «necesidad» que hay en el municipio de estas inversiones, sobre las que ha detallado las más importantes: – La Autoescala para los bomberos. Se trataría de una primera partida de 54.000 euros para hacer frente al coste del leasing por lo que queda de año 2017. Después será necesario consignar en los presupuestos un montante de 160.000 euros anuales durante ocho años para hacer frente al gasto total que asciende a 1,2 millones. – Instalación de alumbrado público más eficiente por valor de 300.000 euros, «una inversión que se recuperará con el ahorro energético que se consiga en los próximos cinco o seis años», según Amor. – 200.000 euros para la sustitución del césped del campo de fútbol de Mioño Estación. – 110.000 euros para poner en marcha el Centro de Empresas de Vallegón. – 100.000 euros para poner en marcha el polideportivo de Sámano, incluida la piscina. – 125.000 euros para la rehabilitación de edificios municipales. – 100.000 euros para material informático. – 65.000 euros para el servicio de comunicación de emergencias. – Colocación de una malla de seguridad en el talud de la carretera de va de Oriñón a Sonabia. Como ha explicado Amor, «esto es algo en lo que se lleva tiempo trabajando pero que no ha salido adelante hasta que no ha contado con el visto bueno del interventor, tras estudiar la liquidación de las cuentas de 2016 para ver si la incidencia de sentencias judiciales, como la de Ascan, permitía afrontar estas inversiones”. El concejal del PP, Javier Muñoz, se ha mostrado de acuerdo con la necesidad de estos proyectos, no dejando pasar la oportunidad de recordar que «en la pasada legislatura no se pudo hacer inversión y fueron cuatro años de contención del gasto debido al remanente negativo de Tesorería que había». Por otro lado, sí ha criticado las formas de sacar esto adelante, ya que «la vía adecuada hubiera sido la aprobación de unos presupuestos que no habéis sido capaces realizar en dos años». Por parte del PRC, Emilia Aguirre se ha mostrado de acuerdo con las argumentaciones del PP en el sentido de que «es necesario un presupuesto, que siempre ha estado en ciernes y nunca se ha terminado de elaborar». También ha lamentado que en la elección de estas inversiones «no se haya dado participación a todos los grupos políticos». El socialista Alejandro Fernández ha explicado que «hay inversiones muy necesarias en ese listado que compartimos, otras que llegan tarde y otras que pensamos pueden esperar porque las hay más urgentes». Los socialistas creen que el tema de la autoescala «llega tarde y se podría haber hecho antes». También echan de menos «más información en materia de rehabilitación de edificios, porque no sabemos en cuáles exactamente se va a actuar». En lo que tiene que ver con el alumbrado público, «entendemos que 300.000 euros es una cantidad insuficiente», además de que «llegamos tarde para solicitar las ayudas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). La convocatoria fue en mayo y las ayudas se otorgan por orden de presentación». En último lugar intervenía el portavoz de MásCastro, Demetrio García, que se ha mostrado conforme con las inversiones pero ha defendido que «hay que dar más participación al resto de grupos políticos, ya que se nos pide el voto». Al respecto de esta crítica, que ha llegado de varios partidos, Amor ha asegurado que «se ha dado participación. Cuando se rompió el pacto de Gobierno se os ofreció a todos llevar algún área y ninguno quisisteis. Cuando se os ofrece participación para trabajar no la queréis». A esto, varios partidos políticos han instado al concejal de CastroVerde a «no mezclar» porque «una cosa es querer llevar un área de Gobierno con vosotros y otra distinta es dar participación para decidir asuntos de interés general». Antes de votar el punto y ante las dudas planteadas por algunas formaciones sobre si esta modificación de crédito podía verse afectada por la necesidad de un plan económico-financiero que menciona el interventor en alguno de sus informes, el propio técnico habilitado nacional ha explicado que «esta modificación no está condicionada ni impedida por ningún plan económico-financiero». ACCIONES JUDICIALES CONTRA EL INFORME DE LA CROTU Con los votos a favor de CastroVerde y PRC y las abstenciones del resto de grupos ha salido adelante el punto que tenía que ver con el inicio de acciones judiciales contra el acuerdo de la CROTU de 5 de julio relativo a la modificación puntual número 22 del Plan General de Ordenación Urbana, que tiene que ver con la adscripción del coste del depósito de agua para abastecer a La Loma a los diferentes promotores de la zona. Como ha explicado Amor, “se trata de presentar un recurso Contencioso-Administrativo”. Y es que, “el objeto de la modificación puntual del Plan General era que el Ayuntamiento contara con las herramientas para repercutir el coste del depósito en los promotores y avanzar en la regularización de la zona”. Ha recordado cómo antes de la aprobación definitiva de la modificación “nos reunimos con la CROTU y se incluyeron los cambios y detalles que ellos marcaron, entre otras cosas, que no se podía imputar a los promotores el coste completo del depósito y se hizo un cálculo que hablaba de únicamente el 80%”. Pese a todo esto, “nos llega un informe desfavorable que, entendemos, es contradictorio”. Ha detallado Amor que “ese informe sí decía que el Ayuntamiento estaba legitimado para construir el depósito. Añadía que no cabía un modificación del Plan General pero, al mismo tiempo, decía que, si queríamos repercutir los costes, había que hacer una modificación de la estructura económica del Plan General”. Ha insistido el concejal en que “ese informe no tiene fundamentos jurídicos y es contradictorio”. Por otra parte, “hemos intentado, a través de los técnicos, ponernos en contacto con la CROTU para que nos expliquen y no hemos recibido respuesta”. Considera Amor que “el Ayuntamiento ha obrado bien y que el coste del depósito tiene que ser sufragado por los promotores que se lucraron haciendo viviendas en la zona o los que pueden hacerlo en el futuro”. En la línea de lo expuesto por CastroVerde, desde el PRC han mostrado su “sorpresa mayúscula cuando llegó el informe desfavorable de la CROTU, después de que se habían dado todos los pasos que este organismo nos había marcado”. Los regionalistas ven “falta de motivación” de la CROTU a la hora de informar sobre su criterio y “en qué nos hemos equivocado”, como ha pedido el Ayuntamiento. Defienden que “hay que desbloquear la problemática de La Loma de la forma más ágil posible”. Como ha señalado Aguirre, “en este caso tenemos informes de los técnicos que sustentan las gestiones realizadas en lo que al depósito se refiere y los políticos tenemos que dar la cara para solucionar los problemas de La Loma”. El popular Aitzol Zuazo coincide en lo contradictorio del informe de la CROTU y ha asegurado que su partido “no se opone a que se hagan cosas para desbloquear esa zona y sacarla adelante”. Ahora bien, se ha preguntado si “no hay otras formas de hacerlo, porque en la comisión se señaló que sí, pero no se entró en detalles”. La intervención más crítica con la gestión del Gobierno en este asunto ha sido la del socialista Alejandro Fernández que entiende que “aquí ha habido falta de coordinación entre administraciones y poca labor política para adelantarse a los acontecimientos”. Ha recordado que “el Ayuntamiento ha tenido dos meses para tratar de pedir aclaraciones a la CROTU y, si no hay respuesta, hay que ir a Santander y evitar contenciosos entre administraciones que lo que tienen que hacer en entenderse”. Lamenta que “esto va a alargar el expediente del depósito, como mínimo, un año y, de la forma en la que está actuando el Gobierno municipal, surgirán más problemas”. Para Demetrio García, “aquí sólo hay dos caminos: o que pague el depósito el Ayuntamiento o ir al Contencioso. La CROTU se contradice y el Consistorio no tiene más remedio que defenderse”. Ante las declaraciones del PSOE, Eduardo Amor ha asegurado que “la vía política es, precisamente, la que se ha llevado en este Ayuntamiento años atrás. Orillar lo que dicen los técnicos y buscar soluciones entre los políticos. En el asunto que hoy tratamos no hay vía política, sino técnica”. Ha reconocido que “ya sabemos que habrá obstáculos, de hecho ya los ha habido en los pleno”. Para terminar, Fernández ha respondido que “parece que cuando hablan los políticos es hacer trampas y no. También pueden hablar, impulsar expedientes, pedir explicaciones, obtener información”. RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA UTE CASTRO URDIALES El Pleno, con los votos a favor de CastroVerde y PRC y las abstenciones del resto de grupos ha acordado desestimar el recurso interpuesto por la UTE Castro Urdiales (encargada de la limpieza viaria) y rechazar la petición económica que hace la empresa. Eduardo Amor ha informado que la reclamación económica que hace la UTE y la que el interventor entiende que debe ser, son completamente diferentes. “La UTE reclama la actualización de precios (IPC) desde que se inició el expediente de contratación en el año 2007”. Sin embargo, “por una serie de reclamaciones y demás, la empresa no empezó a prestar el servicio hasta el año 2011. Además, según establece la Ley de Contratos, hay que esperar a que se haya cumplido el 20% del contrato, con lo que nos pondríamos en mediados de 2013”, según Amor. De esta forma y con la diferencia de criterios, la cifra que solicita la UTE es de 1,6 millones de euros, mientras que la que entiende el interventor que debe ser no alcanza los 15.000. Todos los partidos coinciden en que el asunto acabará en un Contencioso y esperan que “el interventor tenga razón y, por tanto, el Ayuntamiento”. En el siguiente enlace se puede escuchar el pleno ordinario del Ayuntamiento de Castro Urdiales correspondiente al mes de septiembre celebrado ayer martes:

26 SEPTIEMBRE 2017 / El Ayuntamiento de Castro Urdiales publica en el Boletín Oficial de Cantabria las bases reguladoras 2017 de las subvenciones a entidades sociales sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de interés social de utilidad pública, dirigidas a grupos sociales que precisan de una especial atención por tener necesidades que pueden generar situaciones de exclusión social o de riesgo de padecerla o Mantenimiento de la Actividad General de la Entidad. El crédito total destinado a la concesión de subvenciones tendrá la cuantía máxima de 25.000 euros y se hará con cargo al presupuesto 2017, actualmente prorrogado. En el siguiente enlace se pueden consultar las bases al completo: Bases de subvenciones municipales a entidades sin ánimo de lucro

25 SEPTIEMBRE 2017 / El pasado 5 de setiembre, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander dictaba una sentencia en la que se acepta el recurso contra una resolución del Ayuntamiento de febrero por la que se desestimaba la reclamación interpuesta por un vecino contra la liquidación del Impuesto de Plusvalía derivada de la transmisión de los inmuebles propiedad del afectado y, en consecuencia, se anula la misma y se condena al Consistorio a reintegrar la cantidad abonada. La sentencia, dictada por el magistrado Luis Acayro Sánchez, tiene en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional que dirime las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas en relación a la normativa hasta entonces aplicable de la Ley de Haciendas Locales, y empleada para la liquidación en cuestión por los municipios. En este sentido, se ha estimado la inconstitucionalidad de los preceptos que sustentaban estos cálculos de la plusvalía, en la medida que sometan a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor. Al respecto de este asunto hemos hablado en Castro Punto Radio con el alcalde, Ángel Díaz-Munío. Como ha explicado, ésta no es la primera sentencia relacionada con esta cuestión que llega al Ayuntamiento ya que “ha habido cuatro. En dos de ellas se ha demostrado que ha habido incremento del valor y, por tanto, se ha dado el visto bueno a la liquidación del impuesto; y en otras dos se ha dado la razón al vecino recurrente y habrá que devolver el dinero”. No obstante, esta situación de “incertidumbre” mientras no se apruebe otra ley que dé cobertura legal para calcular este impuesto, ha hecho que el Ayuntamiento “apenas esté liquidando desde, aproximadamente, el mes de junio”, justo después de emitida la sentencia del Constitucional que entiende que el impuesto no puede en ningún caso gravar actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial. El alcalde ha matizado que “a veces se ha liquidado, si no ha habido dudas de que ha habido plusvalía. Si hay dudas no se liquida, lo que pasa que los ciudadanos lo que hacen es poner en duda cualquier situación, lo que entiendo muy bien. Por tanto, tenemos más de 1.000 expedientes pendientes y un dinero que no se está recaudando”. Como ha explicado el alcalde, la postura de los ayuntamientos al respecto de este asunto está siendo dispar. Desde Consistorios que han decidido no liquidar hasta que se resuelva la situación, hasta otros, “como el de Santander, que sigue haciéndolo y ha tenido malas experiencias legales. Cada uno ha hecho lo que ha podido” pero, seguir recaudando puede conllevar un número importante de reclamaciones ciudadanas que, si se pierden, suponen devolver el impuesto cobrado pero, además, “en las últimas sentencias, la tendencia es que fueran los ayuntamiento los que pagaran las costas, lo que nos hace ser más prudentes aún”. Según datos aportados por Díaz-Munío, el año pasado se recaudó en concepto de plusvalía 1.300.000 euros. Una cantidad “importante” para las arcas municipales y que, incluso, este año se estaba incrementando “porque ha habido muchas más declaraciones de bienes”. No poder liquidar “supone un problema de Tesorería primero y otro de presupuesto”. Por tanto, “estamos dando una vuelta a ese presupuesto porque hay que poner una cifra que nosotros estimemos que podemos recaudar. Habrá que hacer la mejor previsión y luego saldrá lo que salga. Si hay que revisar más de 1.000 expedientes, el resultado puede dar lugar a más o menos dinero que puede, de alguna forma, avalar o no la previsión presupuestaria que hagamos”. La última sentencia contra el Consistorio castreño “no hace más que reafirmar que la situación de cobro de este impuesto está en un vacío legal. Por un lado tenemos la obligación de liquidar y, por otro, el Constitucional nos dice que es inconstitucional. Estamos sufriendo un problema que corresponde solucionar al Gobierno Central”. En este sentido, “todos los municipios queremos que se aclare esta situación cuanto antes porque está afectando también a los ciudadanos que desean saber cuál es el criterio para liquidar el impuesto”. En esta situación, “estamos esperando la decisión del Gobierno y creemos que, a corto plazo, saldrá una nueva ley que aclare las cosas y podamos seguir liquidando”. Para el alcalde, la posición de los jueces “es la tercera pata de esta mesa”. Son “los primeros” que “reconocen que la situación es confusa y que el Estado lo tiene que resolver”. Según Díaz-Munío “ya hay un borrador que conocemos de anteproyecto de Ley y tendrá que ser aprobado por el Congreso cuanto antes”. Mientras tanto, “tenemos problemas importantes porque impiden la liquidación de este impuesto”. En cualquier caso, ha dejado claro que “lo que sí tienen que hacer los contribuyentes es declarar. Esa obligación nadie la ha puesto en duda. Otra cosa es que luego se tramite como liquidación y se cobre o no se cobre”. Al alcalde le gustaría que se dieran “unas instrucciones claras a los ciudadanos sobre lo que tienen que hacer” pero, “desgraciadamente, hasta ahora la situación sigue siendo confusa, empezando por el Ayuntamiento. Yo no puedo decir que se deje de liquidar porque el Consistorio sigue teniendo la obligación, salvo que efectivamente los técnicos busquen la forma legal de decir que no se liquide, pero no van a poder porque, precisamente, la situación legal no es clara”.