16 ENERO 2017 / Los once acusados de pertenecer a una red de tráfico de drogas que operaba entre Castro Urdiales, Vizcaya y Pamplona, han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía por el que verán reducidas sus condenas de 84 a 33 años y las multas de más de dos millones de euros a 571.000 euros, gracias a las atenuantes de toxicomanía y dilaciones indebidas. En el acuerdo, alcanzado esta mañana antes de la celebración del juicio previsto en la Audiencia Provincial de Cantabria, se aplica la atenuante de toxicomanía para diez de los acusados, al considerar el fiscal que «actuaron influidos por su condición de consumidores», y también se aplica la atenuante de dilaciones indebidas porque la causa «ha sufrido un retraso injustificado y desproporcionado» debido a su «complejidad» y que no es imputable a los procesados. La Audiencia dictará sentencia en base a este acuerdo en el que la persona que encabezaba la red, A.G.A., para el que el fiscal pedía 15 años y tres meses de cárcel y 600.000 euros de multa, reduce su pena a siete años y cinco meses de prisión y 170.000 euros de multa. Con este acuerdo de conformidad, seis de los acusados serán condenados por un delito de grave daño a la salud con aplicación del subtipo agravado, con penas que van desde los cuatro años y siete meses hasta los tres años y multas de entre 50.000 y 43.000 euros. A los otros cinco se le imputa el delito de grave daños a la salud pero sin el tipo agravado, por lo que las pena impuestas se reducen y son de un años y seis meses y multas de entre 18.000 y 2.000 euros. Mientras que sólo a uno de ellos se le imputa un delito contra la salud pública en el ámbito deportivo, con una pena de tres meses e inhabilitación para empleo o cargo público por un periodo de un año y un mes. De los once acusados, solo ocho serán condenados por pertenencia a banda criminal, a penas de entre cinco y tres meses de prisión y sólo uno de ellos por tenencia ilícita de armas, A.G.A., con ocho meses. Por blanqueo de capitales, se condena a tres de ellos: A.G.A., un años y 10 meses y 120.000 euros; M.S.L., un año y siete meses y otros 120.000 euros; y a A.C.L., un años y siete meses y 30.000 euros. OPERACIÓN POLICIAL Recordemos que, tal y como informamos, esta red fue descubierta a raíz de una investigación por otros hechos desarrollada por la Guardia Civil en marzo de 2011. Aquella investigación se centraba en un lavadero de coches de Castro Urdiales que podía estar relacionado con el tráfico de drogas. Un mes después de iniciarse las investigaciones el administrador de este lavadero, que era de Rumania, fue detenido en este país junto a otra persona cuando se disponían a recoger un cargamento de 158 kilos de cocaína procedentes de Bolivia que venía camuflada en maderas para el suelo. A partir de los datos que facilitó la policía rumana derivados de su detención, se descubrió que en España operaba un grupo, organizado y permanente, de personas relacionadas con el tráfico de drogas, no solo cocaína, sino también speed, cristal y otras sustancias anfetamínicas y también derivados del cannabis. Dicho grupo estaba encabezado por A.G.A, con antecedentes por tráfico de drogas, y que vivía en Otañes junto a su pareja, M.S.L., que colaboraba con él en la distribución de las sustancias y en el aprovechamiento y blanqueo de las ganancias. Tenía a su nombre los bienes procedentes de la venta de droga del grupo que dirigía A.G.A. Las detenciones de los miembros de esta red se llevaron a cabo entre diciembre de 2011 y febrero de 2012, realizándose también rtegistros en los que se les interviene droga y otros elementos. Entre las incautaciones, a A.G.A. cabeza del grupo, se le intervinieron arias pistolas, así como joyas, dinero, tecnología (televisión, tablets, cámara fotográfica y teléfonos móviles), entre otros objetos.

14 ENERO 2017 / La Audiencia Provincial de Cantabria juzgará a partir del lunes, 16 de enero, a once personas que formaban parte de una red de tráfico de drogas que operaba entre Castro Urdiales, Vizcaya y Pamplona, para los que se piden penas de cárcel que juntas suman más de 84 años y multas que superan los dos millones. Según se explica en el escrito del fiscal, recogido por Europa Press, desde marzo de 2011 la Guardia Civil venía investigando la relación que un lavadero de coches de Castro Urdiales y su administrador podía tener con el tráfico de drogas. Un mes después de iniciarse las investigaciones el administrador de este lavadero, natural de Rumania, fue detenido en ese país junto a otra persona, cuando se disponían a recoger un cargamento de 158 kilos de cocaína procedentes de Bolivia que venía camuflada en maderas para el suelo. A partir de los datos que facilitó la policía rumana derivados de su detención, se descubrió que en España operaba un grupo, organizado y permanente, de personas relacionadas con el tráfico de drogas, no solo cocaína, sino también speed, cristal y otras sustancias anfetamínicas y también derivados del cannabis. Dicho grupo estaría encabezado por A.G.A, uno de los acusados en el juicio de la Audiencia, para el que más pena pide la Fiscalía, 15 años y tres meses de cárcel y 600.000 euros de multa, por dos delitos de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, uno de ellos con aplicación del subtipo agravado, por pertenencia a grupo criminal, por un delito de tenencia de armas prohibidas y por un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. A.G.A, que ya había sido juzgado y condenado con anterioridad por tráfico de drogas, vivía en Otañes junto a otra de las acusadas en el juicio de la Audiencia, M.S.L., que era su compañera sentimental y que colaboraba con él en la distribución de las sustancias y en el aprovechamiento y blanqueo de las ganancias. De hecho, M.S.L. tenía a su nombre los bienes procedentes de la venta de droga del grupo que dirigía A.G.A. Con el líder de la banda colaboraban también otras personas, que figuran entre los acusados del juicio, como A.Q.L, que, según la fiscal, era su «lugarteniente» y ocupaba un puesto principal en la venta y en el cobro de la droga, «incluso por la fuerza». También colaboraba A.C.L, que no solo participa en la comercialización de la droga sino que también contribuía a generar la «falsa apariencia» de que el líder de la banda tenía un trabajo estable, para lo que le dio de alta en la Seguridad Social como trabajador de la empresa de albañilería que tenía, poniendo un «canal» para el blanqueo del dinero de las ganancias de la venta de la droga. Los otros acusados son personas que participaron en estas actividades con distintas tareas. Este es el caso de A.A.J., que cumplía órdenes del líder de la banda, o A.M.D.. También acusados figuran varios compradores que, según el escrito del fiscal, las vendían luego, como J.S.D. Considerados también como compradores, aparece el grupo formado por otros de los acusados, como FJ.B.S., C.C.G. que era el proveedor del principal procesado, y J.F.O. Respecto a este segundo grupo, en el escrito del fiscal, al parecer colaboraba inicialmente con la banda de A.G.A. pero posteriormente se fue escindiendo y convirtiéndose en uno autónomo para la venta de droga. Entre diciembre de 2011 y enero y febrero de 2012 se llevaron a cabo varias detenciones de los acusados y registro durante el transcurso de sus actividades ilícitas, donde se intervino droga y otros elementos. Entre ellos, a A.G.A., el principal acusado, se le intervino en un registro en su casa varias pistolas, así como joyas, dinero, tecnología (televisión, tablets, cámara fotográfica y teléfonos móviles), entre otros objetos. A todos los procesados en esta causa se les imputan delitos de tráfico de drogas y a algunos de ellos de otro tipo, como de pertenencia a grupo criminal, del que están acusados ocho de ellos, entre ellos A.G.A. A A.G.A se le acusa de otro de tenencia de armas prohibidas y, junto a su pareja, M.S.L, y a A.C.L., de uno de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Está previsto que el juicio arranque el lunes, a partir de las 9.30 horas, en la Sección Primera de la Audiencia y se prolongue toda la semana, con sesiones que comenzarán a esa misma hora.