31 MARZO 2016 / Los concejales han debatido hoy en Castro Punto Radio al respecto de la sentencia hecha pública hace unos días y que condena al Ayuntamiento a pagar a Ascán algo más de 5 millones de euros para compensar un desequilibrio económico que alega la empresa que gestiona el servicio de aguas. Como ya informamos, esta sentencia será recurrida, pero los portavoces se han centrado en la parte que tiene que ver con los informes técnicos presentados en su momento por parte del Consistorio, cuando hubo que realizar los escritos de defensa correspondientes. Informes que como dijo el alcalde, Ángel Díaz-Munío, «eran contradictorios». De una parte estaba el realizado por el viceinterventor, secretaria y tesorera y de otra el que redactó el interventor, sin que le fuera solicitado. Al respecto de este asunto, la concejala del PP, Ana Urrestarazu ha recordado que «hubo un informe del interventor que nadie había pedido, que estaba sin firmar, no estaba en papel oficial del Ayuntamiento y en el que este técnico aceptaba esos 6 millones de euros de desequilibrio que alegaba la empresa. Informaciones que, según se supo después, fueron obtenidas de datos de Ascán y no del Ayuntamiento. Algo bastante extraño en un interventor que está para defender los intereses del Consistorio». A esto Urrestarazu ha añadido que esta sentencia «se trata de la primera parte del problema, porque ese presunto desequilibrio que se está tratando ahora habla de tres o cuatro años, pero la empresa dirá después que lo están teniendo también en los años sucesivos». Alejandro Fernández (PSOE) considera que el hecho de que el Ayuntamiento haya presentado dos informes contradictorios «nos perjudica claramente y la propia jueza hace mención a ello en la sentencia». Por otra parte, de cara a futuro e independientemente de lo que suceda con Ascán, entiende que «en el presupuesto 2016 igual hay que empezar a incorporar alguna partida para sentencias judiciales, porque hay otros procesos que no sabes cuándo te pueden caer». El regionalista Pedro Fuste no entiende «cómo no se han seguido las famosas interlocuciones con Ascán por parte del nuevo equipo de Gobierno para seguir intentando buscar una solución a este problema». Ha criticado que «se ha mandado lo más lejos posible, esperando a la sentencia». A este respecto, Elena García (CV) ha defendido que «este problema está judicializado y ya no era viable negociar nada con la empresa. Ya estamos en otro ámbito que escapa de la gestión política». Lo que sí ha dicho es que, a partir de ahora, «hay un estrategia jurídica, que es lo más importante, y tenemos que tratar de aprender de los errores y trabajar todos a una», en alusión a políticos y técnicos». Considera que » a lo mejor aunque no se le pide un informe al interventor, igual tenía que hacerlo de todas formas». De momento toca esperar a la nueva sentencia y mientras tanto, «hay que hacer una gestión del contrato de Ascán y que haya una persona que se responsabilice de su seguimiento». MEDIDAS EN LA AUTOVÍA A-8 Al margen de este asunto, los concejales han debatido también sobre la decisión de limitar a 80 kilómetros por hora la velocidad en el tramo de la A-8 entre Allendelagua y el Haya y la eliminación del carril lento de la subida a Saltacaballo. Para Pedro Fuste «esto no hay por dónde cogerlo» y cree que «van a tener que rectificar sobre esta medida antes del verano». Ana Urrestarazu, ha defendido que la autovía se quedó pequeña desde que se hizo y considera que la solución a parte de los problemas pasa por el tercer carril. En este sentido ha dicho que «el Ayuntamiento debería insistir y presionar a quien corresponda para pedir por todos los medios que se abra un tercer carril». Alejandro Fernández echa de menos que se haya contado con la opinión del Gobierno local a la hora de tomar esta decisión que «aunque no es competencia del Ayuntamiento, sí afecta a Castro». Por lo demás, «reducir la velocidad puede ser una medida para reducir accidentes, pero lo importante es el firme y la adherencia». Defiende también que «el tema del colapso pasa por mayor número de carriles y no quitarlos precisamente». Elena García piensa que «estas medidas estarán justificadas y se habrán estudiado y entiendo que podrán probar y si no funciona, rectificar». No obstante, también piensa que «podían haber probado primero con un límite de velocidad menor», aunque «tampoco creo que sea causa esto de los atascos que sufrimos en operaciones salida». RUIDOS EN ARTINAÑO Por últimos y sobre los ruidos que se producen los fines de semana en la calle Artiñano, los ediles han coincidido en que el asunto no tiene fácil solución. Consideran que el problema no está en los horarios de cierre de los bares que, según dicen, se respetan, sino en poner remedio a la aglomeración de gente en la calle, lo que «es la mayor fuente de ruido».