20 JUNIO 2017 / El partido político Podemos Cantabria interpelaba ayer al Gobierno sobre la previsión que este último tiene de requerir al Ayuntamiento de Castro para que se revise el Plan General de Ordenación Urbana y se adapte a la Ley del Suelo. En el Pleno del Parlamento regional, la diputada Verónica Ordóñez comenzó su intervención explicando que el Plan General de Ordenación Urbana de Castro, en vigor desde 1997, «lleva en 20 años un total de 22 modificados y ya está en proceso el 23». Modificaciones a un Plan General «que ni tan siquiera está adaptado a la Ley del Suelo aprobada en 2001». En declaraciones a Castro Punto Radio, Ordóñez ha señalado que la decisión tomada por Podemos de pronunciarse en esta ocasión se asienta en dos motivos: «el primero, su tamaño, el tercer municipio en población de Cantabria y el segundo, el ser un municipio en el que los problemas urbanísticos envueltos de corrupción en muchos casos han sido y son patentes». Por todo ello la diputada ha anunciado que su grupo registrará una moción en la que instará al Gobierno a requerir al Ayuntamiento de Castro, y a otros que estén afectados por esta situación, a la adaptación de su PGOU a la Ley del Suelo y al Plan de Ordenación del Litoral. Además, para evitar cuestiones económicas, en la moción también se solicitará que se deje una partida en los presupuestos de 2018 dirigida a dar subvenciones a los municipios para que adapten sus planes, de la misma manera que lo hacen otras comunidades. Ordóñez ha recordado cómo «la propia Ley del Suelo de 2001 daba un plazo de cuatro años para que los planes se adaptaran. Castro lleva 12 años incumpliendo con lo que dice una normativa autonómica». No es el único municipio de la región en esta situación, pero su caso es «especialmente grave por los procesos que han ido derivando en asuntos judicializados que han tenido consecuencias lesivas». En este sentido, ha incidido en el hecho de que «durante estos últimos 12 años, el urbanismo de Castro ha sido una fuente continuada de problemas. 23 modificaciones, las dos últimas este año, y desarrollos urbanísticos bajo sospecha que están pendientes de juicio y en los que hay más de 50 personas entre empresarios, funcionarios y políticos imputados por delitos muy graves relacionados con la corrupción urbanística, engrosando la bochornosa lista que hace de Castro el municipio con más imputados de este tipo por habitante de toda España». Para Podemos, una revisión del Plan General es de necesidad imperiosa, teniendo en cuenta, entre otras cosas, «el déficit de equipamientos y dotaciones públicas, que le sitúan muy por debajo de los estándares de calidad. También los problemas de movilidad y comunicación entre el centro urbano y las juntas vecinales, la indefinición y falta de remate de la malla urbana del casco urbano, los problemas de infraestructuras del municipio, sobre todo de las juntas vecinales, en las que todavía hay barrios sin saneamiento o la necesidad de incorporar criterios de sostenibilidad ambiental en todo el territorio del municipio». Ordóñez ha trasladado que «la Ley del Suelo da la posibilidad a la Consejera del área, (la socialista Rosa Eva Díaz Tezanos) para requerir al Ayuntamiento a revisar el PGOU, alegando cuestiones de ámbito supramunicipal. Es decir, acepciones que pueda tener en el ámbito autonómico. Ella decía ayer que no considera que existan estas afecciones pero, nada más allá de lo que hemos visto este año. La modificación número 22 se hace por la cuestión del agua de la Loma y que no se nos olvide que el Plan General de Santander se acaba de caer por el mismo motivo. Sí hay cuestiones supramunicipales de sobra», defiende Podemos. Esta formación política es consciente de que la Ley del Suelo «establece un ‘podrá’ en relación a esto, lo que quiere decir que el consejero del ramo podrá requerir al Ayuntamiento». Esa palabra «se puede usar en positivo o en negativo. Nosotros le decíamos ayer a Díaz Tezanos que ella tiene la facultad y la obligación de inspeccionar, supervisar, tutelar y fomentar el planeamiento y no lo está cumpliendo en ningún caso». Con respecto al otro partido en el Gobierno, el PRC, «sabemos que todas las cuestiones relacionadas con el urbanismo y que restrinjan las capacidades de los municipios a la hora de ordenar el suelo en base a unas lógicas generales, es algo que no les suele gustar. De ahí a todas los cambios de la Ley del Suelo que se han hecho durante esta legislatura». Con todo, la disposición de Díaz Tezanos a apoyar la moción o a llevarla a cabo en caso de que salga adelante «es la mismas de siempre: cuando le interesa lo hace y cuando no, no». Lo que va a buscar Podemos es, «al menos, que la mayoría de Cantabria, expresada a través de una mayoría parlamentaria, les requiera y que se sientan un poco presionados, sabiendo que, si no lo llevan a cabo, es en contra de la voluntad de la mayoría». En esta línea, «vamos a tratar de que la oposición entienda la necesidad de que la consejera cumpla con su obligacionista y los ayuntamientos se pongan en marcha». Preguntada sobre si es necesario que el Gobierno de Cantabria requiera al Ayuntamiento para que la administración local se ponga manos a la obra en la revisión del Plan, la diputada ha señalado que «el urbanismo es una materia espinosa y más en Castro, donde ha tenido las consecuencias que ha tenido. Nadie quiere hacer frente a esto porque es de esas cuestiones a las que es complicado sacar un rédito electoral. Pero más allá de la actividad política está la legislación». Ordóñez ha apuntado que en Castro «se han ido arreglando los problemas que iban surgiendo a través de parches, pero eso no es una buena manera de gestionar lo público. Hay que planificar y buscar el mejor de los futuros».