Una vez analizadas las muestras de las catas realizadas el pasado 23 de junio en la zona conocida como El Campillo, en el Barrio de San Marcos de Santullán, “y verificada la existencia de amianto, se concluye que se encuentra en forma de amianto blanco y amianto marrón en todas las muestras recogidas y analizadas”, según informa el Ayuntamiento de Castro en nota de prensa.
“Todas han dado positivo en amianto. Son consideradas como amianto ‘no friable’, dado que se trata de fibrocemento en todos los casos. Toda la tierra analizada del parque del Campillo de Santullán, que está alrededor de las muestras encontradas, se considera contaminada con amianto”.
La empresa encargada de hacer las catas, Amiantec 3000 S.L., recomienda acotar toda la zona y prohibir el paso hasta que se realice el desamiantado completo de la zona contaminada. Aún así, concluye el informe, “este solar seguirá contaminado y liberando posibles fibras de amianto, con la erosión del viento y lluvias constantes”.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Castro Urdiales ha ordenado a la Policía Local “de manera urgente e inmediata, que acote toda la zona y prohíba el paso de personas ante la gravedad del asunto”.
Según recuerda el Consistorio “el 2 de noviembre de 2019, el alcalde de Santullán, Julián Revuelta, autorizaba a la empresa Gicsa el vertido, para el relleno de una finca propiedad de la Junta Vecinal, de todo tipo de material procedente de una obra de saneamiento que la empresa estaba ejecutando para el Ayuntamiento. El pedáneo pedía a esta empresa, a cambio de darle permiso para echar los vertidos, que realizase una obra para la propia Junta Vecinal, extendido final de tierra vegetal, reubicación de árboles frutales, ejecución de escaleras, rampa peatonal de hormigón y también la construcción de varias plataformas de hormigón para colocar mobiliario urbano. Todos estos trabajos los autorizó el alcalde Julián Revuelta, sin permisos ni licencias, ni del Ayuntamiento de Castro Urdiales, ni de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, ni de la CROTU”.
El equipo de investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA). a instancias de la Fiscalía de la Comunidad de Cantabria, solicitó al Ayuntamiento todo el expediente “con el fin de instruir las diligencias necesarias para determinar si se ha podido cometer delito contra la ordenación del territorio y urbanismo, así como que se realizasen las catas para confirmar la posible existencia de amianto”.
“Ante la grave situación provocada por los vertidos autorizados por el alcalde pedáneo, Julián Revuelta, se le dará traslado para su conocimiento del cierre y prohibición del paso de manera inminente del parque propiedad de la Junta Vecinal, a expensas de lo que determine y ordene la Fiscalía”, concluye el comunicado del Ayuntamiento.
