30 AGOSTO 2018 /
La Policía Local ha cerrado ya el informe referente al suceso que tuvo lugar el pasado lunes por la noche: la “gamberrada” de dos jóvenes de 18 años que supuso la movilización de los servicios de emergencia de Castro a la playa de Brazomar, y que resultó ser una falsa alarma.
El informe policial ratifica al cien por cien la información publicada por este medio, Castro Punto Radio, pocos minutos después de los hechos, y que, tal y como informamos, fue recabada directamente de los servicios asistenciales, de la Policía Local y de los ciudadanos que saltaron al agua para rescatar a los jóvenes.
Según el jefe de la policía municipal castreña, Domingo Lázaro García, en declaraciones a esta emisora, tras recoger las manifestaciones de los propios jóvenes y de testigos, “queda acreditado que los hechos constituyen una movilización inadecuada o malintencionada de los servicios de emergencias, que da lugar a una expediente sancionador”.
Ha detallado que “hay un amplio abanico de vías para que se hayan acreditado los hechos. Hay testigos identificados en el lugar del suceso y personas que, queriendo colaborar con los servicios de emergencias, llamaron y se pusieron a disposición para hacer sus manifestaciones. Ante esta situación, los jóvenes reconocen haber pedido ayuda y, en su descargo, dicen que en ningún momento tenían la intención de que las consecuencias que se produjeron fueran ésas. Ahora bien, con la convicción que se dijeron los gritos, el volumen y la insistencia, cualquier persona razonable tendría que haber previsto que las consecuencias iban a ser las que fueron”.
Por tanto, “se aplica la ordenanza de Promoción de Conductas Cívicas”, que contempla sanciones para estos casos de entre 1.500 y 3.000 euros. “A partir de aquí, hay un expediente sancionador con una propuesta de resolución” sobre la que no ha querido dar muchos detalles. Sí ha dicho que “el instructor (el propio jefe de la Policía), que es el que hace la propuesta de resolución, valora las circunstancias y si hay un hecho más o menos agravante. Dentro de esa horquilla, tiene la facultad de proponer una sanción en concreto. Si no hay un hecho en sí que agrave la calificación, normalmente la propuesta de sanción, para cada uno de los jóvenes, estará en el tercio inferior, es decir, entre 1.500 y 2.000 euros”.
También ha explicado que, para este expediente “no hay caso de servicios a la comunidad o semejantes porque la ordenanza no lo contempla, sino sanción económica”.
El asunto seguirá la vía administrativa y, tras la propuesta del instructor, “la autoridad sancionadora es el alcalde”.
El Jefe de Policía espera que “esto sirva de ejemplo y no tengamos que volver a vivir una situación como ésta”.
