7 OCTUBRE 2015 /
La constructora Inmobliaria Izarra ha presentado un recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander del pasado 8 de septiembre, que fallaba a favor del Ayuntamiento de Castro Urdiales en la demanda presentada por la empresa de Jon Loroño, que reclamaba al consistorio castreño la cantidad de 1.800.000 euros como indemnización por no haber otorgado licencia de primera ocupación a 21 viviendas, garajes y trasteros de la calle Poeta José Hierro, 7, lo que fue revocado por sentencia judicial.
En el escrito de apelación, la defensa del constructor incide en que existían informes de los técnicos municipales favorables a la concesión de dicha licencia.
También se rebate el argumento de la sentencia recurrida, en tanto que consideraba “razonable la denegación de licencia de primera ocupación al existir un Expediente de Disciplina Urbanística sobre la unidad de ejecución 1.34”. La constructora ahí argumenta que “no existe ni ha existido constancia documental de dicho expediente en el presente recurso contencioso-administrativo, lo que genera una evidente indefensión a esta parte. Se incluye como elemento nuclear de la decisión adoptada un expediente que nada tiene que ver con el que nos ocupa y del que ni siquiera se ha aportado resolución administrativa alguna”, reprocha la defensa de Jon Loroño.
Además, “ese expediente se incoó el 28 de octubre de 2013, más de tres años después de la solicitud de la primera ocupación, e incluso después de haberse dictado la resolución judicial que concedía la misma”.
El recurso habla también de un “modo negligente y torpe de proceder por parte de la Administración, que no solo incumplió los plazos legalmente previstos para dictar la resolución sobre la solicitud de licencia de primera ocupación, sino que ni siquiera cumplimentó los trámites esenciales para resolverla, ya que el técnico municipal nunca giró visita a la construcción para constatar que la obra se ajustaba a la solicitud de licencia y además, tampoco se resolvió la solicitud de la misma por silencio administrativo”.
De hecho, según el recurso, “el Ayuntamiento tenía la obligación de resolver expresamente en el plazo legalmente previsto, sin que concurrieran razones de peso que justificaran tal inactividad”.
También se destaca que “no hubo medidas cautelares de juzgado alguno que suspendiera la concesión de la licencia de primera ocupación solicitada por la constructora”.
Por todo ello, Inmobiliaria Izarra solicita en el recurso, una indemnización por parte del Ayuntamiento de Castro de 1.800.505 euros a favor de la constructora, para lo que se basa en el informe de tasación emitido por la compañía Tinsa Tasaciones inmobiliarias.
