Jénnifer Fernández, del despacho ACU Abogados, ha venido a Castro Punto Radio para hablarnos de los Decretos de Vivienda que ha sacado adelante el Gobierno de España a través de la Diputación Permanente, luego de que el Congreso de los Diputados rechazara su aprobación, y del impacto que esta regulación podría tener en Castro Urdiales.
“¿Cómo decir que no es sumamente claro, seguro y conciso este Real Decreto?” Arrancaba su exposición la letrada. “Desde mi humilde punto de vista, desgraciadamente, no considero que vaya a aumentar la oferta de alquileres, porque hecha la ley hecha la trampa. No considero, además, que tenga una buena redacción”.
A continuación Fernández destacaba algunas cosas que a su juicio hay que tener “muy claras”: “Los contratos que ahora mismo estén en vigor tienen una prórroga tácita y obligatoria”, ha remarcado, “de cinco años para personas físicas y siete para jurídicas”. Asimismo, ha informado de que “hay prórrogas a mayores cuando están en zonas tensionadas o cuando hay vulnerabilidad”.
La abogada del despacho ACU ha advertido de que “el propietario tiene que avisar con un mínimo de seis meses de que no quiere continuar con el contrato antes de que finalice. Esta ley contempla una indemnización para el inquilino de 12 mensualidades del alquiler, más que si te echan del trabajo”, ha apuntado, “o una mensualidad por año en la vivienda”.
“Aquí entramos en otra parte que a mí me da un pelín de miedo”, decía Jénnifer Fernández. “Empieza a meter la manita el Gobierno en que podrá delimitar lo precios de las subidas; señores, ley de la oferta y la demanda, el derecho a la propiedad es un derecho que aparece en nuestra Constitución para todos los españoles”, recordaba.
A continuación ha abordado el tema de los desahucios y de las personas vulnerables: “El Estado dice ‘tranquilo, propietario, que nosotros te vamos a ayudar para poner en dos meses a esa persona vulnerable en una vivienda digna. Pero ahí lo deja”, dice Jennifer Fernández, “para que la Comunidad Autónoma vea dónde mete a ese vulnerable. Y si no hay sitio donde meterlo, papa Estado asume la deuda, las costas, la vida, y si no paga, me quedo con la deuda, pero ¿cuándo cobro? ¿Cuánto tiempo va a estar el vulnerable en mi casa? Y esa deuda sigue in crescendo”, concluía.
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL
La letrada también ha señalado que “el Estado no ha construido vivienda pública, que es lo que tenía que haber hecho, para todas las personas con problemas”. Todas las administraciones, “sea cuál sea el color de su bandera”, son responsables según Jénnifer Fernández. A continuación ha incidido en la idea de que “no va a haber oferta: si tengo 200 panes para vender, los vendo baratito; pero si tengo dos para 200 personas, los vendo al mejor postor”
“Gracias a Dios en España tenemos un Registro de la Propiedad”, ha recordado: “Si yo tengo una hipoteca, la inscribo, pero ¿por qué no inscribir como propietario que tengo a fulanita alquilada en este piso por este dinero y durante estos años?”
Ha afirmado que “ayudaría mucho más a la seguridad del inquilino que estuviera escrito en el Registro, porque así no se le van a quitar, pero también al inquilino, porque no le va a entrar cualquiera”.
Finalmente se ha referido a la situación de los pisos turísticos y ha subrayado que “quien tenga apartamentos turísticos a partir del 1 diciembre de 2026, que vaya a una asesoría porque se tiene que dar de alta en el modelo 303 y tributar un 10% del IVA del alquiler que esté gestionando de menos de un mes”.
Sobre si va a tener mucho ajetreo en su despacho con motivo de estos nuevos Decretos, la abogada ha sido muy sincera y ha avisado de que no podrá ayudar con eficacia: “Desgraciadamente y ahora mismo más con esto”, ha reflexionado Jénnifer Fernández, “hay más impedimentos para que se ponga en marcha un procedimiento de desahucio. Hace 15 años, con los desahucios express, había mucho más alquiler, porque había más seguridad”.
Se puede escuchar y descargar la entrevista completa en el siguiente enlace:


