12 MARZO 2013 /
El constructor Jon Loroño ha presentado esta mañana una denuncia ante la Fiscalía de Cantabria por las obras de desescombro que está llevando a cabo la Promotora AP Irastorza en el edificio de la calle La Mar 17 (trasera del Banco Santander), para la posterior construcción de viviendas, “por la existencia de riesgo para la población así como para los inmuebles colindantes”
Ya en octubre pasado, Loroño presentó un escrito similar dirigido la Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Castro Urdiales, sin recibir contestación alguna cinco meses después, lo que le ha impulsado a denunciar los hechos directamente ante la Fiscalía de Cantabria,
La denuncia afirma que “el interés que mueve a esta parte no es otro que sobre la seguridad de las personas que viven en los edificios colindantes y los transeúntes de la zona”.
La empresa de Jon Loroño, Inmobiliaria Izarra, que en su momento se interesó por dicha promoción de viviendas, efectuó una serie de estudios que indicaron que el edificio “posee unas características estructurales específicas, con motivo de la antigüedad del mismo así como del sistema constructivo de entonces, que reflejan que el bloque se encuentra en un conjunto arquitectónico sustentado, es decir, si se produce en cualquiera de los edificios una incorrecta actuación, se puede producir un desplome en cadena”.
Los estudios geológicos efectuados por Inmobiliaria Izarra también arrojaron incertidumbres sobre el subsuelo, así como sobre las zapatas de sujeción del edificio.
Esta promotora pone en duda que la empresa que está efectuando la obra posea todos los informes técnicos necesarios para actuar sobre este inmueble, “vista la rapidez con que la que se está efectuando el desescombro”.
Jon Loroño indica a la Fiscalía que en octubre de 2014 advirtió al Ayuntamiento de la situación del edificio, remarcando que “la falta de adopción de medidas o el otorgamiento de permisos sin la suficiente información técnica, conllevaría que se ha actuado conociendo lo injusto de la actuación, lo que podría llegar a convertirse en un ilícito penal por parte de los Tribunales de Justicia”.
