3 SEPTIEMBRE 2017 /
El Juzgado de lo Penal Número 3 de Santander iniciará el martes 19 de septiembre las siete sesiones previstas del juicio del “caso Santa Catalina”, de presuntas irregularidades urbanísticas en las Unidades de Ejecución 1.34 y 1.33, ubicadas entre el colegio Arturo Dúo y el polideportivo Pachi Torre, y en el que están imputadas hasta 19 personas.
El juicio se celebrará en el salón de actos de la Audiencia Provincial de Cantabria, en el palacio de Las Salesas, los días 19, 20, 22, 25, 27, 28 y 29 de septiembre, en horarios de mañana (a partir de las 9) y tarde (de las 5).
El magistrado instructor del caso, Luis Acayro Sánchez, imputó a 19 personas, entre exconcejales y técnicos municipales, a los que reclama una fianza de 1,3 millones de euros como presuntos responsables de la pérdida de equipamiento público en la zona.
Un informe pericial determinó en un primer momento que el Ayuntamiento de Castro había perdido 1.957 metros cuadrados, lo que se traducía en 1.327.922 euros, cantidad que pidió como fianza el magistrado a los 19 encausados.
Tuvieron que responder a partes iguales, el exalcalde Fernando Muguruza; los exconcejales Pedro Olano, Teresa Pérez, María Ángeles Blanquet, Concepción Carranza, José Miguel Rodríguez, Joaquín Antuñano, Pilar Villanueva, Javier Zurbano, Paulino Lavín, Jaime Díez Muro, Salvador Hierro, Juan Tomás Molinero, Santiago Vélez, Rufino Díaz, y el exsecretario municipal, César Sáiz.
Por otro lado, hay tres funcionarios municipales que tuvieron que afianzar la décima parte del valor total de los equipamientos perdidos. Los que se libraron de este caso fueron los constructores de la zona, ya que la Audiencia revocó un auto del instructor, señalando que no había existido estafa a los compradores al ser las viviendas legales. Asimismo, la Sala desbloqueó la paralización de las obras de 150 viviendas en la zona al determinar que la única irregularidad detectada era la invasión de espacios reservados a equipamientos públicos, en concreto, 416 metros cuadros.
Tres años de cárcel para Rufino Díaz Helguera y seis para el exsecretario municipal César Saiz son las únicas penas de prisión solicitadas por la Fiscalía de Cantabria dentro de la investigación de este caso. Para el resto de exconcejales y funcionarios imputados se pide inhabilitación y, según los casos, también multa.
Los años de inhabilitación dependen del número de delitos imputados a cada uno de ellos, por lo que habría que sumar distintas peticiones. Por ejemplo, para quienes participaron en la supuesta modificación irregular del Plan General se piden siete años de inhabilitación; otros nueve para quienes intervinieron en el proceso de aprobación del estudio de detalle de la unidad 1.34; diez años más a los imputados por la tramitación del proyecto de reparcelación; y nueve meses por la concesión de licencias. Además, quienes aprobaron las licencias de la unidad 1.34 deberían pagar multas de 18.000 euros.
Imagen del juez Luis Acayro Sánchez durante la investigación del caso, en la misma zona de Santa Catalina.
