Begoña Rugama Ontalvilla, la abogada de los nueve comerciantes que han continuado realizando su actividad en la Plaza Nueva y que aún no se han trasladado al Mercado de Abastos rehabilitado, ha estado Castro Punto Radio para valorar la situación de sus representados y la concesión de una nueva prórroga por parte del Ayuntamiento de Castro Urdiales para el traslado definitivo de los placeros, que tendrán hasta el 18 de julio para formalizarlo.
La abogada ha explicado que “una cosa es la imposición administrativa del traslado, con la cual no estamos de acuerdo y que vamos a pelear en los tribunales, y otra que se haga referencia a un acuerdo entre los comerciantes y el Ayuntamiento en la reunión del 25 de junio a las ocho de la tarde en el Salón de Plenos, en la cual no se acordó nada. Por mi parte, aquello fue para solicitar un tiempo justo y prudencial para que se pudieran trasladar al mercado rehabilitado. Fue para solicitar un plazo por una situación impuesta. Eso no significa estar de acuerdo con la imposición ni equivale a un acuerdo sobre ese traslado”.
Sobre sus representados y el origen del conflicto, Rugama ha señalado que “estos comerciantes tienen concesiones que implican unos derechos, y quieren trabajar con garantías, seguridad jurídica y sobre todo que se respeten esos derechos que tienen desde hace tiempo. Nosotros consideramos que no se ha hecho así, por eso serán los tribunales quienes decidan cómo se ha hecho ese traslado y cómo ha sido ese procedimiento, si es que lo ha habido”.
La letrada ha remarcado que “la causa judicial sigue abierta y no se ha paralizado en ningún momento. Con el tema de las cautelares, se quiere hacer ver que hay una especie de triunfo del Ayuntamiento por su desestimación, y no es así. El procedimiento principal, el fondo del asunto, está en los tribunales y allí cada parte tendrá que acreditar lo que tenga que aportar. Una cosa son las declaraciones y otras las acreditaciones en sede judicial”.
Sobre la afirmación de la concejal de Promoción Económica y Empleo, Nereida Díez, a propósito de la titularidad concedida a los comerciantes durante cuatro años y una concesión hasta 2062 (2063 en algunos casos) y la deducción del Ayuntamiento de que el problema era de índole económica por la tasa exigida, Begoña Rugama ha expresado que “esas son manifestaciones subjetivas que tendrán que ser acreditadas en sede judicial por parte de quien las dice”.
En este punto, la abogada de los comerciantes ha destacado que “no es un tema económico, sino jurídico; otra cosa es que luego derive en consecuencias económicas. Se ha hecho ver que mis representados solo buscan dinero y eso no es así. Es un tema jurídico: quieren trabajar con sus derechos, consolidados en algunos de los casos, y seguridad en sus trabajos y puestos, y que sean funcionales y estructurales. Es legítimo lo que piden, porque cualquier ciudadano en sus mismas circunstancias haría exactamente lo mismo: defender sus derechos”.
Rugama Ontalvilla también ha incidido en que “trasladarse al Mercado de Abastos rehabilitado es fácil, pero el problema está en las formas, en el modo. Los tribunales tendrán la última palabra y decidirán si se ajusta a derecho”. Asimismo, ha recordado que de momento “todo es provisional. Todas las ejecuciones que se han hecho pueden ir luego para atrás. Cada parte defenderá sus derechos y línea de actuación. Al final de este procedimiento habrá una sentencia y veremos qué dice, y qué tiene que hacer el Ayuntamiento en caso de que les sea desfavorable”.
Finalmente, en cuanto a la posibilidad de conciliación antes de que los tribunales decidan, Begoña Rugama ha respondido que “desde un principio hemos tendido la mano a una vía de negociación. Nuestro gran interés siempre ha sido llegar a un acuerdo; el problema es que no hemos tenido respuesta, absolutamente ninguna respuesta. Entonces tienes que tomar otras vías diferentes para defender los derechos”.
Se puede escuchar y descargar la entrevista completa en el siguiente enlace:
