Como hemos informado, el Ayuntamiento de Castro Urdiales a través de la Concejala de Promoción Económica y Empleo, Nereida Díez, ha comunicado que este martes se convoca una reunión de trabajo con los comerciantes que continúan desarrollando su actividad en la Plaza Nueva, para abordar los últimos aspectos organizativos relacionados con el traslado definitivo al Mercado de Abastos rehabilitado.
En dicha comunicación, la concejala señalaba que la fecha límite para el desarrollo de la actividad comercial en la Plaza Nueva está fijada para el próximo sábado 27 de junio, momento a partir del cual toda la actividad deberá desarrollarse en el nuevo Mercado de Abastos.
La letrada y representante legal de diversos titulares de puestos del Mercado de Abastos, Begoña Rugama Ontalvilla, ha emitido un comunicado en el que asegura que “no ha existido un proceso real de diálogo ni negociación con los comerciantes afectados. Pese a la presentación de numerosos escritos ante el Ayuntamiento, no se ha tramitado procedimiento administrativo alguno con las debidas garantías ni se ha ofrecido respuesta formal a dichas solicitudes”.
La abogada señala que “tampoco es correcto afirmar que se hayan mantenido encuentros orientados a alcanzar un traslado consensuado. No ha habido negociación efectiva ni proceso participativo real, más allá de actuaciones informales carentes de validez administrativa. Asimismo, las actuaciones relativas a notificaciones han resultado manifiestamente irregulares, produciéndose comunicaciones carentes de contenido y actuaciones alejadas de los cauces legales exigibles en un procedimiento administrativo».
Begoña Rugama destaca que “la decisión de cierre se está impulsando sin expediente administrativo y sin procedimiento legalmente tramitado, lo que ha obligado a los comerciantes a acudir a la vía judicial en defensa de sus derechos. En este momento, la cuestión se encuentra sometida a control judicial, con solicitud de medidas cautelares pendiente de resolución, por lo que no existe decisión firme ni puede hablarse de un “traslado definitivo” en términos jurídicos”.
En opinión de la letrada, “resulta especialmente improcedente convocar reuniones orientadas a organizar dicho traslado mientras el asunto está siendo analizado por los tribunales, lo que evidencia una voluntad de anticipar una decisión que aún no es firme”.
En relación con el Decreto al que alude la edil de Promoción Económica y Empleo, la letrada aclara que “no ha sido debidamente notificado a los interesados, por lo que carece de eficacia frente a los mismos y no puede servir de base para imponer el cese de la actividad”, en referencia a su actual ubicación.
La representante legal de estos placeros señala que “se está trasladando de forma parcial la situación judicial, haciendo referencia a resoluciones anteriores sin mencionar que existe actualmente un procedimiento en curso pendiente de decisión, lo que genera una percepción distorsionada de la realidad.
Del mismo modo, la referencia a la actuación de determinados colectivos no puede utilizarse para sugerir una falta de unidad, ya que todos los comerciantes comparten una misma situación caracterizada por la ausencia de procedimiento, la falta de garantías y la imposición de decisiones sin base administrativa válida”.
Tal y como indica la letrada, “los comerciantes desean dejar claro que no se oponen al diálogo, pero éste debe producirse dentro de los cauces legales, con transparencia, garantías y respeto a sus derechos, circunstancias que hasta la fecha no han concurrido”.
Señala también que “las consideraciones relativas a la modernización del mercado o a su importancia estratégica no son objeto de discusión. Sin embargo, dichas cuestiones no pueden justificar la omisión de los procedimientos legales ni la adopción de decisiones que afectan gravemente a la actividad de los profesionales sin las debidas garantías.
En consecuencia, “se solicita a los responsables municipales máxima prudencia y rigor en sus manifestaciones públicas, evitando trasladar información que no se ajusta a la realidad jurídica y que está generando un perjuicio a los comerciantes afectados, máxime cuando el asunto se encuentra sometido a decisión judicial».
Explica también que “las comunicaciones realizadas no se han canalizado a través de los procedimientos formales ni han garantizado adecuadamente los derechos de defensa de los afectados”.
El comunicado finaliza señalando que “el debate no es el futuro del mercado, sino el respeto a la legalidad y a los derechos de quienes lo integran. Debe asimismo dejarse claro que los comerciantes afectados no son responsables de la situación generada, limitándose exclusivamente a ejercer su derecho legítimo a la defensa de sus intereses conforme a Derecho. Los comerciantes no son responsables de la situación actual, limitándose a defender sus derechos por las vías legales, como cualquier ciudadano ante decisiones que afectan directamente a su actividad”.
