La Comisión de Desarrollo Territorial celebrada esta mañana en el Ayuntamiento de Castro ha dictaminado la desestimación del recurso contra una nueva sanción impuesta a la empresa adjudicataria del contrato del CastroBus, la UTE liderada por la empresa ALSA.
El pleno del martes tendrá que ratificar la multa, que deriva del incumplimiento contractual de renovar la flota de autobuses e instalar pantallas en las paradas que informen de los horarios de las líneas y de el tiempo de llegada del siguiente vehículo.
La empresa presentó un recurso contra la sanción, que asciende a una cantidad entre 80 y 90.000 euros, que no ha sido aceptado por parte del consistorio.
Según ha informado en Castro Punto Radio el concejal de Podemos, Alberto Martínez, “todos los grupos políticos tenemos claro que no hay justificación alguna para saltarse la sanción”.
Además, es la segunda, ya que el año pasado se le impuso una similar por los mismos incumplimientos. “Esta multa supone un ingreso al ayuntamiento, que además se ahorra lo que tenía que abonar anualmente por la amortización de los nuevos autobuses, que asciende a unos 100.000 euros anuales, el 10% del millón de euros previstos en 10 años. Las herramientas que tiene el consistorio para obligar a renovar la flota son muy limitadas. La vía más eficaz son las sanciones y las movilizaciones y denuncias que están llevando a cabo los representantes de los trabajadores”.
Lo que le parece increíble a Alberto Martínez es que “las inspecciones técnicas están avalando las situaciones de los vehículos”.
Sobre la opción planteada por algún partido de la oposición de rescindir el contrato y plantear una nueva licitación, el edil de Podemos mostraba sus dudas: “este contrato es más económico, a día de hoy, que uno nuevo que se pudiera hacer con otra empresa. Una nueva licitación puede durar tres años, como las anteriores. Uno sólo para su publicación en el Boletín de la Unión Europea, más las gestiones técnicas de elaborar un pliego y las posteriores de adjudicarlo, a lo que hay que añadir los procesos judiciales que podrían plantear los licitadores. Una de las opciones sería un contrato de emergencia provisional”.
En cuanto a las sanciones a ALSA, “hay bastante consenso en los partidos en ir todos a una. La empresa es la única culpable de todo lo que está ocurriendo. Intentamos que no sea un arma política e ir todos en una piña”.
MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL EN EL SABLE
La Comisión Informativa de hoy también ha tratado sobre el borrador de una nueva modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la zona de El Sable, concretamente en el cruce que se encuentra detrás del polideportivo Peru Zaballa.
No es un asunto nuevo: “hay un terreno privado que solicita sacar un sacar un provecho del convenio urbanístico planteado, pero está afectado por la Ley de Costas. Proponen cambiar el aprovechamiento, para pasarlo de lado de la costa al interior. Al ayuntamiento le viene bien, ya que tiene más aprovechamientos en el lugar. Las dos partes salen ganando, y no ha habido grandes pegas a este proceso, pero necesita de mayoría absoluta en un pleno, ese será quizás el punto de duda, si se llegará a los 11 apoyos”.
