La Comisión Mixta del Congreso y Senado de Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado este martes el informe del órgano fiscalizador que concluye que ninguno de los tres grandes ayuntamientos de Cantabria (Santander, Torrelavega y Castro Urdiales) disponía en 2022 y 2023 de una política municipal de vivienda global e integrada y que las acciones puntuales de distinta naturaleza «han sido insuficientes para satisfacer la demanda habitacional de la población».
Así consta en el ‘Informe de fiscalización de las políticas de promoción y gestión de la vivienda en los ayuntamientos de Santander, Torrelavega y Castro Urdiales’, correspondiente a los ejercicios 2022 y 2023. Durante la sesión de la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas se han aprobado diferentes propuestas de resolución de PP, PSOE y Vox, mientras que las de Sumar han sido rechazadas.
El trabajo examina el diseño, ejecución y control de las actuaciones desarrolladas por los tres municipios cántabros con mayor población en un contexto de dificultad de acceso a la vivienda.
Uno de los aspectos más relevantes y susceptibles de mejora es el aprovechamiento del patrimonio público del suelo, que ha sido «insuficiente», y de haber sido más eficaz, habría permitido incrementar el parque de vivienda disponible, señala el Tribunal de Cuentas, que ahonda en que su aprovechamiento ha sido «muy limitado» y que su planificación presenta «debilidades relevantes».
No obstante, en el periodo fiscalizado, el Ayuntamiento de Santander finalizó dos promociones de 186 viviendas y Torrelavega incrementó su parque en 58 con una política consistente fundamentalmente en la cesión de suelo al Gobierno autonómico para la construcción de vivienda. Mientras, Castro Urdiales no llevó a cabo ninguna actuación en VPO.
Los ayuntamientos de Santander y Torrelavega cumplieron, en líneas generales, con las preceptivas obligaciones legales de rectificación y comprobación de sus inventarios de bienes y derechos. Sin embargo, el inventario del Ayuntamiento de Castro Urdiales no se actualiza formalmente desde 2019, en contra de lo dispuesto en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Además, no recoge de forma separada los bienes y derechos integrantes de su patrimonio público del suelo, dificultando su control y seguimiento.
El Ayuntamiento de Castro Urdiales utilizó recursos procedentes de la enajenación de una parcela de su patrimonio público del suelo para finalidades diferentes de las previstas inicialmente, pero incluidas en la normativa reguladora, lo que pone de manifiesto una debilidad en la planificación del uso de este tipo de recursos, al haberlos empleado para cubrir otras necesidades distintas a medida que estas iban surgiendo, señala el informe.
Y en Castro Urdiales, el parque municipal de vivienda destinada al alquiler está dotado desde 2007 por ocho inmuebles, los que ninguno está adscrito a fines de emergencia social.
El informe incluye recomendaciones específicas para cada uno de los ayuntamientos y para el Gobierno autonómico dirigidas a mejorar la planificación estratégica, el uso del suelo público, la gestión del parque de vivienda y la cooperación institucional en este ámbito.
A Castro Urdiales y Torrelavega les recomienda realizar estudios específicos de necesidades habitacionales en su municipio para elaborar un plan de vivienda adecuado. Y a los tres, determinar los terrenos de su patrimonio público del suelo que pudieran destinarse a la construcción de vivienda protegida.
Por su parte, al Gobierno de Cantabria y a los tres ayuntamientos les pide reforzar la colaboración para lograr una política de vivienda más eficaz y eficiente.
Asimismo, recoge que el Ayuntamiento de Castro Urdiales incumplió su deber legal de colaboración con el Tribunal de Cuentas, al no aportar gran parte de la documentación solicitada durante los trabajos de fiscalización. Como consecuencia, el Pleno acordó la imposición de una multa a la alcaldesa del municipio, la socialista Susana Herrán.
