La Comisión de Hacienda ha abordado esta mañana nuevas modificaciones presupuestarias, que en este caso suman 1.540.000 euros para diversos gastos corrientes y de capital, motivadas principalmente por existir un presupuesto prorrogado desde el año 2021.
La concejala del PRC, Carla Urabayen, ha señalado en Castro Punto Radio que “en torno al 80% de ese importe tiene que ver con gastos de personal”. Y es que, “se siguen contratando funcionarios, que entiendo que está justificado y es una decisión política. El equipo de Gobierno ha entendido que hay departamentos que requieren de más personal y no lo discuto porque se incluyen, por ejemplo, los cinco nuevos bomberos. Pero todo esto tiene que estar reflejado en un nuevo presupuesto para poder tener una visual de la realidad de gastos e ingresos en nuestro municipio”.
Según Urabayen, “el propio interventor ha reconocido en la comisión, y son palabras textuales, que la situación actual se parece al presupuesto prorrogado de 2021 como un huevo a una castaña. De hecho, de sus explicaciones de cada punto me daba la impresión de estar escuchando lo que decíamos desde el PRC la pasada legislatura de que, o parábamos los gastos estructurales o no tendríamos dinero”.
Ha añadido que “de 2021 a 2024 el gasto en el capítulo de personal se ha incrementado en cerca de un millón de euros y esto hace que no cuadre el presupuesto”.
Ha trasladado que, durante la comisión, ha habido un encontronazo entre la alcaldesa y el interventor porque “parece ser que Susana Herrán le está pidiendo la elaboración del presupuesto de forma poco simpática, por decirlo de alguna manera”. Para Urabayen “el equipo de Gobierno tiene que negociar con este técnico porque los ciudadanos no podemos ser los paganos de las diferencias que haya entre ellos”.
Entre los apartados de esta modificación figuran también 345.000 euros para sueldos extra de políticos y cargos de confianza cuyo número aumentó tras las últimas elecciones municipales. También 130.000 euros en gastos sociales para los trabajadores municipales. “Una medida que estuvo suspendida a raíz de la crisis de 2008, pero que se reactivó hace dos años. Es un derecho que tienen los empleados para gastos, por ejemplo, de gafas o dentista”.
Urabayen ha explicado también que el dinero para hacer frente a esta modificación presupuestaria “sabe básicamente de los Tributos del Estado y de los intereses del dinero que tiene el Ayuntamiento en el banco”.
Al margen de esta cuestión, la comisión ha abordado también otra modificación presupuestaria, en este caso de 96.000 euros, para la demolición de las casas en ruinas que la Junta Vecinal de Otañes tiene en la plaza del pueblo. Se financia con el remanente de Tesorería y es parte del dinero que la Junta devolvió al Ayuntamiento por la deuda del agua y que estaba afectado a gastos de inversión.
