17 ABRIL 2018 /
La Consejería de Educación no da marcha atrás y la única solución que ofrece a los estudiantes de Sámano, Santullán y Otañes que acuden al IES Ocho de Marzo y a los que se deja sin transporte escolar de cara al curso que viene es abandonar este centro educativo y matricularse en el José Zapatero, rompiendo así su trayectoria educativa, de tres años en mucho casos, en el Ocho de Marzo.
Así lo ha señalado en Castro Punto Radio el coordinador de Alumnos y Servicios Complementarios de la Consejería, Lorenzo Ruiz, cuyo argumento es que los escolares “podrán seguir estudiado en el centro en el que lo han venido haciendo hasta ahora”, pero eso sí, “no tendrán transporte”. Según ha asegurado “nunca lo han tenido”. Ha afirmado que “cuando se creó este instituto se dijo a los colegios que el transporte se haría por localidades de residencia de los alumnos y se hizo una distribución homogénea entre los tres IES”. De esta forma, “se indicó que al Ataúlfo Argenta irían los estudiantes del propio Castro, al José Zapatero los de Sámano, Santullán y Otañes y al Ocho de Marzo los del resto de zonas del municipio, más los de Guriezo”.
Ahora bien, lo cierto es que en el caso de los alumnos afectados por este recorte en el transporte, provenientes de los colegios Riomar y Campijo, se les asignó obligatoriamente el tercer instituto cuando cambiaron de Primaria a Secundaria, y se les dijo que ése era al que debían ir. Ante esto, Ruiz ha respondido que no es una obligación y que “lo que dice la Consejería es que los estudiantes de esos colegios tienen una plaza escolar garantizada en dichos centros, pero luego hay un periodo para que los alumnos puedan pedir plaza en cualquier otro y hay libertad de elección de IES”. Algo que resta sentido a la distribución de alumnos que hace la Consejería entre los institutos y que se presupone tiene como fin garantizar que haya una homogeneización del número de escolares entre los tres, de tal forma que no haya colapso en unos para estar vacíos otros.
En cualquier caso, ha insistido en el matiz de “plaza asegurada y no obligatoria” y ha añadido que “sin transporte escolar”, en el caso del Ocho de Marzo, para estas tres juntas vecinales. Algo que “ya se lleva comentando a los padres desde el curso 2015-16. Otra cosa es que haya habido plazas libres de las que se han podido beneficiar hasta completar la capacidad del autobús. Hasta este año había alumnos que en el 2015-16 estaban en los otros dos IES y dijimos que, a los que habían comenzado ya la escolarización les dejábamos con transporte, pero han acabado este curso sus estudios”.
Preguntado por qué se garantiza el transporte escolar desde Sámano, Santullán y Otañes para otro centro y no para el Ocho de Marzo, ha señalado que “el transporte se garantiza por localidad de residencia, lo que ocurre en otros municipios”. Con esto se condiciona la elección de instituto por parte de los estudiantes, ya que la libertad de elección a la que alude Ruiz queda constreñida a aquel instituto que disponga de transporte escolar hacia su lugar de residencia.
La igualdad de condiciones queda limitada para estos alumnos que, en su día, fueron adscritos al Ocho de Marzo. Ruiz ha negado esta desigualdad defendiendo que “los de Otañes, Sámano y Santullán tienen transporte al José Zapatero”, volviendo a la necesidad de cambiar de instituto tres años después de iniciada la Secundaria en el Ocho de Marzo.
Ha añadido que, “si tú eliges el centro que no te corresponde a efectos de transporte, tendrás que apechugar con las consecuencias. Cuando se han matriculado en el centro se les ha dicho que no tienen derecho a autobús. Si hace tres años hubieran estado los autobuses completos no existiría este problema ahora porque ya no hubieran tenido transporte desde el principio. Esta conversación no tendría lugar porque este problema no existiría”.
Sí se cuenta en cambio con rutas a Lusa y Mioño desde el Ocho de Marzo, o bien, desde Cerdigo y la zona occidental del municipio, a cuyos estudiantes se les da la oportunidad de acudir en autobús a dos institutos, lo que supone una contradicción en el criterio expuesto por el responsable de la Consejería. “Me da igual un alumno que doscientos, cada autobús va al sitio que le corresponde”, ha insistido el responsable de alumnado de la Consejería.
La posibilidad de poner un microbús para estos chavales afectados se desecha porque “son 25.000 euros para transportar alumnos que no tienen derecho a autobús y que están en ese instituto porque quieren estudiar en él. La Consejería se gasta 17 millones de euros en transporte escolar por curso. Si pones microbús aquí, tendrías que hacerlo en otros municipios donde se producen situaciones similares. La Consejería está para aprovechar los recursos de una manera eficaz y eficiente y, si vamos al transporte que cada uno desea en la situación que desea, no estaríamos poniendo autobuses sino taxis”.
