1 DICIEMBRE 2016 /
La fiscal del caso Trapur, relacionado con la supuesta adjudicación irregular de los trabajos de desratización de Castro Urdiales durante la primera legislatura de Fernando Muruguruza, ha mantenido su acusación contra los exconcejales José Miguel Rodríguez y Elisa Dopico por tráfico de influencias y delito continuado de prevaricación.
Dopico, a la que la fiscal también imputa un delito de cohecho, se enfrenta a dos años y un mes de prisión, 27 años de inhabilitación y una multa de 203.000 euros. Para Rodríguez López la Fiscalía pide diez meses de prisión, 15 años de inhabilitación y multa de 200.000 euros. La tercera acusada, extécnico municipal de Sanidad, se enfrenta a siete años de inhabilitación por prevaricación.
El juicio, que comenzó el lunes en la Audiencia, ha llegado a su fin este jueves, en una sesión que ha comenzado con la declaración, a través de videoconferencia desde Murcia, del entonces interventor titular de Castro, Fernando Urruticoechea, quien ha dicho que en la época del tripartito PRC-PP-IU, las Juntas de Gobierno eran “como un zoco en el que todo se compraba y se vendía” y que “la magnitud de la ilegalidad en la contratación era extraordinariamente anómala”.
