El exconsejero regionalista Vicente Mediavilla, los exconcejales castreños José Miguel Rodríguez López, Concepción Carranza, Pedro José Revuelta y el funcionario municipal Pablo Arroyuelos, imputados todos ellos por supuestas irregularidades urbanísticas relacionadas con la aprobación del Plan Parcial de Santa Catalina, han sido eximidos de toda culpa por la juez de Castro Urdiales, Irene Rodríguez del Nozal, que ha archivado el caso abierto por su predecesor, el magistrado Luis Acayro Sánchez.
Se ha acordado el sobreseimiento libre y archivo de la causa, en dos autos, que pueden ser recurridos ante la Audiencia Provincial, y en los que la magistrada concluye que “no existen indicios de criminalidad contra ninguno de los investigados en este procedimiento, y ello porque no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que dio lugar a la formación de la causa”.
En el caso del exconsejero, la jueza no ha encontrado ni un solo indicio de ilegalidad en sus decisiones al frente de la Comisión Regional de Urbanismo (Crotu).
Mediavilla fue imputado en abril de 2015. El juez Acayro le acusó de prevaricación urbanística y cohecho en una causa relacionada con supuestas irregularidades urbanísticas en la zona de Santa Catalina. Sospechó el magistrado que Mediavilla se sirvió de su cargo en la Crotu para tomar decisiones que favorecían a un primo suyo, a cambio, entre otras cosas, de un vehículo de alta gama que presuntamente le regaló por los favores prestados.
La magistrada indica en su auto dice que ninguna de las resoluciones dictadas por la Crotu fueron arbitrarias y que, como responsable de Urbanismo, Mediavilla “se limitó a informar de las deficiencias advertidas en la tramitación del Plan Parcial y a sugerir la vía de acción contra las mismas”.
Además, advierte que los informes de la Crotu “son preceptivos pero no vinculantes para el Ayuntamiento, que en última instancia es quien aprueba el Plan”. Tampoco observa indicios de cohecho en el caso del Lexus, el vehículo usado que Mediavilla compró a su primo, “porque no hay prueba alguna de que esa operación haya correspondido con alguna actuación en el ámbito de su cargo”. El archivo de la causa afecta también a los tres exconcejales y el funcionario del Ayuntamiento de Castro antes citados.
Durante la instrucción, el fiscal solicitó en tres ocasiones la desimputación de Mediavilla, y también lo hizo la empresa que fue acusación particular, aunque su solicitud decayó, porque el partido político La Unión, que ejerció la acción popular, insistió en la responsabilidad penal del exconsejero. La Unión mantenía que la Crotu aprobó el Plan Parcial de forma ilegal, sin contar con los informes de estimación ambiental, y mediante un procedimiento acelerado para evitar que a esos terrenos, en los que iba a edificar el primo de Mediavilla, se les aplicaran las restricciones previstas en el Plan de Ordenación del Litoral, argumentos rechazados ahora por la juez.
El registrador de la Propiedad de Castro, José Antonio Jordana de Pozas también fue imputado, pero se anuló la imputación en junio de 2015.
Imagen de archivo de una visita del entonces consejero de Justicia, Vicente Mediavilla (a la derecha) al juzgado de Castro, previa a la apertura del caso. En el centro, Luis Acayro Sánchez.
