La alcaldesa de Castro Urdiales ha comparecido esta mañana para dar a conocer la resolución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 6 de Santander que, a raíz de la denuncia presentada por la propia Susana Herrán en calidad de miembro nato del Patronato de la Fundación Barquín Hermoso, adopta la medida cautelar de “supresión de los acuerdo del Patronato adoptados en fecha 24 de diciembre de 2024 y el primero de los puntos de la reunión de 13 de marzo de 2025”.
Esto es, “la decisión de poner fin en diciembre al alquiler del edificio en el que se ubica el colegio público El Pedregal, y el punto 1 de la reunión de marzo en el que se aprobaba el acta de la sesión anterior”.
Herrán ha defendido que «al consejero de Educación, Sergio Silva, ya no le sirve la excusa de que el cierre del colegio se debe a un acuerdo de la Fundación» y ha pedido «que se celebre, de manera inmediata, una reunión del Patronato, pero bien hecha, presencial y en la que hablemos todos».
La resolución judicial no menciona obligación de mantener el centro educativo abierto, pero «sí acaba con las excusas que desde la Consejería se habían utilizado hasta ahora para suprimir el colegio». Por tanto, «si no se revierte la situación, si no se respeta a los castreños, familias ni el auto judicial, es mejor que dimitan y cierren la puerta al salir porque mantener El Pedregal está en sus manos”.
La alcaldesa ha recordado cómo “en numerosa ocasiones he hablado de la ilegalidad de esos acuerdos y el falseo de las actas. Y he tenido que ser víctima de injurias, insultos y faltas de respeto por parte del consejero, respaldado por un atril en el Parlamento y por otros miembros de su formación política, el Partido Popular”.
Entendiendo que “se estaba cometiendo una ilegalidad, procedí a poner la demanda correspondiente y, ahora, la jueza ha tomado esta decisión sin escuchar siquiera a la parte demandada (la Fundación Barquín Hermoso) porque entiende que hay urgencia y un riesgo de daño irreparable si no se actúa con rapidez. Reconoce indicios claros de que las resoluciones pueden estar vulnerando derechos”.
La resolución judicial señala que “para la adopción de una medida cautelar es preciso que exista un riego real de que, mientras se sustancia el proceso declarativo, el demando pueda intentar maniobras fraudulentas que pongan en peligro o hagan imposible una futura ejecución”.
Para Herrán “ésta es una victoria legal, pero también moral para todas las familias, docentes y castreños que llevamos meses reclamando sentido común y, sobre todo, respeto. Mientras la justicia actúa, algunos responsables públicos han optado por la falta de respeto, la opacidad, el insulto y, en lugar de llegar a acuerdo, que es para lo que estamos, y aportar soluciones, se han dedicado únicamente a atacar e intentar desvincularse del acuerdo tomado por la Fundación pese a ser ellos mismo, el PP, quienes tomaban las decisiones”.
Ha exigido “disculpas públicas. Primero a la familias por haberlas tratado con desprecio y desconfianza. A los docentes por ningunear su trabajo y entrega, a la ciudadanía por su negligencia política y privarnos de algo tan esencial como un colegio y a mí por los agravios que he recibido”.
Ha dejado claro que “El Pedregal no se va a cerrar y vamos a seguir peleando porque siga y se devuelva a la Fundación su función social y no partidista y se respete la voz de la comunidad”.
Contra la resolución «no cabe recurso , pero la parte demandada podrán formular oposición a la medida acordada en el plazo de 20 días desde la notificación del auto».
En el siguiente enlace, acceso al audio con las declaraciones de la alcaldesa:
