Ecologistas en Acción de Cantabria ha mostrado en un comunicado “su satisfacción por el auto de 23 de noviembre del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC)” que permite acortar el procedimiento para abrir un expediente sancionador por parte del Gobierno de Cantabria contra la empresa vasca Canteras de Santullán S.A., un trámite que se viene reclamando por parte de Ecologistas en Acción y Verdes Equo Cantabria desde el año 2018, tras denuncias reiteradas por incumplimiento del Plan de Restauración Ambiental en la explotación de la peña de Santullán, que ni siquiera habían sido contestadas por la Consejería de Industria.
En la sentencia del TSJC de febrero de 2023, el Tribunal Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria había estimado la demanda de Ecologistas en Acción, interpuesta en octubre de 2019, por incumplimiento del Plan de Restauración de la Cantera de Santullán aprobado por la Dirección General de Industria en 2008, en la que también se solicitaba se exigiera a la empresa con sede social en Bilbao a la redacción de un nuevo Plan de Restauración ajustado a la legislación minera y ambiental. En el fallo de dicha sentencia se dicta que “la Administración Autonómica deberá resolver de forma motivada sobre la incoación de expediente sancionador por incumplimiento del plan de restauración de la cantera con arreglo al art. 121 de la ley de Minas de 1973”. La misma sentencia obliga a la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria a “exigir a Canteras de Santullán un nuevo plan de restauración ambiental que se someta a información pública”.
AUTO TSJC RECURSO CASACIÓN CANTERA
La sentencia fue recurrida presentando escrito de preparación previo al recurso de casación ante el TSJC, quien debe resolver antes de elevarse al Tribunal Supremo. En dicho escrito presentado por Canteras de Santullán S.A. se argumentaba que “la sentencia recurrida era incongruente al haberse presentado dos escritos, uno de Ecologistas en Acción y otro de Verdes Equo Cantabria que contenían la misma petición”. También se señalaba que “en la legislación estatal y en la directiva europea no está regulado que un Plan de Restauración deba someterse a información pública”. El TSJC antes de la tramitación al Tribunal Supremo debe verificar si se dan los supuestos en el escrito que fundamenten el interés casacional, señalando en su auto que tales supuestos no se concretan suficientemente ni tampoco se argumenta y justifica el interés casacional, concluyéndose en el auto que “con fundamento en las deficiencias observadas procede tener por no preparado el recurso de casación”. Contra el auto del TSJC cabe recurso de queja ante el Tribunal Supremo.
Una vez analizado el auto, a Ecologistas en Acción “no le sorprende el desconocimiento de la legislación por parte de Canteras de Santullán S.A., pues viene burlándola sistemáticamente en las últimas décadas, con un flagrante incumplimiento de la legislación de minas y de la legislación ambiental. Lo que llama la tención es que sus abogados se salten el procedimiento exigido por la ley de jurisdicción contencioso administrativa, tal como se demuestra con el varapalo infringido por el TSJC”.
El asunto de la Cantera de Santullán “viene de lejos”, recuerdan los ecologistas, “desde el año 2004 en que la Plataforma de asociaciones y ciudadanos para salvar la Peña de Santullán se movilizaron exigiendo el cumplimento de la legislación ambiental”.
Más recientemente, vecinos de Santullán, además de EQUO Cantabria, “se habían dirigido a la Dirección General de Industria con sucesivos escritos de alegaciones desde el año 2016 por incumplimiento del Plan de Restauración, por sobrepasar los niveles de contaminación atmosférica por emisión de ruidos y partículas de polvo que exige la legislación, así como por el excesivo volumen de acopios de áridos en la zona norte de la explotación de la cantera”. Los escritos eran archivados sin dar contestación motivada a vecinos y asociaciones.
Finalmente, Ecologistas en Acción y Equo Cantabria se dirigieron en diciembre de 2018 a la Dirección General de Industria mediante un escrito en el que se hacía constar “el incumplimiento del Plan de Restauración de 2008”, puesto que no se han restaurado los bancos superiores de la cantera, ni se ha procedido a restaurar la ladera norte según las prescripciones del Instituto Geológico Minero y la propia resolución de la Dirección General de Industria de 2008 y que, quince años después, ya deberían haberse plantado con especies vegetales autóctonas.
La Dirección General de Industria “ha dado sistemáticamente la callada por respuesta, lo que motivó la interposición de la demanda al Contencioso por parte de Ecologistas en Acción cuya sentencia de febrero de 2023 le da la razón por omitir sistemáticamente su obligación de resolver”.
