13 ABRIL 2018 /
En noviembre de 2016, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Santander, condenaba al Ayuntamiento de Castro a realizar la valoración de su puesto de trabajo a un bombero, funcionario del Parque de Emergencias de Castro Urdiales. El pasado dos de marzo, este mismo Juzgado estimaba la demanda interpuesta por otros dos bomberos castreños, haciendo extensible la primera de las decisiones adoptada y condenando, por tanto, al Consistorio a efectuarles también la valoración de sus puestos de trabajo.
Al respecto de este asunto hemos hablado en Castro Punto Radio con la concejala de Personal, Elena García. Ha recordado como, “en su día, el primer bombero recurrió porque pensaba que no había una valoración de su puesto, lo que el Ayuntamiento defendía que no era así”. Ante esa discrepancia, acudió a los tribunales que le dieron la razón. “El Ayuntamiento formó una comisión e hizo una valoración, que se aplicó pero con la que este trabajador no estaba de acuerdo”.
Una valoración que “se hizo con el método del Ayuntamiento ante la ausencia de otros. Es más constreñido y permite unos criterios que son los que están aprobados para el resto de empleados y que, realmente, les deja un poco como están, que es de lo que se quejan”.
Ante esto, el bombero recurrió “habiendo una nueva sentencia que dice cómo tiene que ser la valoración”. Un asunto que, según García, “va en paralelo al proceso que estamos siguiendo para la disolución del Organismo Autónomo de Bomberos y la elaboración de unas nuevas valoraciones”.
Ese proceso de disolución “va al ritmo normal de la Administración, que es un poco lento. Ahora se ha elaborado un plan de ordenación de recursos humanos, que es un documento que contiene todas las modificaciones que hay que hacer, como la relación de puestos de trabajo o la propia valoración de los mismos. Luego está la oferta de empleo público para ejecutar las vacantes que hay y otros trámites que son más internos de lo que es el organismo para que, por ejemplo, los bienes que tengan se integren en el Ayuntamiento”.
La secretaria y el interventor “tienen que informar y dar su visto bueno a que se puede hacer y, a partir de ahí, se pasaría a la mesa de negociación con los sindicatos”.
