El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, presidía hace unos días el Consejo Asesor de Medio Ambiente e informaba a sus miembros del contenido, tanto del anteproyecto de la Ley de Control Ambiental con el que el Gobierno de Cantabria pretende mantener todas las garantías medioambientales con una tramitación “infinitamente más dinámica y sencilla”, como de la Estrategia Cántabra de Bioeconomía y Economía Circular.
Alberto Quijano, director general de Medio Ambiente, ha dado detalles en Castro Punto Radio sobre los cambios introducidos en el borrador de proyecto de Ley de Control Ambiental redactado en la anterior legislatura sobre una normativa aprobada hace 18 años y que se ha quedado “obsoleta”.
Uno de los principales objetivos es “atender a las necesidades de emprendedores y de empresas ya establecidas en materia de tramitaciones administrativas y es nuestra obligación facilitárselos para beneficiar y reducir la burocracia a la que se enfrentan cada día”.
La futura Ley de Control Ambiental persigue alcanzar “el máximo nivel de protección del medio ambiente, simplificar los trámites administrativos en materia ambiental y establecer un control administrativo ambiental previo a la implantación y puesta en marcha de determinadas instalaciones, proyectos y actividades, seguido de una supervisión posterior de su funcionamiento o ejecución”.
También “impulsar la corresponsabilidad público-privada en la protección del medio ambiente, regular las actuaciones para la restauración de la legalidad ambiental mediante la imposición de medidas correctoras y desarrollar instrumentos y mecanismos que faciliten la participación social y el acceso de los ciudadanos a la información ambiental”.
Ha explicado que esta nueva norma presenta la “gran” novedad que supone la figura de la declaración ambiental responsable para proyectos de “escasa relevancia ambiental”, a los cuales les bastará con que el interesado y el técnico competente, bajo su responsabilidad, presenten una declaración responsable, indicando que cumplen con todos los requisitos establecidos en la norma.
“Esta simplificación permite que el afectado no tenga que estar meses esperando un informe para poner en marcha su actividad, con el perjuicio que eso puede suponer, al tiempo que se mantienen todas las garantías medioambientales que tiene que exigir la Administración”.
Además, con la nueva ley será la Comunidad Autónoma la responsable de otorgar las Autorizaciones Ambientales Integradas (AII) y las Evaluaciones Ambientales, y de emitir los informes de comprobación ambiental, descargando así de trabajo a los ayuntamientos, que tendrán la competencia de vigilar y controlar las actividades sujetas a comprobación ambiental.
También recoge la posibilidad de poner en marcha medidas cautelares urgentes para aquellos casos en los que sea necesaria una inmediata actuación ante un riesgo grave. En estos casos, la administración se reserva la facultad de paralizar la actividad, precintar tanto las instalaciones como la maquinaria e, incluso, retirar y decomisar los productos.
Asimismo, la ley incrementa las cuantías de las sanciones, que pueden ir desde los 200 euros, en el caso de las leves, hasta los 500.000 euros, para las muy graves.
Por otro lado, ha informado de la tramitación burocrática en la que está trabajando el departamento para crear una Estrategia Cántabra de Bioeconomía y Economía Circular con fin de contribuir a la consecución de las metas y objetivos climáticos y ambientales que tanto España como la Unión Europea se han planteado para 2030 y 2050.
Se trata de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y los residuos plásticos, la mejora de la eficiencia en el uso del agua, la instauración de una economía circular y el impulso de la transición del actual sistema de modelo productivo hacia un modelo más ecológico y respetuoso con el medio ambiente.
Para ello, el documento contiene hasta 70 acciones directas con el sector primario, el turismo, la gestión de los residuos o la construcción, y prevé una inversión inicial de casi 400 millones de euros hasta el año 2030 entre fondos propios y fondos de la Unión Europea.
