La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha presentado hoy el proyecto de Ley de Vivienda de Cantabria, que, según ha explicado, va a suponer un “revulsivo para incrementar la oferta en la comunidad autónoma, tanto de compra como de alquiler, y va a generar mayor seguridad jurídica para los propietarios y los operadores del sector”.
Buruaga ha añadido que se trata de una “ley integral, moderna y garantista que busca ser eficaz y útil para atajar el enorme problema” de la vivienda que existe en Cantabria y que pone el foco en “lo importante: más oferta para la compra y el alquiler, mejor acceso para los colectivos vulnerables y profesionales de servicios esenciales, más regeneración urbana y rural, y más seguridad jurídica y protección frente a la ocupación”.
Es, además, una norma que “nace con la solvencia y el respaldo de asociaciones y entidades que han enriquecido el texto con sus alegaciones” en el periodo de información pública.
La presidenta, junto con el consejero de Vivienda, Roberto Media, ha comparecido en rueda de prensa para informar del contenido de un proyecto normativo que esta misma mañana ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno, en reunión extraordinaria, y remitido al Parlamento para su tramitación.
Entre otros aspectos, Buruaga ha destacado que esta ley va a movilizar el parque de viviendas vacías (cerca de 50.000, el 14% del parque residencial edificado) con programas de incentivos, ayudas y garantías públicas para los propietarios.
Asimismo, es una norma que fomenta la vivienda protegida, la rehabilitación y la regeneración urbana, apuesta por la colaboración con la iniciativa privada “para facilitar a los cántabros una vivienda digna y asequible, y promueve la simplificación administrativa, avanzando en la declaración responsable para agilizar trámites en la calificación de viviendas protegidas”.
En materia de seguridad jurídica, la presidenta ha avanzado que la norma establece medidas de prevención, protocolos de desalojo inmediato, asistencia gratuita a través de la Oficina de Apoyo a las Víctimas de la Ocupación y la Inquiocupación, y otras de protección social para dar soluciones habitacionales alternativas ante situaciones de vulnerabilidad real.
“Esta ley protege al propietario frente al okupa y no al revés”, ha sentenciado.
Novedades de la ley
El consejero de Fomento, Roberto Media, ha detallado las principales novedades de esta ley que constituye una “solución legislativa para reforzar la seguridad jurídica, aumentar la oferta de vivienda y atender adecuadamente a la demanda”.
El fomento del alquiler asequible es uno de los grandes objetivos de la norma, que se articulará a través de la colaboración público privada, siguiendo la fórmula ya aplicada en 212 de las 285 nuevas viviendas que el Ejecutivo de Buruaga está promoviendo en 6 municipios. Además, se recupera el régimen de vivienda a precio tasado que permitirá acceder a vivienda protegida a sectores de población que superan los límites de renta establecidos, pero “tienen serias dificultades para acceder al mercado libre”. También se impulsarán modalidades de acceso alternativo como el coliving o cohousing.
Del mismo modo, la ley actuará para movilizar viviendas vacías dando incentivos y garantías a los propietarios como la fijación de la renta de alquiler según precio de mercado en vez del índice de referencia del Ministerio de Vivienda, que “está completamente desfasado”, según el consejero, y estableciendo ayudas al pago del IBI y de los gastos de comunidad.
Una de las novedades más importantes radica en el reconocimiento de situación de emergencia habitacional y, por tanto, con derecho a todos los programas de ayuda, a aquellos colectivos que hayan perdido sus viviendas o no puedan usarlas por motivos de incendios o catástrofes naturales, y se habilita como personas usuarias de vivienda protegida en alquiler a aquellos profesionales de servicios básicos que no cumplen los requisitos para acceder a este tipo de viviendas, pero tienen dificultades para acceder en el mercado libre, como es el caso de médicos para reforzar hospitales o centros de salud, guardas forestales, profesores, veterinarios y farmacéuticos entre otros.
La nueva Ley de Vivienda se refiere también al Parque Público de Vivienda, donde se regularán “con precisión” los procedimientos de adjudicación, los precios máximos de venta y alquiler, la duración del régimen de protección y las limitaciones a la transmisión, además de reforzar la condiciones de habitabilidad, eficiencia energética y accesibilidad de todas las viviendas y, en aplicación de Ley de Simplificación Administrativa, se extiende la figura de la declaración responsable basada en “la confianza, la eficacia y la rendición de cuentas”. También se reforzará el servicio de inspección y supervisión.
Otra de las innovaciones más significativas es la incorporación del medio rural como eje vertebrador de la estrategia de vivienda, con la creación de la figura de la vivienda rural protegida y del Plan de Vivienda Rural, fomentando el acceso a la vivienda mediante incentivos económicos, cesión de suelo, fiscalidad favorable y promoción de rehabilitación y regeneración de los núcleos rurales. Todo ello encaminado a dinamizar los núcleos con problemas de despoblamiento y envejecimiento de la población.
La lucha contra la ocupación es una de las áreas de actuación de esta norma con medidas de prevención, protocolos de desalojo inmediato en caso de flagrancia, asistencia jurídica a propietarios afectados y medidas sociales para garantizar soluciones habitacionales alternativas cuando existan situaciones de vulnerabilidad real.
Para ello, el Ejecutivo pondrá en marcha de manera inmediata la Oficina de Apoyo a Víctimas de la Ocupación y la Inquiocupación, porque, según ha apuntado Media, el Gobierno “está al lado de miles de cántabros que poseen una segunda vivienda y que son parte de la solución al problema de la escasez de vivienda en alquiler”.
“La mejor medida social en materia de vivienda consiste en dotar de seguridad jurídica a los propietarios”, ha afirmado el consejero, que ha anunciado que las personas contra las que se haya dictado resolución judicial o administrativa por ocupación ilegal de inmueble en los últimos cinco años no podrán acceder a ninguna de las ayudas que recoge la ley, sin incluir las medidas de asistencia social.
Se incluye también en la nueva norma la creación del Registro Autonómico Unificado de Vivienda y Suelo para “tener una visión global de quien demanda, cuántas viviendas protegidas existen y cuánto suelo está disponible en Cantabria para construir vivienda protegida”, y el Registro de Agentes Inmobiliarios de carácter voluntario.
Finalmente, la Ley de Vivienda de Cantabria incluye un régimen sancionador “riguroso” con medidas como multas de hasta 90.000 euros para quienes detienen una vivienda protegida a alquiler turístico.
