Podemos desvelaba ayer que el pliego de condiciones que debía regir el contrato del autobús Castro-Bilbao fue anulado por sentencia judicial hace 10 años y que, desde entonces, la empresa IRB está prestando el servicio sin obligación de cumplir ningún tipo de cláusula.
Y de esto se enteró la formación morada porque “nos lo ha revelado el Defensor del Pueblo tras la reclamación que presentábamos hace unas semanas”. Así lo ha dicho en Castro Punto Radio el concejal Alberto Martínez, que se ha mostrado “indignado, asombrado y con mucha rabia porque llevamos años peleando por una mejora del servicio, se han aprobado mociones en el Ayuntamiento, quejas políticas y ciudadanas, el concejal de Movilidad ha ido a Madrid a hablar con el responsable de las líneas de autobús y ha llegado a venir aquí una ministra haciendo promesas al respecto, cuando todo eso no servía para nada. Nos han estado vendiendo una mentira y, por detrás, lo único que había era la buena voluntad que podía poner la empresa cuando se le pedía algo, porque lo demás era humo”.
Ha reconocido que “es algo muy difícil de explicar e indigna que durante 10 años no hayan sido capaces desde el Ministerio de Transportes de mover un solo lápiz para hacer una nueva licitación y mejorar un servicio tan esencial para Castro como es éste”. Al final, “la única explicación que me pasa por la cabeza es que llegó un punto en el que la bola se les hizo tan grande que les resultaba duro reconocer que, pasado tanto tiempo, no habían sacado una nueva licitación”.
Un Ministerio, “además, envuelto en mil problemáticas, por donde ha pasado el famoso Ábalos y no sabemos si viene de aquellos lodos o incluso antes, pero los ciudadanos estamos totalmente desamparados e indefensos”.
Ahora, “la empresa concesionaria ya tiene desde Madrid una nueva excusa para seguir desoyendo las reclamaciones, y es que ya están trabajando en la nueva concesión. Pero es que, siendo optimistas, no estará adjudicada hasta dentro de dos años. De momento, se han presentado un montón de alegaciones al anteproyecto”.
El concejal de Podemos ha reconocido que, tras desvelarse en qué situación se encuentra el contrato, “ahora entiendo muchas cosas, respuestas que se le han dado a ciudadanos por parte de la empresa en muchas ocasiones. No tenían ningún tipo cláusula que cumplir”.
Lo que sí considera “un fleco que nos queda por entender” es “cómo está regulado el acuerdo contractual que la empresa tiene con el Ministerio, que está pagando el importe que se acordó en la licitación, pero sin que la adjudicataria tenga un pliego de condiciones de obligado cumplimiento”.
Martínez ha señalado que llevará la respuesta del Defensor del Pueblo a la próxima Comisión Informativa del área “para ver qué se puede hacer desde el Ayuntamiento”.
A continuación se puede escuchar o descargar la entrevista mantenida con Alberto Martínez:
