El Gobierno de España, a través del Ministerio de Consumo, ha anunciado su intención de prohibir en nuestro país las líneas telefónicas de tarificación adicional 901 y 902 y eliminar así el coste que supone para los consumidores que se atienda su derecho a informarse, realizar consultas o presentar reclamaciones. Una iniciativa que espera materializar en 2021.
El coste de llamar a esos números desde una línea móvil está entre los 40 y los 60 céntimos de euro el minuto, dependiendo de la compañía.
Francisco Bautista, portavoz de la Unión de Consumidores de Cantabria, explicaba en Castro Punto Radio que “de lo que se trata en realidad, es de un sobrecoste. Obligar a tus clientes a contactar contigo a través de una línea de tarificación adicional, supone imponerles un sobrecoste añadido al servicio que no está en el contrato. Es una manera de lucrarse que han empleado las compañías. Hay operadores en el mercado a los que se les consiente todo, y los paganos somos los de siempre, los consumidores”.
Bautista lamentaba que “ahora que te has visto privado de cualquier oficina de atención al público, porque estas empresas las han desmantelado por completo, no tienes un sitio al que poder dirigirte, en el que poder hablar con alguien. Que se les haya consentido esto es clamoroso. Al final la justicia europea tiene que venir a decirnos qué estamos haciendo”.
La ley establece que estas compañías deben poner a disposición de sus clientes teléfonos gratuitos o de tarifa básica, “pero búscalo, encuéntralo y llámales, porque no te va a coger nadie a ninguna hora. Ellos cumplen, tienen ese teléfono, pero no te cogen”.
Lo mismo ocurre para gestiones que se suponen urgentes, como encontrarte un 902 en los cajeros automáticos de muchas entidades bancarias como contacto por si el cajero se traga tu tarjeta, por ejemplo.
Por otro lado los bancos, y otras empresas, “han conseguido poner a sus clientes a trabajar para ellos y cobrarles”, en referencia a casos como las transferencias que hacen los usuarios a través de internet. Trabajo que por tanto ya no hace la entidad, “lo llaman servicio y tienes que pagar una comisión”.
Incluso el propio Estado utiliza estas líneas, ya que “para ponerte en contacto con Hacienda como contribuyente, tienes que llamar a un 902 y eso es muy fuerte”.
El portavoz de la Unión de Consumidores de Cantabria añadía que estas empresas y compañías “tienen que volver a gastarse el dinero en empleados que atiendan a la gente. No puedes descargar a tus clientes la atención a sí mismos, volverlos locos y pretender que te paguen. El secreto está en no atender”.
