11 AGOSTO 2016 /
Hacia mediados del mes de julio, varios propietarios de viviendas de Sámano, apoyados por la Asociaciones de Vecinos, anunciaban su intención de presentar en el Juzgado una denuncia contra el Ayuntamiento “por dejación de funciones” en lo que al control de vertidos y emanaciones de gases en el polígono de Vallegón se refiere.
El Ayuntamiento ha acogido hoy una reunión al respecto de este asunto en la que han participado el alcalde y los concejales de Medio Ambiente e Industria, además de representantes de los vecinos.
El edil de Industria, Vicente Santamaría, ha calificado en Castro Punto Radio el encuentro de “cordial” y entiende que los afectados “han salido satisfechos con las explicaciones que les hemos dado en relación a lo que, hasta ahora, ha hecho el equipo de Gobierno para paliar el problema y las expectativas y acciones a futuro que vamos a seguir desarrollando”.
Está en manos de los vecinos la decisión de frenar las acciones judiciales, aunque el concejal socialista espera que así sea, teniendo en cuenta que los afectados “hablan de años en los que no se han tomado medidas serias y eficaces, mientras nosotros hemos dado bastantes pasos durante el último, que les hemos explicado”. De esta forma, “hemos puesto en común las medidas que han sido eficaces, en las que hay que seguir actuando y aquellas que se van implantando, pero que tienen un periodo de maduración más largo”. Se trata precisamente de las que tienen que ver con la regularización de la situación administrativa de las empresas instaladas en los polígonos.
En este sentido, Santamaría ha recordado cómo Vallegón se puso en servicio en el año 1997 y, desde entonces, “ha habido legislaciones posteriores que han cambiado las condiciones”. Se ha referido a lo que establece el decreto de 2009 en cuanto a saneamiento y depuración y que “no se ha exigido por las administraciones desde entonces”. Ése documento es el referente en el que el concejal se va a basar para pedir a las empresas su regularización administrativa. Con ello, “podremos comprobar si están autorizados a verter o en qué cantidades y todos los requisitos”. Una vez regulada, registrada y definida esa faceta de la actividad, “poderla medir para ver si, en el futuro, cumple o no cuando haya este tipo de problemas”.
El principal inconveniente es que “la casa está construida y tenemos que volver a empezar por los cimientos”. Con la conclusión de todos estos expedientes administrativos, se podrá saber también qué administración es la competente en la materia cuando se ocasionen quejas vecinales, siempre y cuando “se determine que, efectivamente, la causante está fuera de la normalidad que registra la autorización”.
El Ayuntamiento ya está identificando administrativamente a cada empresa -comenzando por las que “creíamos podían ser las más importantes en este sentido”-, para que “soliciten su autorización de vertidos, que muchas no tienen”. De esta forma, se comenzará a regularizar su actividad con respecto a la normativa vigente en esta materia.
Una vez todas las empresa tengan esa documentación al día, “no tiene que haber más problemas que el de la vigilancia posterior de los excesos, accidentes o vertidos que pudieran suceder”.
