25 NOVIEMBRE 2015 /
Las cuatro juntas vecinales a las que el Ayuntamiento reclama la devolución de la llamada subvención por la cesión de sus infraestructuras del agua por no justificar a tiempo la inversión realizada con ese dinero, no cobrarán la asignación municipal anual hasta que el expediente con las alegaciones, que está en Intervención, no se resuelva. Así lo dijo ayer el alcalde, Ángel Díaz-Munío, durante el Pleno ordinario del mes de noviembre.
Se trata de Sámano, Ontón, Mioño y Otañes. Con el presidente de esta última junta, Santiago Berriolópez, hemos hablado hoy al respecto de este asunto en Castro Punto Radio. Ha insistido en la “mala tramitación del expediente desde el inicio” al haberse denominado la cantidad económica entregada como subvención cuando “esas infraestructuras del agua que se cedían al Ayuntamiento eran de la junta y habían sido sufragadas íntegramente por ella”.
Precisamente por esa denominación es por lo que las pedanías debían justificar, en un plazo determinado, las inversiones que se realizaban con ese dinero. Berriolópez está conforme con que haya que justificar y ha defendido que “nosotros no debemos un duro a nadie y todas nuestras cuentas están perfectamente fiscalizadas”. Ahora bien, ha reprochado al Ayuntamiento que “si bien para pedir la devolución de esa cantidad ha estado muy ágil, no estuviera tan ligero cuando había que haber reclamado responsabilidad civil a los anteriores gestores de la junta que se gastaron esos 533.000 euros en asuntos relacionados con el agua y que ya no eran competencia nuestra”.
Lo hicieron además, como ha señalado el alcalde de Otañes, “en obras fraccionadas y hay una 50 facturas adjudicadas a dedo que cuentan con hasta 17 reparos de intervención”.
Se ha preguntado “cómo vamos a poder devolver a hora 500.000 euros” y ha insistido en la “pasividad” del Ayuntamiento que “tenía que haber seguido un control anual, desde que se firma esa cesión en el año 2008, de las obras en las que se estaba gastando el dinero”.
Sobre el hecho de que no percibirán la asignación municipal hasta que se resuelva este asunto, Berriolópez es partidario de que “mañana se acaben las subvenciones y que lo que nos den desde el Ayuntamiento sea en concepto de compensación por los impuestos que se pagan en cada junta. De esta forma, el interventor dejaría pagar al momento”. Se ha preguntado por qué esa asignación municipal se establece así y por qué en esas cantidades (23.000 euros en el caso de Otañes) y apuesta porque “hagan una síntesis de lo que realmente le corresponde a las juntas en función de los impuestos que pagan”.
Para terminar, ha recalcado que seguirá sin participar en el Consejo de Juntas Vecinales porque “tengo línea abierta con el Ayuntamiento para hablar cuando quiera y haya alguna necesidad. No me hace falta ningún consejo de nada”.