26 ENERO 2016 /
Como ya informábamos ayer, el juicio contra los expresidentes de las juntas vecinales de Mioño, Víctor Echevarría, y de Lusa, Antonio Alijo, por diversos delitos a raíz del contrato de arrendamiento de unos terrenos a la UTE Dícido, se ha suspendido definitivamente, debido a las negociaciones extrajudiciales entre las partes que tienen hasta el 2 de mayo para presentar por escrito el resultado de los acuerdos que se están redactando desde los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Castro Urdiales, en concreto el abogado José Antonio Gutiérrez Olivares, según informó ayer Antonio Alijo.
Como líneas maestras supone que la UTE Dícido volverá a ser propietaria del contrato por el que las dos juntas vecinales recibirán 3 millones de euros a partes iguales durante su periodo de vigencia, esto es, cinco años con opción a prórroga sin que supere los 20 años.
A cambio, se retiran todas las acciones judiciales que se habían emprendido contra los exalcaldes. Este contrato, suscrito en el año 2010, fue rescindido por parte de las juntas vecinales al no cumplir la UTE con su obligación contractual de aportar como pago inicial 1,5 millones de euros de una vez. Solo pagó 700 mil más la fianza de 450 mil, con lo que las pedanías lo suspendieron a los ochos meses de iniciarse, por incumplimiento.
Según manifestaba Antonio Alijo a este medio, ese acuerdo supondría que las juntas recuperan una importante vía de financiación para los próximos años”, no en vano recuperarán los cerca de 2 millones de euros que restan por pagar del contrato, a razón de 250.000 euros al año, a repartir al cincuenta por ciento entre Mioño y Lusa.
Al respecto de este asunto, el actual pedáneo de Lusa, Santiago Cortés, ha señalado en Castro Punto Radio que ese dinero “desbloquearía la situación financiera que tenemos porque llevamos tres años sin cobrar las subvenciones municipales por la deuda con la Agencia Tributaria”.
En Lusa no tienen constancia oficial del acuerdo que plantean las partes y “no sabíamos que estaban en negociaciones”. Por tanto, Cortés lo acoge con cautela y entiende que la UTE “tendrá que ponerse en contacto con nosotros y llegaremos a un acuerdo sobre el contrato de las minas siempre que se cuente con los informes favorables de los técnicos municipales”.
Cortés ha informado también de que este sábado, a las 17:00 horas, se celebrará una junta abierta en la que “informaremos de todo los que nos hemos encontrado, de la deuda existente y los pasos que hemos dado”.
Por su parte, el presidente de la Junta Vecinal de Mioño, Tomás Ortega, es partidario de “no hacerse ilusiones de momento porque este asunto lleva tiempo y prefiero esperar”.
Si las negociaciones entre las partes salen bien, “sería una buena noticia porque ese dinero a la junta le viene bien en la situación en la que estamos que casi vivimos al día. Nos sacaría de un apuro”, teniendo en cuenta que esta pedanía tampoco ha cobrado la subvención municipal de 2015 al ser una de las afectadas por la situación del canon del agua.
Al margen de este asunto, Ortega ha aprovechado para informar de que el barrio San Román sigue igual en relación a la avería registrada hace meses en las tuberías de saneamiento y que está provocando que las aguas residuales se expulsen a la calle. “Sé que tres empresas se han pasado por la zona para estudiar la situación y aportar presupuestos al Ayuntamiento pero nada más. Se tarda más en hacer los trámites que la obra”.
Ha denunciado también que llevan meses sin ver la ETB, una situación sobre la que han hablado con el concejal de Industria Vicente Santamaría. “Nos dijo que lo estaba moviendo pero eso fue en octubre y estamos ya en enero”.
