25 ENERO 2018 /
Después de que el Juzgado de lo Contenciosos Administrativo Número 3 de Santander haya condenado a las Juntas Vecinales de Sámano y Mioño a la devolución íntegra de la subvención que recibieron del Ayuntamiento a cambio de sus infraestructuras del agua, hemos hablado en Castro Punto Radio con el alcalde de Sámano, José María Liendo.
En el caso de esta junta, debe devolver 1,2 millones de euros derivados de los 913.266 euros que recibió en su momento, más los intereses. Según Liendo, “es una situación que esperábamos tras la resolución sobre Ontón que se hizo pública hace unos días”. A partir de ahora, “lo que toca es estudiar detenidamente la sentencia y mantener una reunión con el abogado y el secretario interventor de juntas para ver la posibilidades de recurso, qué decisiones se toman y qué consecuencias podemos prever”.
Ha dejado claro que la junta “siempre debe responder de la responsabilidad que tenga en cada asunto y, después, también está la flexibilidad que se quiera de aplicación, más allá del Juzgado, en la propia actuación del Ayuntamiento a la hora de haber dado por buenas, al menos, una parte de las cantidades que estaban justificadas”.
Si finalmente la junta tuviera que pagar 1,2 millones de euros, “sería volver al punto de partida que nos encontramos cuando entramos hace algo más de dos años”. Liendo ha recordado que Sámano “es rica en patrimonio y aprovechamientos forestales” pero, otra cosa sería “el destino que le demos a eso. Es la única diferencia. Podemos pasar otros 10 años sin poder prestar ningún tipo de servicio ni acometer ningún proyecto que tenemos la idea de ejecutar este 2018”.
Ha insistido en que “la junta por sí misma sí tiene capacidad para hacer frente a ese dinero”, pero sería en detrimento de la prestación de determinados servicios e inversiones.
Por otro lado, “está la posición del Ayuntamiento que, día de hoy no ha hecho nada por colaborar con nosotros en la resolución de este asunto”. En caso de tener que devolver 1,2 millones, “habría que ver si el plan de pagos o el distinto patrimonio que podamos presentar nosotros para condonar la deuda les satisface”. En caso de tener que hacer frente al pago, “se hará de la manera que sea lo menos dura con el conjunto de los vecinos”.
Liendo considera que “esta situación, para el Ayuntamiento y la junta no es buena pero, si hubiesen mostrado desde el Consistorio interés y ganas, las cosas igual hubieran sido menos traumáticas”.
La otra junta afectada por esta última sentencia es la de Mioño. Con su alcaldesa, Susana Herrán, también hemos hablado. Está a la espera de mantener una reunión con el abogado y el secretario interventor de juntas para “estudiar bien el fallo judicial que, desde luego, no es el deseado”.
Considera que el fallo “se centra únicamente en el informe del interventor por parte del Ayuntamiento respecto a las mal llamadas subvenciones”. No obstante, “nos falta conocer el fondo y para eso queda pendiente esa reunión”, en la que valorará si se presenta o no recurso.
Ha recordado cómo, en su momento, “se intentó llegar a un acuerdo con el Consistorio y se solicitó al alcalde una reunión, en la que estuvieran los abogados de ambas partes, para buscar una salida al problema. La respuesta fue negativa y nunca aceptó ese encuentro. Nos remitió a que nos pusiéramos en contacto con los técnicos pero que él no iba a entrar”. De cara a posibles acuerdos de pago, en caso de que Mioño tenga que hacer frente al desembolso en su caso de 782.441 euros, Herrán ha dicho que “lo volveremos a intentar y esperemos que esta vez, por lo menos, el alcalde nos atienda, escuche y se pueda llegar a ese acuerdo”.
Insiste en que “hablando se entiende la gente y siempre es mejor que llegar a un proceso judicial, al que se ha tenido que recurrir”.
