23 ABRIL 2015 /
La venta de las dos parcelas municipales ubicadas en el APD-2 de Cotolino y la reducción en el precio de partida de la subasta en unos cuatro millones de euros, ha sido hoy uno de los temas de debate en la tertulia política de Castro Punto Radio.
El portavoz del PP y concejal de Hacienda, Javier Muñoz, ha recordado que al quedar desierta la primera de las subastas realizada hace unos meses cuando se valoró el terreno en unos 8 millones de euros, “nos dimos cuenta que no era un precio de mercado. Dada la situación de urgencia de la Hacienda municipal, entre otras cosas por el pago que hubo que hacer de tres millones de euros a la promotora Asonia, hicimos una nueva tasación con una empresa tasadora oficial (Tinsa) que lo marcó en 3.800.000 euros”.
Muñoz tiene claro que “si no se obtienen ahora ingresos por esta venta, tendremos un descuadre en el Presupuesto que habrá que ver cómo afecta al remanente negativo de Tesorería”.
El concejal ha querido dejar claro que “no somos nosotros los que fijamos en su día el precio de las parcelas, sino que fue un informe técnico”. Se ha dirigido a sus compañeros en la oposición y les ha dicho que no “desinformen” a la ciudadanía. “Sabéis que la situación económica del Ayuntamiento no es buena y, en una situación excepcional hay que tomar medidas excepcionales. Nos urge ingresar y hay que cumplir los periodos de pago y situaciones que, si no, el Consistorio no podría afrontar”.
El portavoz del PSOE, José Benigno Elordi, piensa que la propuesta de venta es “mala” por “la sustancial rebaja de precio” en tan poco periodo de tiempo. “No podemos estar de rebaja porque estamos dando pie a pensar que el Ayuntamiento tiene prioridad en vender esas parcelas”. Para el PSOE el pago a Asonia no sirve de excusa porque “se sacó del cajón cuando ya no quedó más remedio”.
Eduardo Amor (CastroVerde) ha recordado cómo esta formación política ya advirtió del “frágil equilibrio en que se basaba el presupuesto”, entre otras cosas, por incluir la venta de las parcelas. “Primero se valoraron en 11,5 millones, después en 7,6. Ahora nos traen otra valoración que no está claro cuál es porque nos dan un informe de una empresa externa para decir que el valor es de 5,3 millones, pero de venta rápida 3,8. Puede ser eso o regalar o dar dinero para que se lleven la parcela”.
CV ha hablado de “prisas por vender” a poco tiempo para las elecciones municipales, con un informe de esa consultora externa que la formación ecologista cree que “no está ratificado por un técnico municipal”. Ante esto, Muñoz ha respondido que “el interventor dice que la ingeniero municipal ratifica los criterios usados por Tinsa para valorar las parcelas”.
Por último, Rufino Díaz Helguera (Acuerdo por Castro) ha propuesto “pensar más en frío y serenarse porque lo que nos dijeron que costaba 12 millones puede volver a costarlo, o 7 o 6 millones”. Se ha preguntado “para qué lo vamos a malvender si podemos aguantar, sobre todo en los tiempos en los que estamos, ya que quizá la próxima Corporación tenga otros criterios”.
Insiste Díaz Helguera en esperar e incluso “mirar si no se puede destinar el terreno a Vivienda de Protección Oficial”.
CASTROBÚS
Al margen de este asunto, durante la tertulia se ha debatido sobre la prórroga en 16 meses del contrato del Castrobús con ALSA. La oposición lamenta que las modificaciones incluidas en el nuevo pliego de condiciones para el transporte público no se puedan incorporar hasta dentro de esos 16 meses.
Modificaciones entre las que destacan, sobre todo, la creación de la línea 5 (para dar servicio a la zona de Santa Catalina y al Polígono de Vallegón) y el ahorro de 170.000 euros para el Consistorio.
Elordi ha señalado que la empresa que presentó el recurso contra el nuevo pliego del Castrobús (Autobuses Héctor) “tiene el mismo domicilio social que la actual adjudicataria (ALSA) en Asturias”.
Díaz Helguera ha mostrado su preocupación por esta circunstancia y ha recordado que su formación política votó a favor del nuevo pliego (ahora anulado) tras afirmar la Secretaria municipal que contaba con todos los requisitos legales y administrativos.
