La sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria acoge mañana a las 10 horas el juicio contra veinte acusados por la fiscalía de dedicarse al tráfico de cannabis, cocaína y anfetamina, sustancias que procedían, principalmente, de Cataluña y Panamá.
Tras distintas investigaciones realizadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Castro Urdiales incoó diligencias contra estos veinte acusados, algunos residentes en Cantabria, otros en el País Vasco, en La Rioja y en Cataluña.
Se juzgan hechos acaecidos en Francia, donde dos de los acusados que habían viajado a Barcelona a cargar droga abandonaron un vehículo con un cargamento de casi 500 kilos de marihuana, valorada en 250.000 euros, cuando gendarmes franceses les dieron el alto.
Asimismo, el seguimiento a otros de los acusados llevó a los investigadores hasta Torredembarra, donde uno de los acusados cargó droga en el domicilio de otro de ellos, y regresó a Erandio.
Allí, en el momento en que iba a entregar la mercancía a otro de los acusados la Guardia Civil intervino diez kilos de anfetamina y cinco kilos de cafeína con la que cortar la droga, sustancias valoradas en 400.000 euros.
Otro de los hechos que se juzga en esta vista es la recepción de un paquete procedente de Panamá que contenía 990 gramos de cocaína, valorada en 30.000 euros.
Los hechos enjuiciados tuvieron lugar en los años 2012, 2013 y 2014, y constituyen delitos contra la salud pública de sustancias que no causan grave daño, delitos contra la salud pública de sustancias que sí causan grave daño y delito de falsedad en documento oficial, por el uso de matrículas falsas.
La fiscalía considera que concurre la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal atenuante de dilaciones indebidas.
Las penas solicitadas por el tráfico de cannabis, delito de sustancias que no afectan gravemente a la salud, oscilan entre los tres años de prisión hasta los cuatro años de prisión, y las multas desde 3.000 a 300.000 euros.
En el caso de las penas pedidas por el tráfico de sustancias que sí afectan gravemente a la salud, la pena privativa de libertad va desde los cuatro hasta los siete años, mientras que la multa más baja es de 2.000 euros y la más elevada, de 600.000 euros.
Finalmente, por el delito de falsedad al emplear matrículas falsas, la pena solicitada es de dos años de prisión y 1.800 euros de multa.
