10 OCTUBRE 2017 /
Uno de los colectivos que más se ha significado en los últimos años en la defensa de la permanencia del edificio que alberga el Hotel Miramar ha sido el Colegio de Arquitectos de Cantabria.
En un momento en el que los trámites hacia la demolición del inmueble avanzan, hemos hablado en Castro Punto Radio con dos castreños: el decano de este Colegio, Ignacio Villamor y el arquitecto José Orruela, una persona que también ha defendido activamente el mantenimiento del edificio.
Para Villamor el asunto, a día de hoy, “está complicado porque parece que esta maldición va cumpliendo sus etapas”. Ha recordado cómo en enero de 2011 remitieron un documento a la Delegación del Gobierno en el que ya defendían la necesidad de mantener un edificio que “entendemos tiene unas virtudes y un valor arquitectónico que le hacen merecedor de seguir donde está”.
Una afirmación que comparte Orruela, al tiempo que también cree que “éste es un tema que parece maldito”. En este sentido ha explicado cómo “en otros países europeos sería un pecado que una administración pública tirase un edificio de estas características, con el valor que tiene. Cuando se supone que Costas debe velar por los derechos de los ciudadanos, acomete la demolición”.
Ha calificado de “penoso” que, habiendo pasado tantos partidos políticos por el Ayuntamiento, “el Miramar no tenga una sencilla figura de protección”.
Pese a la situación actual, tanto Villamor como Orruela han coincidido en que no dan el asunto por perdido y seguirán manteniendo encuentros con las administraciones competentes para tratar de evitar el derribo, “que es ahora lo más importante”. Han recordado cómo “se han tocado muchas puertas antes”, sin resultado, no saben si “por desidia, por problemas económicos o porque entienden que no merece la pena gastar esfuerzos en defender este edificio”.
Mantener la reivindicaciones “es lo único que creo que podemos hacer”, ha señalado Villamor, lamentando que “entiendo que no podemos llegar más allá”, ya que “lo demás compete a las administraciones”.
El Colegio de Arquitectos no ha planteado alternativas de uso del edificio acordes a la Ley de Costas porque “eso es algo que deben decidir las administraciones”. No obstante, Villamor entiende que “no sería complicado darle un uso distinto al de hotel para que se adapte a la normativa. Merece la pena reformar el inmueble y sus características le harían adaptable a cualquier uso público”.
En esta línea, Orruela ha recordado cómo “Castro no está sobrado de equipamientos públicos”.
Tanto Villamor como Orruela defienden que el edificio “dignifica el entorno en el que se ubica” y que la zona “está mejor con él”. Y es que “este edificio caracteriza el espacio en el que está y la playa será, probablemente, un espacio peor sin él”.
El decano del Colegio de Arquitectos, “no entiende lo de demoler por demoler. Habrá que derribar aquello que moleste pero, en este caso, puede ser reutilizado y creemos que el espacio está mejor con el edificio”.
Para terminar, Orruela ha hecho hincapié también en el hecho de que “si se evita la demolición, la administración se ahorrará unos 200.000 euros (coste del derribo) y es una cosa a considerar”.
