El Boletín Oficial del Estado publicaba el pasado 21 de febrero una nueva ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Como ha detallado en Castro Punto Radio el abogado de la Unión de Consumidores de Cantabria, Enrique Solís, “está destinada, como su propio nombre indica, a proteger a las personas físicas en su ámbito laboral, profesional o administrativo, de cara a posibles abusos que se puedan cometer contra ellos y también cuando se tenga la conciencia de que algo huele mal e intenten comunicar a la Administración pública una circunstancia que consideran irregular”.
Hasta ahora, “había miedo a sufrir algún tipo de represalia o porque este tipo de corruptelas se daban en un ámbito laboral que podía traer consecuencias”.
Y es que,” las vías de denuncia eran algo limitadas. Pasaban por acudir a la Policía, la Guardia Civil o el Ministerio Fiscal pero, si se abría un procedimiento judicial, el denunciante aparecía con nombres y apellidos. Eso coartaba de alguna manera emprender este tipo de acciones”.
Ahora, “se crea una figura independiente de protección al informante que es a la que se comunican esas posibles infracciones. Hay ciertas entidades obligadas a contar con este cauce de denuncia como las empresas, municipios, partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones”.
