17 ENERO 2018 /
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Santander ha estimado parcialmente la demanda presentada por la Junta Vecinal de Ontón frente a la reclamación del Ayuntamiento de Castro, que pedía la devolución de los 310.693 euros (232.907 euros más intereses) procedentes de la ayuda entregada a la junta en 2009 a cambio de sus infraestructuras del agua.
Esto supone que la junta deberá devolver prácticamente la mitad de lo que le reclamaba el Ayuntamiento: 166.415 euros correspondientes a los gastos que no ha podido justificar.
En su sentencia, el juez Juan Varea realiza una exposición de los antecedentes y del caso en cuestión, y habla de “caos del expediente”, donde a los “problemas de justificación” de la junta y la “falta de contestación” al requerimiento municipal, “se une el desorden total en la tramitación del expediente de reintegro, el tardío control de esa documentación y la dificultad para comprender los informes del interventor, que omite hasta 2016 una serie de documentos, algunos dados por válidos, y va cambiando de criterio sin explicar detalladamente por qué”, dice el juez.
El magistrado señala, ademas, que del convenio que regía las ayudas que concedía el Ayuntamiento “se deduce que la Junta Vecinal debía destinar el dinero a actuaciones nuevas sobre la gestión del agua”. Sin embargo, “los informes son oscuros y poco claros, pues inicialmente se admiten inversiones como válidas para luego rechazarlas por su objeto, sin que esté muy claro por qué, si bien subyace la idea de que no son inversiones”.
Varea cree que una pericial contable hubiera aclarado esta “caótica situación”. Pese a todo, señala que Ontón no ha justificado el montante total de la subvención, pero entiende que es “desproporcionado” el reintegro total del dinero, “pues tenía intención de cumplir, al menos en un volumen importante del gasto o más, si se atiende a la oscuridad del convenio en cuanto al destino de la subvención”.
