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OTAÑES NO DESCARTA PEDIR RESPONSABILIDAD CIVIL A SUS ANTERIORES GESTORES POR EL USO DEL DINERO QUE RECIBIERON POR LAS INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA

Santiago Berriolope en PR

17 JULIO 2015 /

El presidente de la Junta Vecinal de Otañes, Santiago Berriolópez, no descarta pedir la responsabilidad civil a los que gestionaban la junta en 2008, cuando se firmó el convenio con el Ayuntamiento por el que Otañes recibía 500.000 euros a cambio de la cesión de sus infraestructuras del agua.

Así lo ha asegurado en Castro Punto Radio después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria haya confirmado que el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Castro que amplió el plazo para que las juntas del municipio justificaran esas subvenciones concedidas en 2008, no es legal.

Tras reconocer que la sentencia “es un palo”, ha defendido que “no podemos diferenciar entre la entidad pública y la persona física que la está gestionando en ese momento”. Por eso, “no veo lógico que se reclame a la junta la devolución de dinero y a la persona que gestionó esa cantidad se le decrete una inhabilitación por una mala gestión”. Y es que, “no dieron tramite a la petición de la junta de la responsabilidad civil del dinero porque estábamos dentro de la prórroga que había concedido el Ayuntamiento para justificar esa inversión”. Ahora que el juez ha sentenciado que dicha prórroga no es legal la cosa cambia.

“El Consistorio lo que tiene que hacer también es buscar nombres y apellidos porque los que gestionaban la junta entonces hicieron unos trabajos sin proyecto, con fraccionamiento de obra y con órdenes de reparo que se pasaron por el forro. No sabemos en qué se gastaron el dinero ni cuanto”.

Al margen de esta parte del problema, Berriolópez espera que ni Otañes tenga de devolver el dinero al Ayuntamiento ni que la Administración municipal tenga que revertir las infraestructuras del agua. “Lo que hay que hacer es declarar nulo ese acuerdo de 2008 en el que consta que recibíamos una subvención a cambio de nuestras instalaciones del agua y cambiar la palabra subvención por indemnización”. De esta forma, las juntas tienen que seguir justificando sus gastos, como con todo, pero no tendrían un plazo cerrado para hacerlo.

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