La Junta Vecinal de Otañes, presidida por el socialista Jorge Cuevas Rodríguez, ha saldado la ‘deuda el agua’ que ha mantenido hipotecada a la entidad local menor desde hace más de una década por no haber justificado correctamente la ‘subvención’ otorgada por el Ayuntamiento de Castro Urdiales a cambio del traspaso de las instalaciones hidráulicas.
Cuevas asegura haber realizado “la gestión más importante y menos visible para la ciudadanía, el saneamiento de las arcas públicas, tras devolver al Ayuntamiento la cantidad total de 1.059.103,98 euros, correspondientes al capital, intereses y costas”.
Los primeros pagos parciales, finalizados este mes, comenzaron a realizarse en 2021. De forma directa, Otañes ha satisfecho un total de 861.453,06 euros provenientes de las explotaciones forestales, a los que se suman las cantidades indirectas de 197.650,92 euros correspondientes al embargo de la renta de unas de las propiedades de la Junta Vecinal y las aportaciones de los últimos seis años que cada ejercicio otorga el Ayuntamiento, en función del número de habitantes empadronados en la localidad.
El alcalde pedáneo reconoce haberse quitado un peso de encima, y lamenta haber estado hipotecado tantos años: “Con ese dinero se hubiera podido intervenir en la mejora del patrimonio: en la reparación directa del parque infantil tan demandado por los vecinos, la restauración del edificio de las antiguas escuelas de Otañes, obra del conocido arquitecto Eladio Laredo, o la rehabilitación integral del edificio de la Casilla, ubicado en la plaza del pueblo”.
INTERESES Y COSTAS JUDICIALES
Además, la situación ha sido más gravosa, ya que el capital de lo que el Ayuntamiento ingresó en 2008 a la Junta, cuando se cedieron las instalaciones del agua, ascendía a 533.928 euros, mientras que el resto hasta llegar a 1.059.103,90 euros corresponden a intereses y costas judiciales.
Jorge Cuevas ha destacado que “esta parte del dinero no se repercute en obras o infraestructuras para Otañes. No obstante, intentaremos negociar con el Ayuntamiento para que los intereses, que ascienden casi al total del capital, puedan revertirse de forma directa a la pedanía, aunque ya nos han adelantado que no es viable”.
El Ayuntamiento ha devuelto los 533.928 euros en obras en la pedanía:
– Las relacionadas con el cubrimiento del frontón.
– El derribo de las casas de la plaza.
– La reparación de la infraestructura del parque infantil tan esperado por la población más pequeña de Otañes.
– La reparación de la Casa de Juntas.
– Las aportaciones y subvención internet rural.
Cuevas ha explicado que “los ciudadanos, como es lógico, demandan infraestructuras, pero muchas personas desconocen que se debía esta cantidad de dinero tan elevada, a la que se ha podido hacer frente gracias a los recursos naturales para aprovechar, aunque no siempre concurren las mismas circunstancias”.
APORTACIONES ANUALES
El pago de la deuda permitirá que la Junta Vecinal vuelva a recibir las aportaciones anuales del Ayuntamiento, ayudas que no se han percibido durante casi una década, hasta que en 2020 se cambió el concepto de subvención por el de aportaciones que se repercutían en su totalidad para saldar la deuda.
No es la única ayuda que no se estaba percibiendo. Tampoco se ingresaba la correspondiente al servicio de internet rural, que ahora ya se cobrará en los próximos meses. Y es que la Junta Vecinal ya ha solicitado al Ayuntamiento la subvención de 9.000 euros de internet rural de 2025, con la justificación de las facturas de los gastos generados por el servicio.
DEUDA DEL AGUA
La deuda del agua se produjo en la legislatura 2007/2011 bajo el mandato del PRC. El Ayuntamiento firmó en abril de 2008 un convenio con la Junta Vecinal para gestionar el agua de forma directa y la subvencionó con la cantidad de 533.928 euros.
El dinero debía destinarse a cualquier inversión, salvo las relacionadas con la mejora de la red de agua potable. La Junta hizo caso omiso y además de ejecutar ese tipo de obras pagó facturas a la misma empresa por importe de 496.970,18 euros, entre agosto de 2008 y febrero de 2010, sin publicidad y de manera fraccionada incumpliendo la ley de contratos, al adjudicarse obras de forma directa.
