El concejal de Hacienda, Pablo Antuñano, ha explicado en Castro Punto Radio que el informe del Tribunal de Cuentas en el que se pone en cuestión la política de vivienda del Ayuntamiento de Castro, “es un anteproyecto y no un documento definitivo”. Para su elaboración “pidieron una serie de documentación al Consistorio que no se remitió todo lo completa que era necesario debido a la sobrecarga de trabajo que hay en el Departamento de Intervención”.
Con todo, “se han realizado alegaciones a este informe del Tribunal de Cuentas porque recoge una serie de inexactitudes en aspectos como, por ejemplo, el inventario, que sí está actualizado; o la venta de la parcela de Cotolino, que era de patrimonio municipal y el dinero obtenido se va a emplear, precisamente, a ampliar ese patrimonio con la construcción del teatro”.
En lo que no se equivoca el documento del Tribunal es en la falta de construcción de vivienda protegida en el municipio. Antuñano ha asegurado que “la última vez que se levantó una promoción de este tipo fue hace muchos años”. En este sentido, ha apuntado al Gobierno de Cantabria porque, “por mucho que diga el concejal del PP, Cristian Antuñano, que somos nosotros como Ayuntamiento los que debemos edificar, todas las VPO que hay en Castro las ha hecho el Ejecutivo regional. Precisamente para eso se creó Gesvicán, para que los municipios cedieran terrenos y las construcciones se canalizaran a través de este organismo regional”.
Ha insistido en que “el que tiene competencias y capacidad es el Gobierno regional, que construye además con los impuestos que también pagamos los castreños. Y se ha negado a aceptar las parcelas que cedía el Ayuntamiento para ello” y que, ha dejado claro, “se encuentran en condiciones urbanísticas para edificar mañana si se quiere”.
En este sentido, “me sorprende la poca autocrítica de los populares porque nosotros ofrecimos, en tiempo y forma, terrenos y no se incluyó a nuestro municipio en el plan regional de construcción de VPO con fondos europeos. Además, en la Conferencia de Presidentes, el Gobierno de España ofreció a Cantabria cantidades importantes de dinero para este fin y la presidenta regional se negó a aceptarlo por un boicot estúpido”.
En cuanto al párrafo del informe del Tribunal de Cuentas que recoge que “el Ayuntamiento de Castro Urdiales incumplió su deber legal de colaboración al no aportar gran parte de la documentación solicitada durante los trabajos de fiscalización y, como consecuencia, el Pleno acordó la imposición de una multa a la alcaldesa del municipio, Susana Herrán”, Antuñano ha señalado que “no hemos recibido notificación de sanción alguna y no tenemos conocimiento de la misma. Si llegara, habrá un periodo de alegaciones que también utilizaríamos”.
En el siguiente enlace se puede escuchar y descargar la entrevista a Pablo Antuñano:
