El pasado mes de junio ya trasladábamos la intención de la Diputación Foral de Vizcaya de implantar peajes para camiones de más de 3.500 kilos en varias de sus carreteras. La medida comenzaba a activarse ya el pasado 1 de febrero con la instalación de nueve arcos lectores de matrículas en la carretera a Vitoria que discurre por el puerto de Barazar (entre la unión de El Gallo y Ubidea) y otros ocho en la que va a Orduña (entre Basauri y Arakaldo).
En primavera está previsto también aplicar estos cobros por circular por el Corredor del Txorierri, por la N-636 entre Durango y Kanpazar y en la A-8 entre Bilbao y el límite con Cantabria.
Al respecto de esta nueva situación, hemos hablado en Castro Punto Radio con José Andrés Cianca, presidente de Asemtrasan (Asociación de Empresarios del Transporte de Cantabria). Ha lamentado que “esto es como las lentejas, o las quieres o las dejas”. Se ha referido a la “imposibilidad de abordar la manera de atajar esta situación porque el proyecto ha conseguido el beneplácito de la Unión Europea y porque el País Vasco tiene competencias sobre sus carreteras”.
El pretexto usado por la Diputación de Vizcaya para comenzar a cobrar ha sido “garantizar las condiciones óptimas de la red de carreteras. Supuestamente, el dinero recaudado se va a emplear en el mantenimiento de esas vías, pero dudo que sea así y entiendo que esto tiene un mero afán recaudatorio”.
Por otro lado, “argumentan que persiguen también que los vehículos pesados circulen por vías de alta capacidad en relación al tema de las emisiones pero, por ejemplo, cuando se implante en la A-8 desde Cantabria, si los camiones deciden circular por la nacional, se conseguirá mayor inseguridad en los núcleos urbanos cercanos, más molestias y retenciones”.
Los camiones que pasan por los arcos de control realizan el pagó por VIA-T, “aplicándose unos descuentos del 13% si se pasa por debajo del arco un número determinado de veces. Se añade un 20% sobre el importe neto a los vehículos más eficientes”.
Las tarifas a pagar en las carreteras done el sistema ya está implantado oscilan entre los 0,23 y los 8,9 euros. “Es un coste más añadido al sector, que ya está atravesando una situación muy complicada. No quedará más remedio que repercutirlo al cliente”, ha reconocido Cianca.
