28 AGOSTO 2018 /
El Pleno ha sacado esta tarde adelante, con los votos a favor de CastroVerde y PRC y las abstenciones del resto de grupos, la aprobación provisional de la Modificación Puntual Número 22 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que tiene que ver con la vinculación del coste del depósito de agua para abastecer a La Loma a los diferentes promotores de la zona.
El concejal de CV, Eduardo Amor, ha recordado cómo “en mayo de 2017 ya se aprobó en Pleno, pero la Comisión Regional de Urbanismo (CROTU) emitió un informe desfavorable”. Esto provocó que el Ayuntamiento presentara un recurso Contencioso Administrativo “que estaba próximo a resolverse”. Antes de que eso sucediera, “ambas administraciones, Ayuntamiento y CROTU, entendimos que se podía llegar a un acuerdo. Desde el Consistorio teníamos bastante claro que ese proceso judicial se iba a ganar, pero lo ideal era seguir con las tramitaciones referentes al depósito de agua lo antes posible”.
Con la aprobación de esta tarde, “se establecen las cuotas de reparto del coste a los diferentes promotores de la zona y, lo que se hace para responder a los requerimientos de la CROTU es, simplemente, cambiar el texto para que sea una modificación del estudio económico financiero del PGOU”. Del mismo modo, “se da potestad al acalde para ejecutar los trámites de retirada del Contencioso”.
El PRC, que también ha apoyado el punto, ha defendido que “siempre hemos dado la cara con respecto a este asunto y nunca nos hemos puesto de perfil”. Así lo ha señalado Emilia Aguirre añadiendo que “los vecinos de La Loma necesitan que solucionemos sus problemas y las abstenciones nunca han sido una solución”. Acudir a los tribunales “no es una solución rápida, pero sí ha hecho que las comunicaciones entre administraciones existan”.
Al margen de esto, se ha quejado de que “nos enteramos de la solución alcanzada con la CROTU por los medios de comunicación, cuando debería haberse celebrado una comisión o una Junta de Portavoces”. A esto, Amor ha asegurado que “no fuimos nosotros los que filtramos la noticia a los medios y, en cuanto la respuesta de la CROTU llegó al Ayuntamiento, lo llevamos a comisión”.
La portavoz del PP, Ana Urrestarazu, espera que, tras esta aprobación provisional, el informe de la CROTU sea favorable y, por tanto, “el acuerdo alcanzado entre administraciones sea efectivo”. Ha planteado, eso sí, dudas al respecto de “a quién se va a repercutir el coste del depósito que corresponde a constructoras de La Loma que han desaparecido o están en quiebra”, preguntando si “serán los vecinos de la zona los que deban abonar ese dinero”.
A esto, Amor ha respondido que “no se descarta la vía de repercutirlo a los vecinos, pero será lo que determinen los técnicos”. Ha señalado que “habrá que ver si hay avales y ejecutarlos. En caso de que no los haya, se irá a embargar las viviendas que esos promotores tengan vacías y, en último extremo, acudir a los vecinos. Ante las consecuencias judiciales que puedan tener sus viviendas, entiendo que hacer un pago será un mal menor”.
Alejandro Fernández, (PSOE) ha afirmado que “el desbloqueo de esta situación se está basando en el diálogo entre administraciones, que es precisamente lo que los socialistas pedíamos desde el principio”. Del mismo modo, “hemos reclamado el diálogo político en el Ayuntamiento, que apenas ha existido”.
Ha sido claro a la hora de afirmar que, en todo este proceso, “la CROTU y el Ayuntamiento han intentado echarse la culpa uno al otro, lo que ha tensado la cuerda entre administraciones, echando un pulso que no ha beneficiado a los vecinos”.
Amor también ha respondido a esto y, ante el anuncio del PSOE de que se iba a abstener en la votación, ha dicho que “absteniéndose no se soluciona ningún problema y aquí nos han puesto los ciudadanos para solucionar problemas”. A día de hoy, CV no entiende cuáles son las dudas del PSOE sobre este asunto “porque lo que os dicen los técnicos parece que no os sirve”.
La postura de los socialistas ha sido reprochada también por el PRC que no entiende “cómo pedís que se den soluciones, que haya diálogo entre administraciones y que todo salga adelante, pero luego os abstenéis”.
Demetrio García (MásCastro), que también se ha abstenido, ha defendido que “cada grupo tiene derecho a votar lo que quiera y yo no reprocho nada a nadie sobre lo que vota. Si no lo vemos claro, nos abstenemos”.
Una vez concluida la votación de este punto, el alcalde ha suspendido el Pleno por unos tres minutos después de que varias trabajadoras de la Residencia hayan mostrado una pancarta pidiendo “soluciones”. Ángel Díaz-Munío ha pedido que se retirara esa pancarta y ha suspendido la sesión hasta que se ha retirado:
SANCIÓN A UNA NAVE CONSTRUIDA DE FORMA ILEGAL
Se ha reiniciado la sesión con el punto relativo a la sanción de 15.001 euros que se ha impuesto al propietario de una nave de ganado construida en Otañes sobre suelo rústico de especial protección y sin licencia municipal. La nave pertenece a la empresa “Explotaciones Forestales Labella, S.L.”, propiedad de Santiago Berriolópez.
El asunto ha salido adelante con los votos a favor de CV, PRC y PSOE y las abstenciones del PP y MásCastro.
Amor ha explicado que el propietario de esta nave “realizó al Ayuntamiento una solicitud de informe de compatibilidad urbanística. Desde el Consistorio no se llegó a contestar pero, el ahora sancionado, siguió con la construcción”.
Se impone la sanción mínima, dentro de las consideradas muy graves, “porque el Ayuntamiento no fue diligente en contestar y, aunque ese informe de compatibilidad no le habilitaba para construir, sí podría haber agilizado la obtención de la licencia”.
Ha explicado también que, al margen de la sanción, la nave es legalizable y, de hecho, el expediente ya se encuentra en proceso de información pública. Después, “habrá que remitirlo a la CROTU que será la que diga si es legalizable o no”.
De forma paralela, está en trámites otro expediente sancionador que tiene que ver con el ensanchamiento de la vía verde de Alén, en un tramo de 165 metros, para permitir el acceso del tráfico rodado a la parcela en la que está ubicada la nave.
Al PP le “sorprende“ la “diligencia” con la que “multamos, cuando tardamos 22 meses en contestar a un informe de compatibilidad urbanística de la construcción de esa nave”. Los populares exigen “que se cumpla la Ley”, pero también que “el Ayuntamiento sea más diligente a la hora de responder a ciertas peticiones”.
En esta misma línea, Demetrio García ha justificado su abstención en “la duda sobre si se llega a informar a esta empresa, en tiempo y forma, hubiera hecho o no la nave”.
Eduardo Amor ha respondido que el sancionado “no ha pasado en 22 meses a informarse sobre cómo estaba la petición que había realizado. Por el contrario, empieza la obra y la acaba, con lo que no creo que tuviera mucho interés en informarse. Además, no creo que fuera desconocedor de que estaba sobre suelo rústico”.
También ha aludido a que hay técnicos que “tienen sobrecarga de trabajo” y, de ahí, que se haya dilatado tanto la respuesta a esa petición del propietario de la nave.
Un argumento que no le vale a Urrestarazu porque “hay otros técnicos que, por orden del concejal, dejan otros trabajos para agilizar otros expedientes sancionadores”.
Durante el debate de este punto, se ha ausentado del salón de plenos el concejal José Arozamena por tener familiares involucrados en el asunto.
EMERGENCIA SOCIAL
Con el único voto en contra del concejal del PP, Javier Muñoz, ha salido adelante la aprobación inicial de la modificación en la Ordenanza de Ayudas de Emergencia Sociales. El concejal de Asuntos Sociales, José Ángel Uriarte, ha explicado que “se trata de cambiar, a propuesta de los técnicos, una serie de términos en la redacción del documento. Se aumenta también, de dos a tres meses, el plazo para que los beneficiarios de ayudas justifiquen las mismas y se amplían un poco los importes de algunas de las ayudas”.
En este punto, los socialistas han hecho alusión a un aspecto que se introduce en la ordenanza y que “permite denegar ayudas a gente que lo necesita y que cumple los requisitos si no hay presupuesto”. Alejandro Fernández ha pedido que se retire este punto de la Ordenanza, a lo que Uriarte ha respondido que “es una inclusión que han hecho los técnicos. Si se agota el presupuesto para este asunto, se van a hacer modificaciones presupuestarias, como se ha hecho hasta ahora. Los Asuntos Sociales son una prioridad para nosotros”.
Ha informado también de que el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) “nos ha concedido una subvención de 15.000 euros para que contratemos a una empresa que haga un estudio de las necesidades sociales que hay en Castro, para ser más rigurosos a la hora de ajustar los presupuestos a esas necesidades”.
En el apartado de ruegos y preguntas, Muñoz ha explicado a qué se ha debido su voto en contra. Ha pedido que en los dictámenes del Pleno “no se incluyan las intervenciones de los concejales en las comisiones informativas porque las actas aún no están aprobadas. Una de mis intervenciones en esa comisión no está bien recogida y no puedo aprobar este punto, que incluye esa intervención que no se ajusta a la realidad”.
En materia de ayuda social, el Pleno ha aprobado, por unanimidad, la adhesión del Ayuntamiento a la Red de Apoyo a Personas y Familias en situación de emergencia social, que creó el Gobierno de Cantabria. “Es una herramienta para coordinar todas los recursos en Cantabria para personas en situación de emergencia social”, ha dicho Uriarte. Ha explicado también que la conforman, entre otros, “el Gobierno de Cantabria, entidades locales, entidades sociales sin ánimo de lucro, la Federación de Municipios de Cantabria o el Colegio de Trabajadores Sociales de Cantabria”.
Lo que se hace es “crear redes de apoyo a personas en cada zona, con protocolos de colaboración y la elaboración de un mapa de recursos en toda la región”.
ORDENANZA DE SUBVENCIONES DEPORTIVAS
También por unanimidad, se aprobaba definitivamente la Ordenanza de Subvenciones Deportivas, tras resolverse las alegaciones. El concejal del PSOE, José Sámano ha valorado que se incluyan, como los socialistas propusieron, “puntos a los clubes o asociaciones que realicen actividades para personas con discapacidad”.
PRESUPUESTO
Durante la sesión, se ha dado cuenta de la ejecución del presupuesto en el primer semestre de 2018 y de la liquidación del presupuesto en 2017. Sobre esto último, Amor ha explicado que el resultado contempla unos ingresos de unos 31 millones de euros y unos gastos de unos 27 millones. Ha dicho que se cumplen la regla de gasto, el límite de deuda y la estabilidad presupuestaria y ha añadido que se cuenta con un remanente positivo de Tesorería de 1.783.000 euros, “pese a que hubo que hacer frente a la sentencia de Ascan”.
RUEGOS Y PREGUNTAS
En el apartado de ruegos y preguntas, Guadalupe Liendo (PP) ha pedido que se haga un estudio de cómo se puede mejorar la Residencia Municipal y que se aplique a las trabajadoras “lo que se acordó cuando se firmó el convenio: que si mejoraba la situación económica del Ayuntamiento y de la Residencia, también mejoraría la suya”.
A esto el alcalde ha respondido que “una subida de sueldos está limitada por la Ley y no es posible”. Ha defendido que la Residencia “es una prioridad para nosotros y todo lo que pide el director en cuanto a mejoras, se está llevando a cabo”.
El socialista Alejandro Fernández, ha rogado que el Consistorio pida la subvención regional para la rehabilitación de fachadas y grupos de viviendas en el casco viejo. El equipo de Gobierno “está trabajando en toda la tramitación”, según el alcalde.
También el PSOE ha pedido que “se informe sobre vivienda en la próxima comisión del área porque, este tema no se toca desde que asumió el área Eduardo Amor”.
A otra pregunta de los socialistas sobre un plan estratégico para el municipio, Ángel Díaz-Munío ha señalado que “sigue no siendo una prioridad en este momento”.
Demetrio García ha preguntado en qué punto está un posible aumento de plantilla en la Policía Local. La respuesta ha sido que “hay que hacer una Oferta de Empleo Público y, para eso, hacen falta unos presupuestos y negociaciones con los sindicatos. Todo eso está muy difuso porque la situación de qué se puede incluir o no en la Oferta de Empleo Público está a debate entre los técnicos”.
A la sesión plenaria de hoy no han acudido Aitzol Zuazo (PP) y Susana Herrán (PSOE).
