25 SEPTIEMBRE 2018 /
El Pleno ha aprobado esta tarde, con los votos a favor de CastroVerde y PP y las abstenciones del resto de grupos (PSOE y PRC), el expediente para la contratación, mediante arrendamiento financiero, de la autoescala para los bomberos.
El alcalde, Ángel Díaz-Munío, ha recordado como se publicó, en la Plataforma de Contrataciones del Estado, un expediente anterior pero quedó desierto, no presentándose ofertas por parte de ninguna entidad financiera.
Esta situación obligó a “ponerse a trabajar en un nuevo expediente y en la redacción de pliegos técnicos y administrativos, introduciendo modificaciones para adaptarlo a la nueva Ley de Contratos”. De esta forma, “el plazo de amortización de la escala pasa de seis a cinco años y se aumenta un poco el coste del producto”.
Durante el debate, todos los partidos de la oposición han trasladado su apoyo a la adquisición de este vehículo, destacando su importancia. Sin embargo, han mostrado sus dudas al respecto de algunos de los contenidos del expediente y, más concretamente, en lo que tiene que ver con los informes del interventor.
Y es que, han recordado cómo en la comisión informativa, este asunto no se dictaminó porque el equipo de Gobierno alegó que no estaban preparados los informes del interventor y la secretaria. Tras esa comisión, desde la oposición se ha mencionado que “se incorporó un informe del interventor en el que se mencionaba la posibilidad de que hubiera un reparo si se dictaminaba”. Documento que “después desapareció para ser sustituido por otro en el que este técnico aseguraba que había podido revisar la documentación y que informaba positivamente, pero consideraba necesario un aumento del IBI del 1,35%, a partir de enero de 2019, para recaudar más y poder hacer efectivo el pago de la autoescala”.
Ante esta afirmación, PSOE, PRC y PP han pedido aclaraciones sobre si lo recogido en el informe del interventor al respecto del IBI “es una sugerencia o es vinculante y obliga a subir ese impuesto”.
A esto, el alcalde ha respondido que “yo no le doy más importancia, salvo que es una propuesta que él hace y que nosotros consideraremos o no. No condiciona a nada porque la decisión de subir impuestos es del equipo de Gobierno”. Preguntado sobre si habrá dinero para pagar este vehículo, ha señalado que “si habrá, acomodando los gastos al presupuesto, como se hace con todos los gastos del Ayuntamiento”.
El propio interventor ha corroborado que lo recogido en su informe sobre el IBI “no es vinculante, sino que se trata de una recomendación para que, al menos, se considere la posibilidad”. Ha dicho también que, algo parecido a esto, “aunque de forma menos precisa”, recomendó “en cuanto al pago del teatro auditorio” que se construirá en la parcela del antiguo cine-club Ágora.
También ha hecho aclaraciones con respecto al primer informe del expediente, al que hacía alusión la oposición, y que después fue sustituido por otro. “El primero se emite a la vista de que, en el punto del orden del día de la comisión, no se llevaba propuesta de resolución. Lo redacto a la espera de conocer la naturaleza de lo que se iba a llevar a Pleno. Viendo que en la comisión no se adoptó acuerdo alguno, lo sustituyo por el informe definitivo”.
A la edil socialista, Susana Herrán, no le han servido del todo estas explicaciones porque “lo que está escrito es lo que se lee”. Además, “el alcalde tampoco puede decir ahora si va a haber dinero o no. De eso deberá informar el interventor y certificarlo si es necesario”.
Los partidos de la oposición han defendido también la necesidad de haber llevado este asunto a una comisión monográfica o extraordinaria, “teniendo en cuenta la importancia del expediente, su contenido y las dudas al respecto”.
ORDENANZA DE MERCADILLOS
Por unanimidad, se ha aprobado inicialmente la modificación en la Ordenanza de Venta Ambulante. Unos cambios que, como ha explicado Virginia Losada (CastroVerde), pretenden “adaptar el texto a la normativa vigente” y, al mismo tiempo, abrir la posibilidad de cambiar de ubicación los mercadillos de los Jueveros y Oriñón. Y es que, “la ordenanza actual, establece como emplazamientos la plaza Hermandad de Las Marismas en Cotolino y La Alameda en Oriñón. Se propone que figure el casco urbano de ambas localidades como previsión de posibles cambios”.
Se ha referido también a la decisión del equipo de Gobierno de trasladar los Jueveros a la explanada frente al polideportivo Pachi Torre y ha defendido que se hace “porque existe una demanda ciudadana y de los propios mercaderes, para reactivar el comercio local del centro y para eliminar los problemas derivados de su actual ubicación, como anulación de dos viales en Cotolino, su situación junto a un parque infantil, los problemas de carga y descarga, las dificultades para acometer la limpieza o los retrasos que se producen en el Castrobús a su paso por la zona”.
El nuevo emplazamiento, “cuenta con un informe favorable de la Policía Local, los vehículos y los puestos de los mercaderes estarán dentro del recinto sin ocupar viales y es una explanada sin tránsito peatonal”.
Los partidos de la oposición se han mostrado conformes con la necesidad de modificar la ordenanza para adaptarla a las nuevas normativas de rango superior. Sin embargo, PP y PSOE, no están del todo de acuerdo con algunos de los argumentos esgrimidos por Losada al respecto de la idoneidad de la explanada frente al Pachi Torre. Dudan sobre “lo relacionado con la activación del comercio local” y esperan que la Policía vigile bien la zona y que los mercaderes no saquen los coches fuera “porque no hay un parque infantil, pero sí varios colegios y paso del Castrobús y otros autobuses”.
Por parte de PRC se ha pedido que “se cumpla el artículo 8 que dice que queda prohibida, en todo el término municipal, la venta ambulante fuera de estos supuestos previstos en la presente ordenanza”.
EXPEDIENTE SANCIONADOR
Del mismo modo que en el punto anterior, se ha aprobado por unanimidad un expediente sancionador por la ocupación de vía pública por un andamio sin autorización, en la calle Ardigales número 18. Como ha explicado Eduardo Amor, “la Comunidad de Propietarios hizo acopio de la vía pública sin permiso a finales de marzo. Mientras se montaba dicho andamio, todo el material estuvo en mitad de la calle. No se atendieron los requerimientos del Ayuntamiento y se abrió un expediente sancionador”. Se acuerda una sanción de 3.000 euros para la constructora, 2.000 euros para la dirección de obra y 1.500 euros para la Comunidad de Propietarios. “Al reconocer los hechos y aceptar la sanción, se pueden acoger a un descuento del 20% en el importe de la multa”.
MODIFICACIÓN DEL PLAN NORMATIVO
También por unanimidad se ha aprobado la modificación del Plan Normativo 2018, en el que se incorporan aquellas ordenanzas o reglamentos que se pretendan modificar o crear. Losada ha detallado que “se modifican dos ordenanzas y se introduce un nuevo reglamento”.
En concreto, se modifica la ordenanza de cesión de locales municipales “para ampliar el plazo de cesión, que es de un año, y corregir algunas incongruencias que hay en el texto”. Se cambia, del mismo modo, la ordenanza de venta ambulante para introducir lo relativo a cambios de ubicación de los mercadillos.
Por último, se introduce un nuevo Reglamento de la Jornada de Trabajo No Presencial en el Ayuntamiento mediante teletrabajo.
RECURSOS DE ALZADA RELACIONADOS CON BOMBEROS
Con el voto a favor de CastroVerde y las abstenciones del resto de grupos, se ha acordado desestimar el recurso de alzada interpuesto por el bombero Pedro Luis Mora, reclamando el abono de los festivos y la productividad del año 2014. Como ha explicado el alcalde, “se contesta por los técnicos y se inadmite por haberse dictaminado otra resolución expresa al respecto”.
En este punto, la edil del PP, Ana Urrestarazu, ha preguntado si esa resolución expresa a la que ha hecho alusión Díaz-Munío, “que dice cuánto y cómo tiene que cobrar los festivos, se está aplicando al bombero”. El alcalde ha respondido que “sí se le están pagando”. No así la productividad, que los bomberos no cobran.
La oposición ha planteado dudas sobre lo que se iba a votar “porque no sabemos cuántos recursos ha presentado este bombero ni los que se van a desestimar o quedan pendientes de informar”. Tras un largo tiempo de aclaraciones por parte de la secretaria y de ordenar papeles, se ha procedido a la votación. No obstante, PP, PSOE y PRC han reiterado la necesidad de convocar el Consejo Rector de Bomberos “donde se puedan debatir y tratar de poner solución a todos estos asuntos”.
El siguiente punto del orden del día tenía que ver con otro recurso de alzada presentado por el bombero Iván García, a título personal y como representante del sindicato APLB (Asociación de Policía Local y Bomberos). En este caso, interponía un recurso a las bases que regían el concurso para cubrir, de forma transitoria, a un cabo en caso de ausencia temporal. El Ayuntamiento establecía una bolsa provisional de bomberos que, de forma voluntaria, desempeñaran las funciones de cabo en ausencia de éste.
Este bombero entendía que el proceso no era el adecuado y proponía un concurso-oposición o recurrir a una bolsa de trabajo, que alegaba que se creó en su momento.
La secretaria ha contestado este recurso, según el alcalde, señalando que “no hubo tal bolsa y que el concurso-oposición requiere de una Oferta de Empleo Público”. Por tanto, se desestiman las pretensiones del bombero.
CONVENIO URBANÍSTICO
Con las abstenciones del PP y PSOE, se ha resuelto remitir al Consejo de Estado la revisión de oficio de un convenio urbanístico, firmado en 2002 entre el Ayuntamiento, Pablo Madariaga y Lucila Torres, para proceder a declararlo nulo.
Recordamos que el acuerdo firmado en su día, pretendía hacer una permuta para que el Ayuntamiento pudiera obtener parte de unos terrenos en la zona del Cementerio de Ballena para desarrollar un parque urbano a cambio de los aprovechamientos urbanísticos que iba a obtener en el SUP 5 (La Loma).
El desarrollo del Plan de Ordenación del Litoral (POL), como explicó en su momento Eduardo Amor, “afectó a ambos terrenos y ya no se podían desarrollar urbanísticamente, lo que imposibilitó que la parte privada pudiera construir nada en lo cedido por el Ayuntamiento”. Llegados a este punto, “el objeto del convenio no se ha podido cumplir y para poder regularizar este asunto se ha examinado el expediente y se da la circunstancia, además, de que cuando se suscribió el convenio en 2002 se hizo por Alcaldía cuando, en esa fecha, ya estaba en vigor la Ley del Suelo que establecía que debía hacerse por el Pleno”.
Lo que se hace ahora es resolver el recurso presentado por la parte implicada en el expediente que, “se remite a la reclamación patrimonial puesta en su día y ya resuelta judicialmente”, ha dicho Amor. Se desestima y “se eleva el acuerdo al Consejo de Estado para que el Ayuntamiento pueda declarar nulo el convenio”. A partir de ese momento, “habría que ver si se devuelve el terreno, si se firma otro convenio o lo que sea”.
El primer punto de la sesión, que tenía que ver con la renovación de inversiones en el servicio de Residuos Sólidos Urbanos y limpieza viaria, se ha retirado del orden del día “porque aún no hay informe del interventor”, ha informado el alcalde.
En la sesión plenaria de hoy no han estado presentes, Aitzol Zuazo (PP) y Demetrio García (MásCastro).
Mañana miércoles, tras el informativo matinal de las 8:15, pueden escuchar el audio completo del Pleno celebrado esta tarde. En el 88.2 y 105.6 FM y en www.castropuntoradio.es
