El pleno extraordinario celebrado esta mañana, a petición del PRC, ha aprobado la propuesta de los regionalistas de revocar el decreto que firmó en junio de 2020 el concejal de Urbanismo y que daba por cumplido e convenio con Eroski a cambio de 84.000 euros en compensación por la no construcción del centro comercial que se preveía en el convenio firmado en 2001.
Ha salido adelante con los 9 votos a favor de PRC y CastroVerde, 8 en contra de PSOE y Ciudadanos y 4 abstenciones de PP y Podemos.
La propuesta del PRC pedía:
1-Instar a la Alcaldía para que resuelva de forma inmediata la suspensión de los efectos del acto dictado por el concejal delegado declarando el cumplimiento del convenio y, previa la tramitación que proceda, se revoque el mismo por nulidad, entendiendo, si fuese preciso, este acuerdo como recurso.
2-Instar a la Alcaldía a que, previos los trámites correspondientes, entre los que se encontrarán los informes de la Secretaría y de la Intervención, someta a este Pleno la decisión sobre el cumplimiento del convenio. A estos efectos, los informes técnicos a emitir en el expediente, habrán de valorar el valor económico de lo entregado por las partes para el caso de resolución del contrato.
3-Remitir cautelarmente el expediente al Tribunal de Cuentas a los efectos de garantizar , en su caso, la indemnidad de las arcas públicas y asegurar, si procediere, la responsabilidad de los concejales y funcionarios que pudieran haber participado
Para la edil regionalista, Carla Urabayen, “es demencial porque se ha dejado que una empresa privada pase por encima del interés general”. Ha hablado del “incumplimiento del convenio que afecta al principal objeto del mismo, que no era construir un supermercado con gasolinera, sino un centro de ocio y comercial. Y no se han buscado fórmulas para que eso se haga, como las obras de encauzamiento del río, incluir las obras en otras parcelas o que dentro del edificio actual de Eroski se ubiquen los locales comerciales. Pero está claro que el interés que prevalece no es el de los castreños, sino que se premia a la empresa, a la que se exime del cumplimiento del convenio a cambio de 84.000 euros, cantidad irrisoria”.
Los regionalistas han hablado también de “quebranto para la Hacienda local” y han criticado que ese decreto que firma en junio el concejal de Urbanismo dando por cumplido el convenio a cambio de esos 84.000 euros “se firma de forma oscura, sin darle publicidad y sin opción de participación por parte de todos los grupos políticos”.
Eduardo Amor (CastroVerde) ha recordado cómo “en 2001 se firma ese convenio, defendiendo un determinado interés general, consciente de que había una necesidad de una dotación para los ciudadanos, como eran unos minicines y centro comercial. Se llegó a un acuerdo con una empresa que iba a adquirir una parcela industrial en Brazomar por el que el Ayuntamiento recalificaba el suelo de industrial a comercial para que Eroski construyera el hipermercado y la gasolinera, con un centro comercial como objetivo municipal principal. Han pasado casi 20 años y el equipo de Gobierno pretende ahora darlo por cumplido sin que se haya cumplido precisamente la cláusula principal que motivó el convenio”.
Si se da por cumplido “se renuncia a cualquier posibilidad de que se lleve a cabo el centro comercial. No se ha intentado que se cumpla esa parte y directamente se ha ido a una valoración de 84.000 euros y, con eso, se entierra cualquier posibilidad de que se desarrolle el objetivo principal del convenio”. Según Amor, “hay espacio para hacerlo y esa posibilidad se ha desestimado sin ninguna explicación. Hay que luchar porque el convenio se pueda cumplir, con los resquicios que queden”. En este sentido ha recordado que “la última modificación del convenio se publicó en enero de 2017 dando cinco años para poder reclamar a Eroski que se ejecute esa parte del convenio incumplica. Por tanto, hasta enero de 2022”.
Ha criticado que “todo el expediente está plagado de errores administrativos, se ha intentado ocultar el decreto y, si no fuera porque CV lo sacó a la luz, probablemente no se hubiera hablado de ello. No ha habido intención de que saliera a la luz”.
Con todo, comparten con el PRC la necesidad de que “se revoque el decreto y el asunto se someta a la consideración del pleno porque es el competente sobre convenios y sus modificaciones”.
Para Alejandro Fernández (PSOE) “el PRC ha solicitado el pleno de hoy en un nuevo intento de macha la reputación y el trabajo del equipo de Gobierno y de volver a poner en entredicho la labor intachable de los técnicos, mientras se erigen en portavoces del interés general”.
Los regionalistas “dicen que algunos informes técnicos no defienden el interés general, sino el privado y se basan en hechos que no son reales. No es verdad que hayan conocido por la prensa el decreto por el que se entiende cumplido el convenio porque el 14 de febrero ya estaba la información en el sistema informático del Ayuntamiento y se dio cuenta en el pleno de ese mes sin que nadie del PRC dijera nada al respecto”.
Posteriormente, en junio, “se firmó ese decreto por el que se daba por cumplido el convenio y tuvieron disponibilidad de consultarlo. Pudieron presentar un recurso en tiempo y forma si no estaban de acuerdo. No lo hicieron y ahora es una resolución firme”.
Para el PSOE “tampoco tienen razón cuando dicen que se renuncia a la construcción de un centro comercial a cambio de 84.000 euros. Se retuerce la realidad y los 84.000 son una indemnización en compensación de la preferente incorporación de establecimientos comerciales castreños a ese centro comercial cuya construcción, a día de hoy, es imposible porque la Confederación Hidrográfica ha dicho que incumple la Ley por situarse en zona inundable de flujo preferente. Ya no se puede encauzar el río porque la ley cambió”.
Fernández ha defendido que “lo que sí dice el decreto es que se mantienen de forma indefinida ciertos compromisos, como la zona verde juntos al río, contratación en el supermercados de trabajadores de Castro en un 70% al menos, e involucrarse en la vida cultural del municipio con acciones todos los años”. Ha añadido que “para nada se renuncia a que pueda haber un centro comercial, pero vamos a hacerlo allí donde no sea ilegal, lo contrario de lo que pretende el PRC, al que parece que no le importan las leyes y sólo el discurso populista contra el equipo de Gobierno”.
Sobre la afirmación de los regionalistas de que la actuación del Gobierno es “de extrema gravedad”, Fernández ha insistido en que “sólo se ha incumplido lo que legalmente no se puede hacer”. Al mismo tiempo, “el informe del interventor viene a decir que no existe ese quebranto económico para las arcas municipales del que habla el PRC y que las cosas se han hecho bien”.
Si los regionalistas “siguen considerando que se ha dañado a las arcas públicas pese a todos los informes técnicos que lo avalan, que vayan al juzgado o al Tribunal de Cuentas”.
Por todo, “pedimos al PRC que retire el punto y no sigamos con este sinsentido”.
En la misma línea, José Mari Liendo, concejal de Ciudadanos, ha dejado claro que “es la empresa la que solicita que se resuelva ya el convenio. Se solicitan todos los informes y queda claro que es inviable por la ley hacer el centro comercial”. Para la formación naranja, por parte de PRC y CV “se intenta malmeter y esos 84.000 euros no dejan de ser una compensación”. Ha recordado que el convenio se revisó en 2016 y mira si no se pudieron meter todas las estipulaciones para que no hubiera prescrito, pero no se hizo. La Administración trincó los 240.000euros y echó a correr. En ningún momento se veló por pedir informes ni se intentó negociar un espacio temporal más amplio para ese desarrollo. No se marcó un plazo de ejecución concreto”.
Por parte del PP, Ariane Krug ha explicado que “la prescripción del cumplimiento del convenio es de 15 años y prescribió en abril de 2016. No obstante fue revisado con el objetivo de cumplir los acuerdos que faltaban y el compromiso de solventar los problemas de inundabilidad. Pero es que se modificó la legislación, imposibilitando la construcción de ese centro comercial. No se puede obligar a la empresa a cumplir algo cuyo plazo esta prescrito y menos si va en contra de la legislación vigente”.
Ha recordado también que “hubo un plazo para recurrir el decreto sin que ninguna parte se haya valido de él”.
Para terminar, Alberto Martínez, edil de Podemos, ha afirmado que “vemos que hay dudas sobre el plazo para recurrir, los informes técnicos avalan lo que se está haciendo por parte del equipo de Gobierno, desde 2016 el cambio legal imposibilita que se cumple el convenio, al menos como estaba establecido; y las alternativas serían complicadas”.
Sin embargo, “si nos parece que para el periodo entre 2007 y 2016 hay vías de reclamación”, por lo que “somos favorables a no cerrar esa puerta”.
