El pleno ha aprobado por unanimidad imponer una sanción de 69.000 euros a la empresa ALSA, adjudicataria del Castrobús, por incumplir el pliego de condiciones, al no renovar los autobuses urbanos ni colocar los paneles informativos en las marquesinas.
Alejandro Fernández, concejal del PSOE, ha insistido en que “ambos compromisos han sido claramente incumplidos por la empresa, y por ello ya se le sancionó hace un año. Ahora volvemos a traer una propuesta de sanción, en este caso de 69.000 euros”. Ha defendido que “vamos a hacer cumplir el contrato y defender los intereses del Ayuntamiento”.
Carla Urabayen (PRC) ha lamentado que “estamos en la misma situación que el año pasado, con el agravante de que el equipo de Gobierno no ha sabido poner solución al problema”. Viendo “la poca agilidad con la que encaran esto, nos tememos que el año que viene volveremos a discutir de lo mismo. Con suerte para los usuarios del autobús, para el año que viene será otro partido el que gobierne y se ponga al frente de esta situación”. La empresa “ha manifestado su estado de insolvencia y ha dicho que sólo puede pagar las nóminas. Con todo, el incumplimiento se alargará los 7 años que quedan de contrato y, por tanto, hay que tomar una decisión definitiva cuanto antes, en relación a rescindirlo”.
En este sentido, “la cuantía de una nueva licitación es algo que preocupa al PRC porque, evidentemente, sería mucho más cara para el Ayuntamiento y como el equipo de Gobierno se lo ha gastado todo, la pregunta es qué pasaría con ese contrato”.
Eduardo Amor (CastroVerde) coincide en que “está de manifiesto que la empresa no está cumpliendo el contrato desde hace tiempo. El Ayuntamiento lo ha suscrito para que se dé un servicio en condiciones y no para imponer sanciones”. Cree esta formación política que “se ha actuado tarde y confiamos en que se tomen medidas a medio y largo plazo con consenso entre los partidos, porque esto va a durar mucho tiempo y es un servicio esencial para los ciudadanos”.
Ana Urrestarazu (Partido Popular) también ha puesto de manifiesto que “este contrato viene dando problemas desde que nació. La empresa no ha cumplido el pliego y seguiremos imponiendo sanciones hasta que se pueda tomar otra decisión. Estamos hablando de un presunto chantaje por parte de la adjudicataria, a la que le interesa más la rescisión del contrato teniendo en cuenta los precios que se manejan del combustible. El equipo de Gobierno parece que no está contemplando esa posible resolución del contrato y habrá que poner esto encima de la mesa”.
El concejal de Ciudadanos, José Mari Liendo, entiende que, “ante un incumplimiento de contrato, procede incoar expediente sancionador”. También ha dicho que “cuando se toman decisiones, hay que poner en la balanza los pros y contras. Muchas veces parece que procede rescindir el contrato, pero también hay que mantener el servicio. Habrá que buscar las vías para mejorar el servicio y estar unidos ante la situación que tenemos”.
Alberto Martínez (Podemos) se ha pronunciado también sobre la idoneidad de rescindir el contrato y ha señalado que “hay dudas, entre otras cuestiones, acerca del sobrecoste y la dificultad de un nuevo pliego. No es una solución ni a medio ni a corto plazo y nos hace falta consenso. Lo ideal sería que, conjuntamente como Corporación, nos unamos para una posible solución”.
A todo esto, Alejandro Fernández ha dejado claro que “lo más importante es garantizar que los castreños tengan el servicio de transporte público. Se ha trabajado para que se garantice su prestación, y se ha perseguido a la empresa y exigido, con los expedientes sancionadores correspondientes, para que cumpla lo que dice el contrato”.
Ahora “se abre un nuevo debate sobre rescindir el contrato. Hay que hablar de ello porque tiene pros, pero muchos contras. Tenemos que tener claros los escenarios para preocuparnos de garantizar el servicio. Eso se hace a partir de tener todos los informes jurídicos para saber cómo actuar legalmente y cuáles podrían ser las consecuencias. Y hacerlo entre todos, decidiendo cual es la mejor manera de actuar”.
Y es que, “para sacar una nueva licitación, hay que publicarlo con un año de antelación en el Boletín Oficial de la Unión Europea. A partir de ahí, puede llevar años una licitación de este tipo si por lo que sea entra en reclamaciones de empresas. Lo hemos vivido la legislatura pasada”.
