El Pleno ha aprobado, con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos y PRC, y las abstenciones de PP, CastroVerde y Podemos la modificación del contrato de gestión de limpieza urbana, recogida y transporte de residuos.
José Mari Liendo, concejal de Medio Ambiente, ha recordado que el contrato se formalizó en 2010, y desde entonces, “ha habido muchos cambios en el municipio, incluido un incremento poblacional. Debemos proveer de los mejores servicios que podamos a los ciudadanos y creemos que en éste hay que hacer especial hincapié”.
Esta modificación “está enfocada fundamentalmente al barrio de Cotolino y a las Juntas Vecinales, las zonas donde ha habido un mayor aumento residencial. En Cotolino pretendemos una ampliación en el barrido manual y mecánico y en las pedanías refuerzo del trabajo con dos brigadas distintas”.
Se incluye también “la limpieza del Solárium y la playa de Oriñón, que hasta ahora se contrataban de forma independiente. Del mismo modo, la incorporación de sopladores eléctricos para el centro urbano con el fin de mitigar el ruido”. La gestión del nuevo contrato “tiene un valor de 439.000 euros y la generación de 11 unidades de trabajo, 7 de ellos fijos durante todo el año”.
La alcaldesa, Susana Herrán, ha añadido que “esto es algo muy necesario y siempre hemos apostado por un servicio igual en el centro y en las juntas vecinales. Creemos que ahora se solventan los problemas en aquellas zonas donde el servicio no se prestaba de manera correcta”.
La regionalista Carla Urabayen se ha mostrado de acuerdo con que “se actualicen los contratos”, pero se ha quejado de que, “se incluye un servicio añadido en el centro, por 41.400 euros anuales, porque se prevé un aumento de personas y necesidades una vez se hagan el teatro y el nuevo Centro de Salud (junto al polideportivo Pachi Torre). Nosotros entendemos que no va a ser necesario, al menos durante varios años, y seguramente acabará la vigencia de este contrato de limpieza sin que se acaben las obras de esos dos edificios. Quedan 5 años de contrato y este apartado supondrá 210.000 euros que entendemos que no se deben abonar porque ahora ese servicio no es necesario”.
El PRC se ha preguntado también “cómo vamos a pagar 439.000 euros anuales de incremento del contrato cuando solo hay 328.000 euros de fondos propios”.
Eduardo Amor (CastroVerde) ha lamentado que “se da carta blanca al aumento en un contrato cuando no sabemos si se tenían que estar ya prestando parte de los servicios que se están incluyendo en esta modificación”. Para Amor, “no se ha hecho un trabajo serio para haber negociado mejoras sin tirar de chequera, que parece que es lo único que se sabe hacer”.
El Partido Popular, por su parte, ha hablado de “falta de previsión porque, cuando se firmó el contrato, el Centro de Salud y los Juzgados en Cotolino ya existían, la parcela para el instituto estaba ya cedida y ya se veía que Cotolino estaba creciendo. Todo esto se tendría que haber previsto a la hora de redactar el contrato”, ha dicho Ariadne Krug.
Podemos reconoce que “muchas de las propuestas nos parecen oportunas”, pero Alberto Martínez ha señalado que “tenemos dudas sobre el cumplimiento del contrato actual, que deberían comprobarse”.
La alcaldesa ha defendido que “se hace un seguimiento escrupuloso por parte de los técnicos del cumplimiento del contrato” y que “se ha hecho un trabajo serio para ampliar el servicio de limpieza”. Ha añadido que “se recaudan impuestos para que reviertan en una mejora de los servicios”. Los que no apoyen esto “¿están en contra de que se mejore la limpieza? No entiendo nada”.
BONIFICACION IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES
Por unanimidad, ha salido adelante una bonificación del impuesto de Construcciones y la Tasa Urbanística para una obra recogida en el Informe de Evaluación de Edificios.
USO DEL DOMINIO PÚBLICO POR EMPRESAS ENERGÉTICAS
Con la única abstención de CV, se ha aprobado inicialmente la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local con instalaciones/redes de transporte de energía eléctrica, gas e hidrocarburos.
Como ha detallado el concejal de Hacienda, Pablo Antuñano, se propone “aplicar una tasa de uso de espacios de dominios público a las empresas energéticas, lo que supondrá recursos económicos para el Ayuntamiento y, sobre todo, para las juntas vecinales”.
Urabayen teme que “las juntas no van a cobrar en 2022. No habrá dinero para ellos el próximo año porque, si a duras penas va a llegar el Ayuntamiento a incorporar esta ordenanza antes de que acabe el año, los tiempos no dan para que las pedanías puedan replicar esta ordenanza y aprobar las suyas antes de 2022. Esto se llama falta de previsión y de interés por querer hacer bien el trabajo. Un ejemplo más de la desidia con la que trabaja este equipo de Gobierno”.
En esta línea, Virginia Losada (CV) ha recordado que “el Ayuntamiento no puede cobrar tasas por un suelo que no le pertenece, por lo que la juntas deberán elaborar sus propias ordenanzas para sus terrenos”.
Podemos apoya la creación de esta ordenanza, aunque “lamentamos el tiempo perdido”.
Antuñano ha respondido que “de lo que nosotros somos responsables es de que esta normativa esté en el Ayuntamiento. Aun así, se le ha dado la información al secretario interventor de juntas para que, en la medida de lo posible, se elabore en las que tengan terrenos afectados por estas instalaciones, que principalmente son Sámano, Santullán, Mioño e Islares. Serán los alcaldes pedáneos los responsables de llegar a tiempo”.
Una afirmación que ha sorprendido al PRC porque “parece que usted sólo gobierna para los ciudadanos del casco urbano”.
