Con el voto de calidad de la alcaldesa de Castro, Susana Herrán, el pleno municipal ha aprobado el expediente de enajenación de una parcela municipal en Cotolino por un importe de 4,7 millones de euros, fondos que servirán para la construcción del nuevo teatro en la zona del polideportivo Pachi Torre.
Han votado a favor los nueve ediles del PSOE, Ciudadanos y Podemos, se ha abstenido el Partido Popular y se han mostrado contrarios los nueve del PRC y CV.
Pablo Antuñano, concejal de Hacienda, ha explicado que con esta venta se pretende “dar cobertura a una infraestructura muy necesaria, el futuro cine-teatro, que pronto pasará a ser patrimonio municipal. Un espacio cultural acorde a las necesidades del municipio”. Una inversión “muy importante” para Castro. Para que sea una realidad, “desde Alcaldía se están manteniendo reuniones con el Gobierno de Cantabria para definir la redacción de los pliegos del proyecto. Será a través de un concurso de ideas donde todos podamos dar nuestra opinión”.
En definitiva, “seguimos trabajando en un objetivo y compromiso que adquirimos con los castreños y es con los que debemos cumplir”.
Pedro Fuste (PRC) ha asegurado que “se saca a subasta una propiedad municipal para después hacer un macroteatro. Y se hace en el peor momento económico”. Ha afirmado que, “según la última valoración, realizada en 2019, se enajena por 4,7 millones y estoy seguro de que son datos que ahora no tienen sentido y se debería haber hecho otra valoración más actual, porque son cifras de antes de la pandemia”.
Todo ello “con un único fin electoralista para tapar su mala gestión de estos años. No es de recibido que entreguemos 4,7 millones sin saber de dónde saldrá el resto de la financiación hasta los 12 millones que costará”.
Para Eduardo Amor, edil de CastroVerde, “esto es una huida hacia adelante para justificar el error, desde nuestro punto de vista, de haber echado abajo el convenio ya firmado para construir el teatro del Ágora, que no sé porque se usó de arma arrojadiza contra el gobierno de CV, y de refilón al PRC”. Lo que quiere hacer el Gobierno ahora “cuesta 12,5 millones y no salen las cuentas y lo único que será esto es un arma electoral”. Además, “en el hipotético caso de que se hiciera, el coste de su mantenimiento sería altísimo”.
Se venda o no la parcela, “no da ni de lejos para el teatro que se quiere construir”. Por eso ha pedido que “se retome lo del Ágora. Si han cometido un error, hay tiempo para reconducir la situación”.
Ana Urrestarazu (Partido Popular) ha recordado como en la legislatura 2011-2015 “el PP intentó en dos ocasiones enajenar esta parcela. En 2011 se valoró en 5,6 millones y en 2014 en 2,8. En las dos ocasiones quedó desierta la venta. Por lo tanto, como tiene una finalidad concreta, que es el teatro, el PP no se va a oponer por coherencia cuando nosotros lo intentamos en dos ocasiones”.
Además, “en nuestro programa electoral defendíamos la construcción de un teatro acorde a las necesidades del municipio junto al Pachi Torre”.
Lo único que ha echado en falta “es que la valoración de la parcela está hecha en 2019 y desde entonces ha habido una pandemia. No sabemos si la valoración es la correcta o si los precios de las parcelas han bajado o incluso subido, porque en Castro el valor de los inmuebles está se está incrementando”.
Al respecto, el concejal de Ciudadanos, José Mari Liendo, ha defendido que “la subasta pone un precio de partida y, a partir de ahí, veremos hasta donde llegan los que pujen por ella. No es tan importante el importe de salida, sino hasta dónde se llegue en la subasta”.
Sobre el fin de esta enajenación, “creemos que hay que dotar a Castro de los equipamientos acordes a las necesidades y no quedarnos en pequeños proyectos que solo salvan la cara de alguna persona en concreto”.
Alberto Martínez (Podemos) ha recordado que “hace un mes apoyábamos unos presupuestos que contenían la venta de esta parcela y, por coherencia, seguimos en esa línea. Sin entrar si es mejor el que se plantea ahora o el del Ágora, lo cierto es que para tener uno más pequeño se puede habilitar el auditorio del polideportivo de Sámano, algo que siempre hemos defendido. De hecho, insistimos en que hay que acondicionarlo para que funcione mientras se construye el nuevo teatro”.
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS
Con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos, CastroVerde y Podemos y las abstenciones de PRC y PP, ha salido adelante la aprobación de reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 16.000 euros.
Como ha explicado Antuñano, “recoge una serie de facturas que se presentaron en el registro del Ayuntamiento en un año diferente al de su emisión. Un error achacable al tercero, pero tenemos obligación de efectuar esos pagos que son, en concreto, de servicio de procuradores que el Consistorio necesita en los distintos procedimientos judiciales”.
Fuste ha criticado que “se hacen estos servicios sin contrato y es totalmente inadmisible”. Ha reconocido que “los precios del servicio están regulados por porcentaje máximo de disminución, pero eso no quiere decir que no se deban sacar a licitación”. En cualquier caso, “no nos podemos oponer porque se comprueba que los servicios se han prestado y sería un enriquecimiento ilícito de la administración”.
Amor ha señalado que “estamos de acuerdo en que el Ayuntamiento se ha beneficiado de esos servicios y no queda otra que pagarlos. Todos los que hemos estado en el Gobierno sabemos que muchas veces no es algo que sea controlable por el equipo de Gobierno”. Ha añadido que “desde que yo estoy en el Ayuntamiento nunca hemos tenido advertencia de que hubiera que hacer una licitación para los servicios de procurador, pero si hay que hacerla, pues que se haga”.
Por su parte, Urrestarazu se ha pronunciado en la misma línea y ha afirmado “que siempre ha habido problemas de este tipo y reconocimiento de crédito. Es la primera vez que se advierte que hay que hacer una licitación y habrá que hacerla”.
José Mari Liendo ha defendido que “ha quedado bastante aclarado lo que se pretende. Son situaciones que llevan tiempo produciéndose, con la novedad de la advertencia del interventor y entiendo que todos los departamentos estamos trabajado en acogernos a las normas que se nos indican. Creo que a futuro todo nos esforzamos para ir por esos mecanismos que entendemos debemos de cumplir”.
Alberto Martínez ha indicado que “éste es uno de los varios expedientes de este tipo que estamos viendo en los últimos tiempos. Nos parece correcto este trabajo de regularización para solventar ciertos problemas”.