En la jornada de ayer se registraban en el Ayuntamiento dos escritos relacionados con la aprobación de la modificación puntual número 23 del Plan General de Ordenación Urbana. Esto es, el cambio de uso de la parcela en la que se ubica la fábrica de Lolín para instalar allí un centro comercial.
En uno de los documentos, firmado por todos los concejales del PRC, salvo Jesús Gutiérrez, y por los ediles de CastroVerde, se defiende que esa modificación cuenta con informes favorables de Costas y de la CROTU y se solicita la celebración de un pleno extraordinario al que se lleve la aprobación definitiva de este punto.
Sobre este tema, el concejal de Podemos en el Ayuntamiento, Alberto Martínez, ha señalado en Castro Punto Radio que “los dos escritos de ayer forman parte de un plan orquestado porque lo único que le importa y por lo que trabaja el PRC de Castro es por este asunto de la fábrica. De hecho, podrían cambiar sus siglas por Partido Regionalista del Convenio”. Ha reconocido que le da “pena” que CastroVerde “se preste a estos intereses personales. Una cosa es estar a favor del convenio y otra avalar con su firma este tipo de actuaciones que rozan lo mafioso”.
Se refería Martínez al otro escrito, registrado antes del de petición de Pleno extraordinario. En este caso, está firmado por la dirección de la fábrica, y en él se vuelve a defender que la modificación del PGOU cuenta con informes favorables y se advierte que “esos razonamientos son suficientemente ilustrativos sobre la responsabilidad administrativa, penal, patrimonial e incluso contable en la que podría incurrirse quién actuara de forma desviada en este asunto:
-No convocando el pleno correspondiente
-No asistiendo a la sesión o asistir absteniéndose o votando en contra con el fin de impedir el acuerdo
-Informando de forma desviada, cambiado de criterio y retrasando indebidamente la tramitación de máxima diligencia a la que se había comprometido el Ayuntamiento.
Si así ocurriera, quienes por acción u omisión, generen el daño, habrían de afrontar sus responsabilidades, si las hubiere, en la vía penal, administrativa y/o contable”.
El concejal de Podemos, ha dicho que “es claramente una amenaza velada a los concejales que no apoyen este proyecto y que serán llevados a juicio. Algo que me parece terrible e inaudito en este Ayuntamiento y de muy mal gusto porque atenta contra la libertad democrática y de voto de los concejales. Es terrible que se estén anteponiendo los intereses personales de esta forma y coaccionando a todos los grupos políticos de esta manera”.
Si se llevara este asunto a pleno y pese al escrito, la formación morada tiene clara que “no apoyaría el punto y nos vamos a mantener en esta posición porque, mas allá de que el convenio cumpla los cauces legales, siempre hemos mantenido que nuestra opinión es contraria a que allí se desarrolle un centro comercial. Vemos positivo que la fábrica se traslade a las afueras, pero nuestra postura es que, aprovechando el trasladado de esta empresa y la futura marcha de Ashland, se recupere el entorno de la ría de Brazomar con un urbanismo más sostenible. Es algo ideológico y va más allá del aspecto legal que se está argumentando”.
Martínez ha añadido que, “aunque todo fuese favorable, también creemos que ese convenio no le hace ningún bien a Castro urbanísticamente, además de que las cesiones al Ayuntamiento son insuficientes desde nuestro punto de vista: el bajo cubierta de la fábrica será casi inutilizable por la altura que tiene, el uso del pozo de agua no está claro y la pasarela que iba sobre la ría no se va a construir. Son incontables las deficiencias que observamos y por ahí tampoco vemos que se pueda apoyar”.
