Podemos Castro Urdiales ha valorado hoy en rueda de prensa la sentencia del ‘Caso Proconor’, que se dio a conocer hace unos días y que condena a 13 personas por prevaricación. Todas las penas son de inhabilitación para empleo o cargo público, salvo la del exalcalde, Fernando Muguruza y la ingeniero municipal, Carmen Villanueva a los que, además, se les condena a siete meses de prisión.
En calidad de militantes de la formación morada, Jesús Duque y Fernando Peña han señalado que es “una sentencia bastante dura y en España hay muy poco casos de corrupción en los que 13 personas sean condenadas”. Para Podemos “son muy importantes los fundamentos de hecho que considera probados el juez, como que continuamente se desoyeron los informes de la CROTU en los que se decía que los viales eran ilegales y que la calle Cantabria tiene que acogerse a la legalidad. La única forma de cumplir eso sería cerrarla, pero el Pleno, a petición de la empresa que promovió los edificios de Proconor, lo que ha hecho es consolidar los lindes en esa zona”.
Para Duque y Peña, “queda demostrado que la instrucción del juez Acayro estaba bastante fundamentada y que los reparos que realizó el entonces interventor, Fernando Urruticoechea, también estaban bien fundamentados”.
Cree Podemos que “esta sentencia es un duro revés para la política que ha llevado el Ayuntamiento de no ejercer acusaciones particulares porque las penas podrían haber sido más duras”.
Resalta esta formación política que, en los juicios celebrados hasta el momento, “han resultado condenados 25 políticos, cifra que sin duda aumentará cuando se conozcan las sentencias de los que se están celebrando y los que faltan por celebrar”. En todos ellos “se ha demostrado perjuicio para las arcas del Ayuntamiento y en todos ellos el Ayuntamiento ha mirado hacia otro lado, no ejerciendo como acusación particular. Por tanto, “no va a retornar a las arcas públicas ni un solo euro de lo robado”.
Hace especial hincapié Podemos en el conocido como ‘Caso Nóminas’, que trata “sobre los enchufados en puestos públicos, puestos estratégicamente ocupados con afines, y de sobresueldos no admitidos por ley, pagados a empleados públicos, con los que se tapaban muchas denuncias y se conseguía tener un control a la carta de la gestión municipal en todos sus ámbitos”.
Recuerda el partido morado que “constan acreditadas 29 contrataciones directas de personal laboral sin proceso selectivo en el Ayuntamiento, 35 contrataciones directas de personal en el Organismo Autónomo de la Residencia Municipal sin superar proceso selectivo alguno, que se adjudicó a SEPISMA el Servicio de Extinción de Incendios al margen de la legalidad y contratación directa de 21 personas que deberían haber sido cubiertas mediante proceso selectivo público y consta que, a fecha de 16 de julio de 2012, existían 159 plazas vacantes (53 Funcionarios, 35 Personal Laboral, 21 del personal del Organismo Autónomo de Extinción de Incendios, 50 del Organismo Autónomo de la Residencia Municipal), es decir, que estaban ocupadas por contrataciones ilegales interinamente sin dar la oportunidad a la ciudadanía de acceder a un puesto de trabajo público que respetase los principios de Mérito, Capacidad y Publicidad”.
En cuanto a retribuciones al margen de la legalidad, “se autorizó el abono generalizado a todos los funcionarios de conceptos inexistentes en la legislación como son Bolsa de Navidad, Coso Blanco, y productividades lineales, periódicas sin criterio alguno. Se abonaron, sin título legítimo que lo permitiese, a cierto personal los conceptos de Complemento personal Transitorio, Gratificaciones por servicios especiales, Gratificaciones por 25 años y se abonaron salarios superiores a lo legalmente establecido”.
Estas “prácticas fraudulentas supusieron un quebranto total documentado para las arcas municipales que ascendió a la cantidad de 2.108.992 euros durante el decenio comprendido entre 2000 y 2010”.
Este caso “demuestra que el Ayuntamiento de Castro era gestionado como un cortijo. Un cortijo que permitía, por un lado, una organización diseñada para propiciar un urbanismo corrupto y, por otro, crear una red clientelar que pagara estas colocaciones al margen de la ley con su voto cada 4 años”.
En todos los casos juzgados, “este Ayuntamiento ha estado dando cobertura a los creadores de esta forma de gobernar, no presentando acusaciones particulares, protegiendo a sus compañeros de partido y olvidándose de los intereses de la ciudadanía. Y esta cobertura no es cosa del pasado, se está ofreciendo ahora mismo”.
Podemos Castro Urdiales solicitará, de nuevo, en pleno municipal, que “de una vez por todas este Consistorio defienda el interés general de la ciudadanía y no a los pocos que se aprovecharon de ella. Ejercer la acusación particular no permitiría posiciones incomprensibles ejercidas por fiscalías y tribunales, que exculpan a discreción, sin fundamentaciones, a acusados. Como ha ocurrido en el caso La Loma, por ejemplo.
