27 NOVIEMBRE 2017 /
Podemos Castro Urdiales se pregunta si “sabe CastroVerde que puede otorgar la concesión de la OCA a una empresa que, presuntamente, evade su obligación de pagar impuestos”. Se refiere la formación morada a Valoriza Servicios Medioambientales, que ha obtenido la puntuación más alta en el proceso de valoración de ofertas para gestionar la OCA en Castro los próximo seis años, prorrogables por otros dos más.
En nota de prensa, Podemos recuerda que esta empresa “filial de la constructora SACYR, aparece en la lista de Paradise Papers como propietaria de una offshore en Belice. También es público que los fundadores del grupo SACYR tuvieron una empresa offshore vinculada al caso Gurtel”.
Añade esta formación política que “en enero de 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso multas por valor de 98,2 millones de euros a empresas que amañaron las reglas para conseguir contratos públicos. Entre ellas, ocupaba una honrosa tercera posición, con una sanción de 15.295.022 euros, Valoriza Servicios Medioambientales S.A., la misma que tan buena posición ocupa en la parrilla de salida para la adjudicación de la OCA”.
Por todo ello, Podemos Castro Urdiales propone que “las empresas vinculadas con paraísos fiscales no puedan acceder a adjudicaciones con el Ayuntamiento y que se abandone, como fundamental, el criterio economicista de conceder los contratos a la oferta más barata, pasando a tener muy en cuenta la responsabilidad social de las firmas”.
Podemos califica los paraísos fiscales de “enormes sumideros por donde desaparecen cantidades ingentes de dinero que debería emplearse en financiar políticas sociales y servicios públicos destinados a la ciudadanía. Todas las empresas, y especialmente las que contraten con administraciones públicas, deben ser fiscalmente responsables”. Por eso sugiere que se incluyan cláusulas-tipo en los pliegos administrativos que establezcan:
1- Las empresas que concurran a la licitación no podrán realizar operaciones financieras delictivas en paraísos fiscales (según la lista elaborada por instituciones europeas y/o el Estado español).
2- Las empresas licitadoras suscribirán una Declaración de Responsabilidad Social Corporativa que tendrá por objeto el compromiso de no realizar prácticas vinculadas al fraude y evasión fiscal.
3- En el supuesto de que una vez formalizado un contrato público municipal se verifique la falsedad de la declaración de la empresa contratista o incurra en posterior actividad delictiva de esa naturaleza, se considerará infracción muy grave con imposición de penalizaciones y/o resolución del contrato.
Según Podemos, “Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Alicante, Murcia, Madrid y otras 25 ciudades españolas ya se han comprometido a no contratar con empresas implicadas en casos de evasión fiscal”. Entiende esta formación política que “el electorado que votó a CastroVerde pensando que tendrían la suficiente entereza para enfrentarse a las corruptelas que han asolado la vida pública castreña el último cuarto de siglo y que han vampirizado y saqueado las cuentas públicas, probablemente se sentirá defraudado si el Ayuntamiento contrata el servicio de OCA con una empresa que aparece en la lista de Paradise Papers, sospechosa tanto ella como su matriz de haber conseguido multitud de contratos públicos en ayuntamientos gobernados por el Partido Popular mediante presuntos sobornos. Es probable que muchos de los votantes de 2015 desearan barrer toda la podredumbre acumulada bajo las alfombras municipales, fueran partidarios de remunicipalizar los servicios públicos rentables regalados a empresas privadas donantes de fondos y desearan que el Ayuntamiento contratara con empresas libres de sospecha en escándalos de fraude fiscal y evasión de impuestos”.
