5 OCTUBRE 2018 /
Podemos Castro Urdiales ha criticado la sentencia del ‘caso Santa Catalina’ que “pone fin a uno de los casos de corrupción más conocidos del municipio, acontecido hace 20 años, y que pese al daño que supuso para las arcas municipales, apenas ha tenido repercusión condenatoria”, según indica la formación morada en nota de prensa.
Para Podemos, la sentencia conocida esta semana, “es una muestra evidente de que la ingeniería jurídica de la cúpula judicial ha servido para defender a los corruptos contra los intereses de la ciudadanía castreña”.
El resultado de la trama ‘Santa Catalina’ puede resumirse “en un estado de corrupción generalizado en la política castreña de hace dos décadas, con graves repercusiones actuales para las arcas municipales, en la construcción de un vial que no estaba contemplado en el Plan General (PGOU) y en la pérdida por parte del Ayuntamiento de más de 2.000 m2 de aprovechamientos urbanísticos valorados en 2,4 millones de euros”.
Este caso fue incoado por el juez Acayro Sánchez como un delito de prevaricación en el desarrollo urbanístico de la Unidad de Ejecución 1.34, por irregularidades cometidas entre los años 2001 y 2008, que supusieron la pérdida por parte del ayuntamiento castreño de 2.000 metros cuadrados de terreno destinado a equipamientos públicos y la apertura de una calle que no estaba recogida en el PGOU.
“Estas actividades delictivas”, continúa Podemos, “supusieron que el consistorio castreño dejara de percibir una cantidad de 2,4 millones de euros y un reproche al propio Ayuntamiento por parte del fiscal por no haber ejercido como acusación particular ante esta situación de claro menoscabo de su patrimonio”.
La sentencia anula las licencias del desarrollo urbanístico de esa zona. Se ha sentenciado “que parte de la calle Poeta José Hierro es ilegal, por lo que el Ayuntamiento está obligado a ejecutar la sentencia en todos sus términos ¿Actuará el Ayuntamiento de Castro Urdiales en consonancia con esa nueva realidad?”.
Para Podemos Castro Urdiales, dos personas han resultado claves en este juicio: el exinterventor municipal Fernando Urruticoechea y el magistrado Luis Acayro Sánchez.
“Los equipos de gobierno que dirigieron el ayuntamiento castreño durante el máximo apogeo del ladrillazo inmobiliario desoyeron los cientos de reparos que el exinterventor presentó. Algunos jueces desestimaton todas sus denuncias y fue vilipendiado y difamado por todos los grupos políticos con representación municipal”, indica la formación morada.
“Estos dos funcionarios públicos, que defendieron los intereses municipales con más esmero que casi todos los técnicos locales y todos los partidos políticos, han pagado un alto precio personal y social, mucho más elevado que todos los corruptos. La justicia, que tan rápida condenó en primera instancia al juez Acayro Sánchez y tan cicatera fue para atender las denuncias de Urruticoechea, ha sido especialmente diligente dilatando el tiempo de celebración de los juicios y favoreciendo de este modo la aplicación de la atenuante muy cualificada de dilación indebida de la justicia. Estos dos funcionarios merecen un reconocimiento explícito a sus desvelos y sufrimientos. Los actos delictivos cometidos por promotores y constructores, con el debido beneplácito de gran parte de las corporaciones castreña de entonces, no se han castigado lo suficiente con esta condena”, concluye Podemos Castro Urdiales.
Imagen de la calle Poeta José Hierro cuando se encontraba cortada al tráfico durante la instrucción del caso. Fue abierta en enero de 2015.
